A las 10 de la noche del 16 de octubre de 2014, agentes de la policía federal ministerial, brazo ejecutor de la fiscalía mexicana, detuvieron a Sidronio Casarrubias, de 44 años, en un restaurante a las afueras de Ciudad de México. Se lo llevaron a la capital, a las instalaciones de la unidad especializada en delincuencia organizada. Le tomaron declaración. Horas más tarde, la noticia llegaba a la prensa. “Cae el líder de Guerreros Unidos, organización ligada a la desaparición de los 43 normalistas”. Eso fue al menos lo que contaron los investigadores.
Días antes, el 5 de octubre, la fiscalía federal había atraído la investigación del caso Ayotzinapa. En pocas semanas, policías ministeriales detuvieron a decenas de personas presuntamente relacionadas con la desaparición de los estudiantes. Policías de Iguala, el lugar de la desaparición; agentes del municipio vecino de Cocula; presuntos integrantes de Guerreros Unidos, caso de Sidronio Casarrubias… Con la presión de dar resultados cuanto antes, pocos repararon entonces en la forma de actuar de los agentes. Pero con el tiempo, acusaciones de tortura empezaron a aflorar, muchas veces con los ministeriales de por medio. La división de Asuntos Internos de la fiscalía inició en 2015 varias investigaciones al respecto. Pero se fueron enfriando y a la fecha no hay un solo agente sancionado. Es más, las investigaciones están paradas. Y se cuentan por decenas.
Desde el cambio de Gobierno, las dos instancias de autoinvestigación de la fiscalía, la visitaduría general y la unidad especializada para la investigación de delitos de tortura no han avanzado en las investigaciones. La segunda carece de fiscal desde la renuncia de su titular en diciembre. La primera está encabezada por Adriana Campos. Las familias de los 43 tienen muy mala opinión de ella, luego de esconder el informe de su antecesor sobre las actuaciones de los investigadores, sobre todo las acciones del todopoderoso titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. No se explican las familias que el nuevo Gobierno no haya destituido a la funcionaria. A vista de ellos, solo llegó al cargo para entorpecer la investigación.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende dar señales de que el caso de la tragedia de Iguala avanza. Este miércoles, la Fiscalía General ha anunciado la creación de una Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso. Omar Gómez Trejo, un maestro en Derechos Humanos, será su titular y estará encargado de tramitar y desahogar averiguaciones previas, carpetas de investigación y procedimientos judiciales. Además, colaborará con la Comisión de Búsqueda de los 43 estudiantes.
De los casos de tortura que se empezaron a investigar hace años, el de Casarrubias es significativo porque sus declaraciones sostienen parte de la versión oficial de la fiscalía. Como líder de Guerreros Unidos en Iguala, Casarrubias habría supervisado el ataque a los estudiantes, su desaparición y asesinato. Eso declaró él mismo ante los agentes de la unidad de delincuencia organizada de la fiscalía. Pero Casarrubias ha dicho desde entonces que esa declaración se la arrancaron después de torturarle.
Meses más tarde de su detención trascendía una versión distinta. Casarrubias decía que había sido detenido la noche del 15 de octubre, más de un día antes de lo que reportaron los policías ministeriales. Dijo también que le golpearon y trataron de asfixiarle con una bolsa. Contó que se desmayó dos veces por falta de aire. Después de la segunda, cuando se despertó, dijo, se dio cuenta de que le habían violado con una “pieza metálica”.
Su declaración dio pie a que Asuntos Internos de la fiscalía abriera una investigación sobre lo ocurrido en diciembre de ese mismo año. En 2015 no se avanzó demasiado, pero en 2016 el expediente muestra actividad casi todos los meses. Uno de los objetivos principales era practicarle el protocolo de Estambul, prueba estándar para determinar si una persona ha sido o no torturada. Casarrubias no quería que la hicieran peritos de la fiscalía, pues pensaba que eran cercanos a sus presuntos torturadores y la falsearían. Asuntos Internos buscaba peritos de fuera y entretanto avanzaba con otras diligencias.
Así ocurrió en diferentes casos. Asuntos Internos empezó a investigar por ejemplo la detención de Raúl Núñez, alias La Camperra, presunto integrante de Guerreros Unidos, aprehendido al parecer el mismo día que Casarrubias, solo que este en Acapulco. También la de Gilberto Parra, presunto colaborador de la organización; igualmente, las de más de una veintena de policías de Iguala y Cocula, acusados de participar en la desaparición de los 43. También la de Carlos Canto, dueño de un bar en Iguala donde al parecer se reunían integrantes de Guerreros Unidos. EL PAÍS publicó el viernes un video en el que aparecía Canto siendo torturado, presuntamente por integrantes de la policía ministerial.
A mediados de 2016, el número de casos de posible tortura que investigaba la fiscalía ascendía a más de 30. Entre ellos figuraba también el de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, presunto integrante de Guerreros Unidos, coordinador sobre el terreno del ataque a los normalistas y su desaparición. En el informe sobre torturas en el marco del caso Ayotzinapa que presentó la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el año pasado, la “unidad especializada para la investigación del delito de tortura” de la fiscalía contaba “37 investigaciones con un total de 128 denunciantes”. Es decir, que la fiscalía investigaba posibles delitos de tortura contra casi la totalidad de detenidos por el caso Ayotzinapa.
En contraste con lo anterior, a la fecha no hay un solo funcionario detenido. Ni de la Fiscalía, ni de la Policía Federal, ni de la Secretaría de Marina, corporaciones señaladas en el informe de Naciones Unidas.
Una de las cosas que llama la atención a las familias de los 43 es que durante los primeros meses del nuevo Gobierno, las investigaciones siguen sin avanzar. Hace unos días, un funcionario de la fiscalía federal aseguraba a este periódico que se estaba avanzando en el caso Canto, aunque no dio detalles. Preguntado por el resto de casos, la fiscalía federal no ha dado respuesta.
La preocupación por las investigaciones en casos de tortura es apenas una de las preocupaciones de las familias. La incapacidad de la fiscalía para nombrar a un fiscal especial para el caso Ayotzinapa a casi seis meses de iniciar el nuevo Gobierno es motivo de preocupación también.
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