El borrador de archivo de las diligencias de investigación relativas a la presunta fortuna del rey emérito Juan Carlos I de España en la isla de Jersey señala que el equipo de fiscales, liderado por el jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, no encontró indicios “que permitan dirigir reproche penal contra S.M.D. Juan Carlos de Borbón y Borbón” y apunta que por lo tanto “procede acordar el archivo de las diligencias de investigación”.
Así lo refleja un extracto del borrador de decreto de archivo que adelantó este lunes la Cadena Cope. Ésta era una de las tres líneas de investigación abiertas en la Fiscalía del Supremo sobre la fortuna del emérito, siendo las otras dos las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca y el supuesto uso de tarjetas ‘black’ sufragadas por un empresario mexicano.
Sobre la investigación de Jersey, el Ministerio Público indagaba sobre la presunta existencia de una cuenta bancaria con 10 millones de euros a nombre del rey emérito en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.
“Desde 2004 a 2021, no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 TRUST con S.M.D. D. Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión, ni en la capacidad de disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido éste la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna en sus cuentas”, dice el borrador en sus conclusiones.
Ese documento, que según explica ese medio radiofónico consta de 20 páginas, aun debe ser firmado por el propio Luzón, que dirige las investigaciones tras el fallecimiento del anterior teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos. Tras su rúbrica también deberá ser revisado por la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado.
En las conclusiones del borrador, se indica que esa The JRM 2004 Trust se constituyó con fondos procedentes de la liquidación de otros dos trust: Tartessus y Hereu, fundados en 1995 y 1997 respectivamente y “de los que fue beneficiario el entonces Rey de España” -cabe recordar que hasta su abdicación en 2014, Juan Carlos I gozaba de la inviolabilidad recogida en la Constitución-.
Luzón añade que no existe actualmente “documentación soporte disponible” sobre esos dos trust y que “probablemente nunca se conocerá con total certeza el origen de los fondos con que fueron creados”.
Al hilo, apuntan que, en todo caso, a partir del 19 de junio de 2014 -fecha en la que se hizo efectiva la abdicación y quedó sin efecto la inviolabilidad e irresponsabilidad del emérito- “las disposiciones de JRM 2004 Trust lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido entregados eventualmente a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna”.
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Así, resalta en las conclusiones que no concurren indicios que permitan “dirigir reproche penal” contra el emérito y el fiscal jefe Anticorrupción resalta que por lo tanto “procede acordar” el archivo de las diligencias de investigación 44/2020.
Según adelanta la Cope, el borrador de Luzón recoge que el The JRM 2004 Trust se constituyó en el paraíso fiscal de Jersey en 2004 por el historiador Joaquín Romero Maura, que fue consejero de don Juan Carlos. “El JRM 2004 Trust fue constituido en Jersey (50 La Colombiere, St Heller) el 9 de marzo de 2004 por Joaquín Romero Maura, de nacionalidad española, nacido el 27-9-1940, como setlord y Bermuda Trust (Jersey) Limited como trustees”, dice el fiscal.
Y se crea como la fusión de fondos de los otros dos trust que fueron iniciativa del ya fallecido Manuel de Prado y Colón de Carvajal, persona muy próxima al emérito. Luzón indica que parte de los fondos de esos dos trusts originales procedía de donaciones realizadas entre los 50 y los 70 a Juan Carlos I por diferentes personas para apoyar a quien por entonces era príncipe.
Luzón explica que en los años 90 “la finalidad de ambos trusts era apoyar al entonces Rey Don Juan Carlos I en el caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar y tenían a este como único beneficiario”. Pero en 2004 “la situación política en España era estable, el heredero, hoy Rey Felipe VI, acababa de contraer matrimonio, la monarquía gozaba de prestigio y el conocimiento público de la existencia de los trust, con la presencia en ellos de Manuel de Prado, ya entonces condenado por la Audiencia Nacional, hubiera exigido embarazosas explicaciones”.
Por ese motivo, el emérito, indica Luzón, “decidió liquidar los trusts y traspasar sus fondos a Joaquín Romero Maura”, quien desde ese momento dispone de esos fondos y nombra beneficiarios a su muerte a su esposa y al British Refugee Council, “una organización caritativa fundada en 1951 y dedicada a ayudar a refugiados y personas que, huyendo de zonas de guerra, conflicto, violencia o persecución, buscan asilo en el Reino Unido”.
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Quedan por conocer los argumentos que llevarán al archivo también a las otras vías de investigación. Una de ellas es la relativa a los 80 millones de euros que, según la examante del rey emérito Corinna Larsen, se habrían repartido entre varios -incluido el propio Juan Carlos I- por la adjudicación en 2011 del proyecto del AVE a La Meca a empresas españolas.
El Ministerio Público asumió en junio de 2020 estas pesquisas, derivadas de las diligencias previas que Anticorrupción abrió en diciembre de 2018 a raíz de unas grabaciones incorporadas a la pieza 5 del denominado ‘caso Villarejo’ en la Audiencia Nacional. En concreto, se trata de los audios grabados en 2015 por el comisario jubilado en una conversación con el empresario Juan Villalonga y Corinna Larsen.
En dicha conversación, Larsen aseguraba que el rey emérito había cobrado comisiones por la negociación de la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a la Meca y señalaba a la esposa de un difunto traficante de armas como la encargada de repartirlas. El juez del ‘caso Villarejo’ empezó a investigas las presuntas ‘mordidas’ y los supuestos testaferros, pero cerró la investigación a los dos meses por falta de pruebas y la inviolabilidad de Juan Carlos I y envió los documentos relativos a la causa a Anticorrupción.
Sobre los posibles delitos derivados del uso por el ex monarca de tarjetas bancarias con fondos opacos, que tendría origen en donaciones realizadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, el Ministerio Fiscal notificó a la defensa del emérito en noviembre de 2020 que las tendría en cuanta a la hora de determinar la validez de la declaración voluntaria que hizo pública el emérito ante la autoridad tributaria, en la que abonó un total de 678.393,72 euros por lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018.
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Fuentes próximas a la regularización confirmaron entonces a Europa Press que la cantidad abonada, que incluye intereses y recargos, según comunicó el despacho de Sánchez-Junco -que ejerce la representación legal del monarca-, correspondería a donaciones superiores a 800 mil euros. El dinero, presuntamente donaciones del empresario mexicano, se habría canalizado a través de cuentas bancarias a nombre del coronel Nicolás Murga, que fue durante años ayuda de cámara del monarca emérito.
(Con información de Europa Press)
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