La ruta migratoria hacia las islas Canarias vuelve a ser un quebradero de cabeza para las autoridades españolas. Y todas las miradas apuntan hacia Marruecos. Por un lado, el año ha comenzado con un fuerte repunte: enero —un mes de pocos sobresaltos— ha registrado un récord histórico de 3.194 llegadas. Nunca un mes de enero fue tan intenso. Por otro, está ocurriendo algo inédito y es que la práctica totalidad de las pateras que han desembarcado en el archipiélago este año —a excepción de un cayuco que salió de Senegal— han partido del sur de Marruecos o del Sáhara Occidental, territorio controlado por las fuerzas de seguridad marroquíes.
Además, vuelve a crecer el número de personas de esa nacionalidad que ocupan las embarcaciones: cuatro de cada diez son marroquíes, según datos de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex). Si bien es cierto que la capacidad del país africano para controlar un área tan extensa es limitada, una fuente de seguridad española sostiene: “De Marruecos no sale nadie si ellos no quieren”. “Si salen es porque se lo están permitiendo”, zanja otra.
El repunte de la ruta y las dinámicas que se están observando preocupan y son tema de análisis entre ministros, diplomáticos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo que ocurre en Canarias es especialmente relevante porque las islas absorben casi el 75% de las entradas irregulares, 4.753 llegadas de un total de 6.347, según datos hasta el pasado 13 de febrero recogidos en un informe de la Comisión Europea al que ha tenido acceso EL PAÍS. Los desembarcos en el archipiélago se han disparado en lo que va de año un 125% respecto al mismo periodo de 2021. Si se toma como referencia 2020, cuando se dio por reactivada la ruta y se produjo una espectacular crisis de acogida, las llegadas durante este mes casi se han cuadruplicado. Los datos de este enero están también a años luz de los registrados incluso durante la crisis de los cayucos: los meses de enero de 2006, 2007 y 2018, los años más críticos hasta ahora, nunca superaron las 800 llegadas.
La inquietud es máxima, sobre todo porque España tiene poco que hacer si Rabat no colabora en el control de los flujos migratorios que salen de su territorio o del Sáhara Occidental, excolonia española y actualmente inmersa en una guerra de baja intensidad con Marruecos. A diferencia de lo que ocurre en otros países, como Senegal, Mauritania o Gambia, las autoridades marroquíes no permiten la actuación de agentes españoles en su territorio para que colaboren con las fuerzas de seguridad locales contra la inmigración irregular. “Mientras que en otros países la cooperación funciona muy bien y se han cortado las salidas, en Marruecos es muy difícil y no sabemos bien qué está pasando”, lamenta una fuente de seguridad. ”¿Hasta qué punto es falta de capacidad y hasta qué punto es una estrategia?”, se pregunta otra.
Sin margen de actuación en el país de origen, España depende totalmente de la voluntad de cooperación de su socio para el control migratorio. Y a diferencia de otros momentos en los que los agentes españoles elogian los esfuerzos de Rabat, ahora transmiten malestar. “Falta trabajo en origen”, “no colaboran”, aseguran.
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Hay, sin embargo, otros factores que están determinando las dinámicas de esta ruta. Precisamente el control migratorio de países como Mauritania está desplazando los flujos hacia el norte. “Durante muchos meses se ha visto que si la misma embarcación salía unos kilómetros arriba, cruzando la frontera, la probabilidad de interceptación era muchísimo menor”, analiza una fuente dedicada al control migratorio. Por otro lado, añade la misma fuente, la costa atlántica “es un territorio más extenso, con menos densidad de población, y menos presencia estatal, unido a unos índices de corrupción superiores”. Es, incide, “un territorio más difícil de controlar”.
España mantiene conversaciones con Marruecos para encauzar sus relaciones tras la crisis desatada en mayo con la entrada de 10.000 inmigrantes en Ceuta, un órdago lanzado por Rabat para que España reconsidere su posición acerca de la soberanía del Sáhara. Marruecos insiste en que España se alinee con su oferta de un estatuto de autonomía para el Sáhara Occidental en vez del referéndum de autodeterminación por el que trabaja la ONU. El control de la inmigración, clave en la relación entre los dos países, sigue en una especie de zona gris.
Marruecos sí ha abierto la puerta a que se retomen las devoluciones de marroquíes que llegan a las islas tras la reapertura del espacio aéreo el pasado 7 de febrero. “Hemos recibido señales muy alentadoras”, mantienen fuentes de Exteriores acerca de la reactivación. “El interés compartido de España y nuestros vecinos del norte de África es combatir las redes de inmigración ilegal. Se trata de un objetivo común, y esta reactivación mandaría un mensaje muy importante”, abundan. Dos semanas después, aún no se ha ejecutado ninguna devolución desde Canarias y, aunque comiencen, los cupos aceptados por Rabat (80 personas por semana) y las exigencias (deben estar documentados con pasaporte y con PCR negativa) limitan las pretensiones españolas. Interior no ha respondido a las preguntas de este periódico.
El país magrebí también mantiene desde 2019 el férreo control en el norte de su territorio dificultando la emigración por el Estrecho y las ciudades de Ceuta y Melilla y así lo ha ensalzado últimamente el ministro de Exteriores José Manuel Albares. Pero ese mismo blindaje en el norte, acordado con la UE —y en buena parte financiado por ella—, ha desplazado a las mafias y a los migrantes a la fachada atlántica, muchísimo más peligrosa y con las tarifas disparadas (el viaje puede alcanzar los 2.500 euros). En esta ruta, mucho más difícil de controlar por la extensión de la costa, no se celebra ningún resultado.
Desde el ámbito de las fuerzas de seguridad se señala la falta de voluntad de Marruecos para frenar las salidas hacia el archipiélago. Una fuente de seguridad resume: “Rabat justifica que colabora con algunos rescates en aguas de solape [en las que la responsabilidad de auxilio es compartida con España], pero es más por interés propio que por una verdadera voluntad de cooperación. Con los rescates, deja clara su soberanía en aguas del Sáhara y justifica además el despliegue de su Marina”.
Herramienta de presión
Aunque en los foros europeos España defiende la buena voluntad de su socio y vecino ante los países del norte, en la esfera diplomática se reconoce el uso recurrente de los flujos migratorios por parte de Rabat para presionar por sus intereses. Desde el desembarco de casi 1.000 personas en un solo día en costas andaluzas en agosto de 2014, como respuesta a un incidente de la Guardia Civil con el yate de Mohamed VI, a la entrada masiva de 10.000 personas el pasado mes de mayo para forzar a España a cambiar su postura sobre el Sáhara. Fuentes involucradas en la política migratoria española creen que Rabat seguirá reservándose esa herramienta de presión. “Marruecos no renuncia a esa baza y es lógico”.
Una fuente gubernamental, por otro lado, advierte de que los flujos migratorios que recibe España no siempre responden a una estrategia de Marruecos y sí a la dificultad para controlar un territorio tan extenso y a las aspiraciones migratorias de sus habitantes. “No podemos menospreciar las consecuencias económicas que ha tenido la pandemia para los marroquíes”, avisa. En 2019, antes de la irrupción del coronavirus, el Arab Barometer alertaba de que siete de cada diez jóvenes marroquíes tenían la tentación de emigrar, la tasa más alta de la zona MENA (Medio Oriente y Norte de África). El escenario ha empeorado desde entonces. El país sufre un alza de precios en productos básicos, los carburantes y el transporte, y, según la ONU, el 25% de la población está en riesgo de inseguridad alimentaria. La tasa de desempleo ha aumentado del 11,9% en 2020 al 12,3% en 2021, según el Alto Comisionado de Planificación, el instituto estadístico marroquí.
El dato del paro, en cualquier caso, no refleja las dificultades de la mayoría de los trabajadores marroquíes que depende de la economía informal, especialmente castigado por el virus. Marruecos, además, vive la peor sequía de las últimas tres décadas y los cielos despejados se han convertido en una pesadilla para los agricultores. Este perfil, junto al de trabajadores informales, como comerciantes o empleados en el sector turístico, es muy habitual entre los recién llegados en patera a Canarias.
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