“He venido a escuchar, no a negociar”. Con estas palabras se presentó este martes Eric van den Burg, secretario de Estado holandés de Justicia y Seguridad, en Tubbergen, un municipio de unos 21.000 habitantes en el este de los Países Bajos que engloba nueve pueblos. Se trata del primer lugar donde el Gobierno ha impuesto a las autoridades locales la recepción, en un hotel recién comprado, de hasta 300 solicitantes de asilo que los servicios de inmigración no pueden alojar por falta de espacio. La decisión responde a la ausencia de un plan estructural para la gestión del refugio, que quedó patente la noche del martes, cuando unas 700 personas tuvieron que dormir al raso en el terreno del centro nacional que canaliza sus peticiones. El Gabinete aborda la situación como una crisis nacional, y prepara un proyecto de ley que obligará a los Ayuntamientos a admitir a estas personas a partir de 2023.
El hotel ha sido adquirido por la Agencia Central para la Acogida de Solicitantes de Asilo (COA, en sus siglas neerlandesas), dependiente del Ministerio de Justicia. Está situado en Albergen, uno de los pueblos del municipio de Tubbergen, y ha generado gran polémica por dos motivos: se trata de una localidad con unos 3.500 residentes que consideran excesiva la cifra de entre 150 y 300 refugiados en un hotel, y además los vecinos no fueron consultados. Lo primero ha provocado protestas durante varios días, con marchas silenciosas, recogida de firmas y pancartas colgadas en la fachada del inmueble. Lo segundo, es decir, el sentimiento de que la población no puede controlar lo que ocurre en su entorno: “Provoca tensiones por la contradicción entre lo que quieren los políticos a escala local y lo que busca el Gobierno central, que pueden desembocar en una crisis gubernamental”, dice el sociólogo Godfried Engbersen, de la universidad Erasmus de Róterdam. En conversación telefónica, explica que, aparte del gran centro de recepción de Ter Apel, con capacidad para 2.000 personas, hay más de un centenar de lugares similares de menor tamaño en el país. “Sin embargo, unos 250 municipios no quieren participar por ahora en esta red, y por eso se ha optado por comprar el hotel en cuestión”.
Solicitantes de asilo se agolpan mostrando sus documentos para obtener alojamiento en el centro de acogida para aspirantes a refugiado de Ter Apel, el 17 de agosto.
VINCENT JANNINK (EFE)
Ter Apel está en Groningen, al norte del país, y ahí es donde han dormido a la intemperie unas 700 personas temerosas de perder su puesto en la cola del registro, según portavoces de COA. Por su parte, el Servicio de Inmigración y Naturalización (IND), que aplica las leyes de extranjería, tiene también problemas para ponerse al día con las solicitudes. Los principales países de origen son Afganistán, Eritrea, Irak, Irán y Siria.
Según la normativa vigente, cuando los solicitantes consiguen el permiso de residencia, están obligados a integrarse en el país en el plazo de tres años. Una vez aprobado el examen de lengua y conocimiento de la sociedad holandesa, estos refugiados entran en el mercado laboral. Como sucede en otros países europeos, los refugiados ucranios son atendidos directamente por los Ayuntamientos, no necesitan permiso de estancia y pueden trabajar de inmediato. Un 40% de los cerca de 72.000 ucranios llegados a Países Bajos desde la invasión rusa tiene ya trabajo, según datos de la Agencia de Seguros para Empleados (UWV) una institución gubernamental.
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En su visita a Albergen, el secretario de Estado Van den Burg admitió que el Gobierno había cometido errores. Que una vez superada la crisis de 2015-2016, con la guerra en Siria, “se cerraron muchos locales de recepción de refugiados”. “Deberíamos haber conservado los necesarios”, dijo Van den Burg, pero se mantuvo firme acerca de la compra del hotel. Sus palabras ilustran el diagnóstico de la situación hecho por el sociólogo Engbersen. “Cuando hay oleadas de refugiados, se prepara la infraestructura necesaria para absorberlos. Si bajan las cifras, se desmantela una parte y se pierden los lugares físicos de acogida y también el conocimiento adquirido. Lo que se necesita es una red estructural de centros de recepción a lo largo del país, que se podría ampliar, reducir o adaptar, pero sin que desaparezcan”, señala.
Quienes buscan asilo y cuentan ya con un permiso de residencia, se enfrentan, por otra parte, a la actual falta de vivienda asequible en Países Bajos. En su caso, puede traducirse en meses de espera en los centros temporales de estancia, con el consiguiente tapón para los que van llegando. La búsqueda de una casa es un problema nacional, más visible en las grandes ciudades como Ámsterdam, Róterdam, Utrecht o La Haya.
Según Frank Neervoort, portavoz de COA, en 2021 recibieron a 35.000 personas. Ahora atienden a unas 43.000. Para 2023, calculan la cifra de 51.000. La agencia cuenta con 140 locales de recepción, y otras 15 viviendas, cada una con capacidad para 20 menores no acompañados. Cerca de 15.000 asilados con permiso de residencia esperan hoy que les asignen una vivienda, y la propuesta del organismo es esta: “Aumentar los centros de acogida, en especial los de gran tamaño para estancias largas, y que se repartan de forma equitativa por todo el país, junto con una política estable de asilo”.
Godfried Engbersen recuerda que Países Bajos, lo mismo que otros socios de la Unión Europea, han firmado acuerdos internacionales sobre el asilo. De todos modos, indica que escenas como la de 700 personas durmiendo al aire libre “son típicas de países sin una política estructural, como la que sí tiene Canadá”. Aunque reconoce que es un tema delicado “ya que una parte de la población, en especial en lugares pequeños, puede pensar que llegan demasiados refugiados”, descarta modelos como el de Dinamarca [en 2021, se aprobó allí una ley que prevé abrir centros para solicitantes de asilo en países fuera de la UE]: “No parecen adecuados por su hostilidad”, resume Engbersen. Si bien este experto indica que es preciso distinguir entre las personas que vienen por motivos humanitarios o en busca de trabajo, también considera que “la clave radica en el diálogo con los municipios y con la gente, porque al final la situación se acaba equilibrando”.
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