Purdue Pharma, considerada una de los principales responsables de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, llegó a un principio de acuerdo para resolver el litigio legal que le enfrenta con buena parte de los estados y localidades del país. La farmacéutica de Stamford (Connecticut), que comercializa el OxyContin, se compromete a pagar hasta 12.000 millones de dólares y la familia propietaria acepta ceder el control de la sociedad. Con esto, la compañía se declararía en suspensión de pagos de inmediato.
Las negociaciones, que llevan en curso desde hace meses, se bloquearon este pasado fin de semana. La opción de la bancarrota se abrió camino. Eso le habría dejado al margen del primer juicio federal, previsto para el próximo mes de octubre. El pacto anunciado es en todo caso parcial, con 23 estados y excluye a algunos de los más importantes, que optan por seguir adelante con el litigio.
La oferta de base para el pacto sería muy similar a la que se conoció hace dos semanas para resolver las 2.000 demandas presentadas, que trascendieron después de que el conglomerado de salud Johnson & Johnson fuera condenada a pagar 572 millones de dólares por las adicciones provocadas por su medicamento. La sanción fue muy inferior a la esperada y sentaba un importante precedente.
El OxyContin empezó a venderse en EE UU hace dos décadas. Pronto se convirtió en uno de los analgésicos más populares, ya que su potencia excedía la de cualquier rival. Purdue no cotiza, por lo que no está obligada a publicar las cifras de su negocio. Se estima que el tratamiento contra el dolor le generó más de 35.000 millones en ventas. Eso convirtió a la familia Sackler en una de las más ricas del país.
Una crisis de salud pública
EE UU afronta una crisis de salud pública mayor. Cerca de 40 estados presentaron demandas contra la farmacéutica y otras compañías, en una coalición con la que buscaban una compensación por todos los costes que han tenido que soportar por las adicciones y las pérdidas ocasionadas. El dinero que se recaude se destinará a programas de prevención y de tratamiento de los afectados.
Los Sckalers (la familia), por su parte, se habría comprometido a destinar 3.000 millones de su fortuna. A esta cantidad se le sumarían otros 1.500 millones por la venta de Mundipharma, otro negocio que controlan junto a Purdue. No está claro aún como quedaría el pacto, porque hay estados como el de Nueva York, Connecticut y Massachusetts que querían una garantía adicional de 4.500 millones de la familia.
Los fiscales generales de Carolina del Norte y de Tennessee trataron, sin embargo, de mantener viva la negociación ofreciendo un pacto revisado que pudiera lograr el mayor respaldo posible de estados y localidades. El litigio recuerda al que se lanzó contra las tabaqueras. Las demandas acusan a Purdue de haber realizado campañas engañosas que minimizaban los riesgos asociados a su consumo.
“Las familias que fueron dañadas por Purdue y los Sacklers hablaron alto y claro”, responde al pacto la fiscal Maura Healey de Massachusetts. “Y demandan responsabilidades reales. Por eso seguiremos luchando para conseguirlo”. Considera que todos los hechos sobre lo que hicieron las compañías y sus ejecutivos deben salir a la luz. William Tong, otro de los fiscales, asegura que nada cambió y que no se puede permitir a nadie saltarse la ley.
El pacto, cuando se concrete finalmente, será el mayor desembolso en la historia de la industria farmacéutica. Hasta la fecha, el más importante llegó a los 4.850 millones de dólares que tuvo que pagar de sanción la compañía Meck en 2007 por el tratamiento contra artritis Vioxx, que tuvo que ser retirado del mercado por el riesgo de infarto. Recibió 60.000 demandas de particulares. Otra, GlaxoSmithKline, pagó 3.000 millones de dólares en 2012 por los problemas asociados a dos antidepresivos.
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