El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha abogado este lunes por restringir el derecho de manifestación en Cataluña, en aplicación de las medidas acordadas por su Gobierno para frenar el aumento de contagios por coronavirus en Cataluña, pero poco después ha rectificado. El cambio de postura es muy probable que guarde relación con la próxima celebración de la Diada del 11 de septiembre, que desde 2012 congrega en las calles de Cataluña a centenares de miles de personas en favor de la independencia.
La restricción más contundente anunciada por Torra junto a la consejera de Salud, Alba Vergés, es la prohibición de reuniones sociales de más de 10 personas en toda Cataluña, excepto en los ámbitos laborales y de movilidad. En la rueda de prensa en la que ha realizado ese anuncio, Torra ha sido preguntado si estas restricciones afectaban también a la celebración de manifestaciones.
La respuesta literal ha sido: “En estos momentos nos encontramos con que el derecho legítimo de manifestación tiene que tener en cuenta lo que estamos diciendo de la mínima interacción social. Moverse siempre con las mismas personas en todos lados, es vital. Contestando concretamente, ahora no sería posible [una manifestación]. O cada uno de nosotros tomamos conciencia de la situación en la que estamos, que vemos el riesgo, tenemos menores hospitalizados, es que el virus está aquí… depende de nuestro comportamiento cívico, de cada uno de nosotros, no podremos salir de esta si no lo hacemos todos. La clave de todo ello es el comportamiento individual”.
Una hora después de finalizar la rueda de prensa el Departamento de Presidencia ha enviado una “aclaración a los medios” con el siguiente contenido: “La prohibición en toda Cataluña de hacer encuentros de más de diez personas en el espacio público y privado no afecta al derecho de manifestación, siempre que se ejerza respetando las medidas de distanciamiento, mascarilla e higiene de manos”.
La celebración de la Diada de este año no tiene todavía claro el guion. Lo que ha trascendido hasta ahora, a falta de concreción es la propuesta de la Asamblea Nacional Catalana de manifestarse ante la sede de la Universidad de Barcelona, en el centro de la ciudad, así como ante otros edificios de instituciones del Estado en Cataluña como las subdelegaciones del Gobierno, sedes de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria.
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