La Unión Europea vive una crisis sin precedentes con una de sus industrias más preciadas. La innovación, el valor añadido y el peso económico que aporta el sector farmacéutico han llevado a Bruselas a dispensarle siempre el trato de estratégico. Es habitual, por ejemplo, que la UE defienda en los foros internacionales posiciones coincidentes con las del sector. La última vez, el pasado jueves, cuando Bruselas se alineó en la Organización Mundial del Comercio (OMC) con Estados Unidos y el Reino Unido contra la petición de la India y Sudáfrica de suspender las patentes vinculadas al coronavirus. El argumento es que hacerlo “desincentivaría las inversiones y la innovación”.
Los recientes anuncios de Pfizer y AstraZeneca de retrasar y reducir las entregas de vacunas cayeron así como un océano de agua fría sobre los líderes europeos. Tras décadas de colaboración, cientos de millones de euros adelantados y compromisos de compra por más de 1.300 millones de dosis, el sentimiento era de enfado, pero también tenía un regusto amargo de traición.
“La UE está experimentando de primera mano el error de confiar en las farmacéuticas el desarrollo de las vacunas”, sostiene Zain Rizvi, investigador de Public Citizen, organización especializada en derechos de los ciudadanos. “Estas son las consecuencias de los monopolios que dan las patentes en plena pandemia, cuando lo necesario es compartir conocimiento y producir al máximo”.
Las patentes, el derecho de las farmacéuticas de vender sus productos en exclusiva durante años —de 10 a 20, según el caso—, han sido motivo de controversia desde el desarrollo de los antirretrovirales. Vistas por algunos como un obstáculo para que los fármacos lleguen a quien los necesita, para otros son motor de progreso. “No es factible un mundo sin ellas. El incentivo para innovar te lo da la patente”, defiende Guillem López-Casasnovas, director del Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra. Este experto aboga por fórmulas como las subastas de patentes, que permitan al sector público adquirir aquellas que considere de interés.
Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de Economía, ve el sistema “imperfecto, con sus parches, pero el ser humano no ha descubierto nada mejor que haga compatible incentivar la innovación, la inversión en I+D y conseguir bienes globales, que es lo que ocurre cuando expiran y cualquiera puede fabricar el medicamento a precios muy bajos”.
Las licencias obligatorias son uno de estos parches. Es un mecanismo regulado y común, que permite a un país saltarse una patente —indemnizando al titular— si se enfrenta a una crisis grave. La exención de patentes solicitada por la India y Sudáfrica supone un escalón más. “Lo que argumentan es que hay problemas de acceso a vacunas, tratamientos, pruebas diagnósticas… En esta situación, no es viable hacer licencias obligatorias caso a caso, así que es necesaria una exención hasta que acabe la pandemia”, expone Irene Bernal, investigadora de No Es Sano, que aboga por el acceso universal a los fármacos.
Un tercer nivel sería la plataforma internacional Covax, impulsada entre otros por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que suministrará 337 millones de dosis a 140 países, gran parte de ellas a bajo coste.
Lo novedoso de la situación actual es que los problemas de acceso han llegado a una Europa acostumbrada a mirar de lejos estas carencias y que creía asegurado el suministro, lo que explica la virulenta reacción de la UE. El 29 de enero, la Comisión aprobó un mecanismo para vetar la exportación de vacunas y evitar su venta en mercados más lucrativos. Italia amenazó con llevar a AstraZeneca y a Pfizer a los tribunales, pero el reproche de mayor calado fue el del ministro alemán de Economía, Peter Altmaier, que amenazó al sector con “medidas coercitivas” si no aumentaba la producción. Un aviso de que ni las patentes están a salvo, según los analistas.
Para Bernal, estas amenazas ayudan a entender algunos de los movimientos de los últimos días, como los acuerdos de Novartis y Sanofi para producir vacunas para Pfizer: “Son jugadas defensivas, para cubrirse entre las compañías del sector, antes de que puedan tomarse decisiones que vayan contra sus intereses”.
En una respuesta por escrito, la Comisión asegura que está “en proceso de identificar los cuellos de botella que sufre la industria” y que participa activamente en buscar soluciones “a corto y medio plazo”. También dice que explora incluso “el uso de instalaciones de producción veterinaria debidamente acondicionadas”.
Sobre el sistema de patentes, la Comisión considera que “con sus controles y contrapesos, no se interpone sino que forma parte de la solución” para alcanzar el “acceso universal a vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas”. Las negociaciones en la OMC siguen abiertas, recuerda la Comisión, que ve en las reglas de este organismo la flexibilidad necesaria para solventar problemas con la subcontratación de la producción y las licencias obligatorias.
Los expertos consultados se muestran escépticos con las explicaciones de la Comisión y ven difícil compatibilizar un control de producción con “unas estructuras de costes tan opacas que ni siquiera permiten descifrar a qué se deben las diferencias de precio entre las vacunas”.
Esta opacidad, que contrasta con los miles de millones de fondos públicos recibidos por la industria, ha hecho chirriar el reparto de poderes en la UE. “Las cláusulas secretas en los contratos han minado el papel del Parlamento Europeo, que tiene la responsabilidad del control presupuestario de la UE. No estamos hablando de contratos pequeños, sino de miles de millones”, alerta Ernest Urtasun, eurodiputado por el grupo de Los Verdes. Según las informaciones disponibles, la Comisión se ha gastado ya cerca de 10.000 millones en vacunas.
Urtasun lamenta que “solo ha sido tras el escándalo con AstraZeneca que hemos tenido la capacidad de empezar a fiscalizar lo hecho por la Comisión”. Las condiciones para hacerlo, una sala de lectura confidencial en la que los eurodiputados entran sin teléfonos móviles ni bolígrafos, no tienen parangón con las de ningún otro sector económico en las democracias occidentales.
Cláusulas secretas
López-Valcárcel ve contraproducente que las Administraciones acepten mantener cláusulas secretas en los contratos: “Con los precios, no tiene sentido. Es falaz pensar que te va bien porque consigues mejores precios que los demás. Pero ellos también lo tienen opaco, así que no lo puedes saber y el único que tiene todas las cartas es la compañía, la única beneficiada”.
Una de las lecciones más ilustrativas que ha dejado la crisis es que, tras la escalada de amenazas y medidas adoptadas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, acabara por aceptar un recorte del 50% en las entregas de AstraZeneca. Un porcentaje algo superior a la propuesta inicial de la compañía, pero muy por debajo de las pretensiones de la UE. “La Comisión quizá pecó de ingenua. Estos contratos son muy complejos y si la UE esperaba que la industria cumpliera lo acordado en dosis, como en un pacto de caballeros, ha descubierto que en realidad tiene más de Dr. Jeckyl y Mr. Hyde”, concluye González López-Valcárcel.
AstraZeneca asegura “compartir la urgencia de poner a disposición de las autoridades el mayor número” de dosis, pero defiende que produce “sin afán de lucro” la vacuna para los países ricos hasta que acabe la pandemia y “a perpetuidad” para aquellos en desarrollo. Entidades como No Es Sano, sin embargo, alertan de que la opacidad en la estructura de costes impide evaluar estas afirmaciones ante la disparidad de precios con los que AstraZeneca vende la vacuna: menos de tres euros en Europa, cinco en Sudáfrica, casi seis en Uganda…
Pfizer, por su parte, asegura que “muchos gobiernos han pedido que los acuerdos sean confidenciales” y recuerda que las patentes “han permitido la colaboración entre compañías innovadoras, gobiernos, universidades y otros socios para acelerar el progreso en nuestras necesidades médicas más urgentes”.
El precedente de la vacuna rVSV-ZEBOV contra el ébola
El virólogo español Mariano Esteban, del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, es el impulsor de una de las dos candidatas españolas a vacuna frente al coronavirus. “En España sabemos hacer ciencia, pero no somos capaces de trasladarla al sector empresarial ni que llegue al mercado”, lamenta este investigador. El proceso por el que el hallazgo de un laboratorio se convierte en un medicamento es largo y azaroso. Marcia Angell, la primera mujer en dirigir la prestigiosa revista médica The New England Journal of Medicine, critica en su libro La verdad sobre las compañías farmacéuticas (2004) que la mayoría de los avances relevantes en investigación básica se hacen en laboratorios públicos o universidades, pero que los beneficios acaban en las grandes farmacéuticas. Y que por el camino quedan sin desarrollar muchos fármacos con gran potencial porque no se consideran rentables.
Matthew Herder, director del Instituto de Derecho en la Salud de la Universidad de Dalhousie (Canadá), considera que “el sector público ha asumido que el desarrollo de los fármacos y vacunas solo es cosa del sector privado, y esto es algo que deberíamos estar cuestionándonos por el bien de la salud global”. Herder investigó el azaroso desarrollo de la vacuna contra el ébola rVSV-ZEBOV, descubierta en laboratorios públicos canadienses y que a partir de 2010 quedó empantanada durante años tras ser patentada por una empresa biotecnológica de EE UU que, pese a los cuantiosos fondos públicos recibidos, fue incapaz de sacarla adelante hasta que la OMS la rescató. “Los Gobiernos deben apostar por el desarrollo de fármacos importantes”, concluye.
El economista Guillem López-Casasnovas considera sin embargo, que “al sector público le falta músculo para desarrollar ensayos clínicos, que hoy suponen buena parte del gasto en el desarrollo de un fármaco”. Las razones son varias, empezando por la voluntad política. “Hay países que lo verían bien, pero otros piensan que ese no es el papel del sector público”, dice. Esto impediría el acuerdo global necesario para acometer la complejidad del proyecto. “Un ensayo debe cubrir poblaciones distintas y representativas. Las farmacéuticas pueden hacerlos en varios países a la vez, pero desde lo público necesitarías una agencia internacional con poderes para dirigir proyectos en varios países, lo que generaría recelos. Es muy complejo técnica y políticamente”, añade.
Información sobre el coronavirus
– Aquí puede seguir la última hora sobre la evolución de la pandemia
– Buscador de restricciones: ¿Qué puedo hacer en mi municipio?
– Así evoluciona la curva del coronavirus en el mundo
– Descárguese la aplicación de rastreo para España
– Guía de actuación ante la enfermedad
Source link