La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha anunciado este lunes una próxima instrucción a los fiscales sobre cómo abordar la okupación de viviendas ante la preocupación social suscitada al respecto y el hecho de que la oposición haya denunciado la falta de una respuesta legal clara ante este fenómeno. El propósito de la instrucción, que Delgado no ha detallado, sería proporcionar seguridad jurídica y despejar dudas ante los casos que se planteen. Pero no se habla de reformas legislativas en profundidad. Por el contrario, Delgado ha subrayado que no faltan resortes en las leyes para impedir o corregir las okupaciones ilegales.
La referencia de la fiscal general a la okupación de viviendas fue breve y hecha al final de su discurso. La intervención de Delgado se centró en explicar la labor de la Fiscalía en respuesta a las principales inquietudes de la sociedad. De ahí la alusión a las okupaciones en un contexto en el que lo primero que destacó fue que en ocasiones “los diferentes fenómenos delictivos que preocupan a la población ya gozan de respuesta suficiente en el ordenamiento jurídico”, si bien “sí requieren de una acción específica acorde con las necesidades de la ciudadanía”. Delgado añadió que ese es el caso de “las okupaciones de morada”, asunto sobre el que la Fiscalía va a dictar “en los próximos días” una instrucción.
En la Memoria de la propia Fiscalía relativa a 2019 ya se recoge que las okupaciones disminuyeron “levemente” el año pasado. En parte, puede ser por la actuación especialmente enérgica de algunas fiscalías territoriales, que han dado inmediata cobertura a la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en supuestos en los que consideraron que procedía el rápido desalojo de viviendas ilegalmente okupadas. En algunos casos se actuó sin mandamiento judicial, cuando se vio claro que la okupación no tenía amparo legal. De hecho, las okupaciones han afectado especialmente a locales y pisos sin uso, no a viviendas habituales o segundas residencias.
Además de este fenómeno, Delgado desgranó otros retos de la Fiscalía:
Delitos informáticos. El balance anual muestra mayor preocupación por la evolución de la delincuencia económica, en particular la que se efectúa valiéndose de la informática. La Memoria destaca que en el último año se produjo un incremento del 44,92% de las diligencias incoadas por delitos informáticos: “Los indicadores revelan el imparable crecimiento de la actividad delictiva en el ciberespacio”. Aun así, el informe reconoce que son muchos los delitos de este tipo que no se denuncian o que no llegan a investigarse judicialmente, por haber sido imposible dar con los autores: “Solamente son trasladados por los cuerpos policiales a los órganos de la jurisdicción penal aquellos atestados en los que la investigación criminal y la determinación de los autores del hecho sea viable”. La estadística, por tanto, es en este caso un pálido reflejo de la realidad.
Efectos de la pandemia. Los efectos de la pandemia son tratados en varios apartados de la Memoria. Delgado destacó en su discurso que ha habido un “exhaustivo seguimiento” de la problemática de las residencias, tanto en el orden penal como para garantizar la “protección” de los “colectivos más vulnerables”. Pero las consecuencias de la pandemia pueden tener consecuencias muy diversas y afectar a la evolución de determinadas conductas delictivas. La Memoria vincula en este sentido el contexto social actual con un posible agravamiento de los delitos económicos. Los fiscales proponen potenciar la especialización, pero constatan que “una vez más” se debe denunciar “la crónica carencia de medios personales y materiales necesarios para el correcto desarrollo de nuestro trabajo”. En cuanto a la evolución registrada en materia de impuestos y cotizaciones, el documento señala que si bien se observó en 2019 una tendencia a la baja en los delitos de defraudación de IRPF, aumentaron en cambio “los referidos a fraudes de IVA y Sociedades”, y añade que “comienza a ser importante el número de defraudaciones a la Seguridad Social”.
Libertad sexual. La fiscal general resaltó a su vez la labor de la Fiscalía en defensa de los derechos fundamentales. Al analizar los delitos contra la libertad sexual destacó que se ha registrado un aumento del 12% de las agresiones de este tipo contra menores. Se propone una reforma para “la tipificación de la suplantación de identidad en la red”. Y otra para el “control judicial” del internamiento de los mayores o discapacitados “cuando no puedan decidirlo por sí mismas”.
Violencia de género. La Memoria se refiere a la violencia de género, observando un repunte “en la cifra de mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas, 59 en 2019 frente a las 51 del año anterior, de las cuales solo 15 habían formulado denuncia”. La fiscal general ha subrayado la importancia de abordar la reforma del artículo 416 del Código Penal, relativo a la dispensa de declarar, “precepto que —dijo— está en el origen de un apreciable porcentaje de sentencias absolutorias, que asciende al 37%” en 2019.
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