La Fiscalía de Medio Ambiente envió el 11 de enero un escrito al Ayuntamiento de Madrid en el que le proponía una serie de pautas para intentar impedir que la nueva zona de bajas emisiones que ha empezado a funcionar en la capital no naufrague. El ministerio público, por ejemplo, sugiere que sea la Policía Local la que lleve el peso de las actuaciones y que se elabore una protocolo para que este cuerpo pueda actuar penalmente en los casos más graves de incumplimientos.
Las recomendaciones de la Fiscalía son válidas para Madrid 360, que restringe el acceso de vehículos a la almendra central. Pero también lo serán para las casi 150 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes que tendrán que poner en marcha zonas de bajas emisiones a partir de 2023, según establece la nueva Ley de Cambio Climático.
El departamento que dirige el fiscal Antonio Vercher, coordinador del área de medio ambiente en todo el país, realizó un seguimiento del funcionamiento del anterior plan de la capital, Madrid Central. Y los resultados no fueron muy alentadores debido al alto número de infractores. La investigación del ministerio público partió de los datos de infractores y multas impuestas entre marzo y diciembre de 2019 por incumplir Madrid Central. En ese periodo, el Consistorio madrileño detectó 40,5 millones de accesos. De todos esos accesos, 1,6 millones fueron vehículos sin distintivo ambiental —los turismos de gasolina matriculados antes de 2000 y los diésel anteriores a 2006—, que tenían prohibida su entrada en el área de Madrid Central. Finalmente, la Fiscalía localizó dos casos de “constantes y sistemáticas infracciones” por parte de dos conductores, que fueron denunciados por la vía penal por el ministerio público, algo que nunca había ocurrido antes. Uno de ellos fue cazado 157 veces entrando en Madrid Central sin distintivo ambiental en los nueve meses analizados por el ministerio público. El otro, 132 veces.
Sin embargo, al poco de presentar la denuncia contra estos dos conductores, la justicia anuló Madrid Central, con lo que todas las multas e infracciones también fueron anuladas. Pero el trabajo realizado para aquel caso le ha servido a la Fiscalía de Medio Ambiente ahora para proponer esas pautas al Ayuntamiento de Madrid, que buscan que la Policía Local pueda abrir la vía penal en los casos más sangrantes. El Consistorio ha mostrado a la Fiscalía su intención ya de colaborar también para que se cumplan las restricciones.
La pretensión del ministerio público es enviar oficios similares al que ha mandado al Ayuntamiento de Madrid a otras ciudades que han puesto en marcha ya zonas de bajas emisiones, como Barcelona. Además, el departamento de Vercher propone que la Federación de Municipios y Provincias constituya un comité para establecer estrategias de actuación y unificar criterios pensando en la implantación masiva de zonas de este tipo que se tendrá que desarrollar durante este año para cumplir con la Ley de Cambio Climático.
Esa ley establece que todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad sostenible que, entre otros asuntos, incluyan zonas de bajas emisiones similares a las puestas en marcha en Madrid y Barcelona. Además, se ponen trabas a los Consistorios que quieran revertir este tipo de áreas. Los municipios de más de 20.000 habitantes también deberán aprobar zonas de bajas emisiones si su calidad del aire no es buena.
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Madrid, al igual que Barcelona, llevan incumpliendo los límites legales de exposición al dióxido de nitrógeno desde hace más de una década. Estos constantes incumplimientos llevaron a la Comisión Europea a demandar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE tras varios avisos que no fueron atendidos por las dos ciudades. Se espera que el fallo de los magistrados europeos se conozca durante este primer trimestre.
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