El fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, quien en marzo acusó a la candidata conservadora Keiko Fujimori por lavado de dinero, organización criminal y obstrucción a la justicia, ha pedido este jueves al juez el ingreso en prisión preventiva para la líder del fujimorismo por violar una de las normas de conducta de la libertad vigilada. La candidata se comunicó con uno de los testigos del proceso, lo que tenía prohibido, al presentarlo como abogado y portavoz político del partido Fuerza Popular en una comparecencia ante la prensa este miércoles para informar sobre las peticiones de nulidad de miles de votos de su adversario en las presidenciales, el maestro rural Pedro Castillo. El candidato de izquierda le lleva una ventaja de 72.455 votos con el 99.1% del escrutinio oficial, pero las impugnaciones presentadas por Fujimori impiden su proclamación con ganador de los comicios.
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“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, sostiene el texto del fiscal. Este ha pedido 30 años de prisión para Fujimori por haber recibido, presuntamente, 1,2 millones de dólares (unos 985.000 euros) de la transnacional brasileña Odebrecht a sus campañas electorales a la presidencia en 2011 y 2016. La candidata no declaró esas cantidades de dinero a la autoridad electoral y las usó evadiendo las regulaciones del sistema financiero.
El proceso judicial contra la candidata está actualmente en la fase previa al juicio oral, llamada control de acusación. Si Fujimori ganaba los comicios, ella obtendría la inmunidad mientras estuviera en la presidencia, pero el proceso seguiría su curso con una treintena de coacusados, entre ellos su esposo Mark Vito Vilanella, su abogada Giuliana Loza, y dos de sus ex principales asesores políticos. La hija mayor del autócrata Alberto Fujimori ya estuvo en prisión preventiva entre 2018 y 2019 ―entró y salió de la cárcel dos veces― debido a que el fiscal demostró que los hoy coacusados se ponían de acuerdo en las versiones que los testigos debían dar, o los intimidaban para evitar que declarasen la verdad y así obstaculizar las indagaciones del Ministerio Público.
Cuando empezó la pandemia, el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga aceptó que Fujimori saliera de la cárcel y pasara a libertad vigilada con algunas normas, como la prohibición de comunicarse con coacusados y testigos, no cambiar de domicilio sin autorización judicial, o viajar previo permiso judicial.
En los resultados electorales, la excongresista fujimorista no solo se juega la posibilidad de congelar un proceso judicial en su contra, sino otras investigaciones fiscales y juicios contra varios de los miembros de su familia.
Una familia acorralada por la corrupción
El padre de la candidata se enfrenta a una reciente acusación fiscal por las muertes y lesiones graves de más de 1.300 víctimas de esterilización forzada durante su segundo Gobierno (1995-2000). En pocas semanas un juez decidirá si abre el juicio oral contra el exmandatario y tres exministros de salud de su Gobierno, uno de los cuales ha sido elegido congresista por Fuerza Popular.
Además, está pendiente desde 2018 el inicio del juicio oral contra el autócrata por el denominado caso Pativilca, el asesinato de seis campesinos en enero de 1992 a manos del destacamento militar Colina, creado por el Gobierno de Fujimori y que cometió asesinatos y desapariciones forzadas contra opositores y civiles durante su primer Gobierno.
El hermano menor de Keiko Fujimori, Kenji, también se enfrenta a un proceso judicial por peculado, colusión, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo por hechos cometidos cuando fue congresista en el primer año de Gobierno de presidente Pedro Pablo Kuczynski, en 2016. El hijo predilecto del exgobernante negoció con Kuczynski el indulto de su padre, a cambio de la aprobación, por parte del Ministerio de Economía, de proyectos de infraestructura que promovían congresistas de su partido. Uno de esos congresistas filmó subrepticiamente los vídeos condicionando a los ministros para aprobar dichas obras.
Kenji, junto con sus hermanos Hiro y Sachi, también están bajo indagación fiscal por lavado de activos debido a que en el almacén de una de sus empresas de logística la policía halló un alijo de cocaína.
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