La Fiscalía ha mantenido este lunes que los responsables del proyecto Castor ocultaron información sobre las consecuencias de las inyecciones de gas y minimizaron los daños una vez se produjeron los movimientos sísmicos en la costa mediterránea, frente a la población castellonense de Vinaròs. Esa ha sido la base de sus conclusiones en la última sesión del juicio que este lunes ha quedado visto para sentencia y en el que se han sentado en el banquillo dos exdirectivos de la empresa Escal —adjudicataria del proyecto y controlada en un 66,7% por ACS—, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau. La fiscal ha asegurado que la empresa conocía las advertencias realizadas por el Observatorio del Ebro sobre los efectos que podía tener la inyección de gas en el depósito subterráneo en el que pretendían crear el mayor almacén de gas que se iba a implantar en España. De la misma forma, ha dicho que una vez empezaron a producirse esos movimientos la compañía minimizó los daños.
La Fiscalía ha retirado el término “riesgo catastrófico” de su relato sobre las consecuencias de las inyecciones de gas en el depósito, pero ha mantenido que la firma, en todo momento, “despreció” las advertencias sobre unos terremotos, cerca de un millar aunque de baja intensidad, que afectaron a la vida de los vecinos, “a la intimidad familiar, a la inviolabilidad del domicilio y a la calidad de vida”. Por ello, ha mantenido la petición de seis años de cárcel para cada uno de los acusados de un delito ambiental con riesgo para la vida.
La acusación particular, que pide indemnizaciones para más de un centenar de afectados, ha hecho hincapié en dos cuestiones. Por una parte, la relación que, según los expertos, existe entre las inyecciones de gas y los terremotos y, por otra, el miedo que vivieron los vecinos durante unos meses, entre septiembre y diciembre de 2013, en los que se registraron más de medio millar de temblores. “Resulta coherente solicitar la indemnización por la exposición continua a 552 seísmos”, ha apuntado. “Vivieron con ansiedad, angustia, incertidumbre y zozobra”, ha añadido.
Por su parte, las defensas de los dos exdirectivos, así como la de la empresa —que también se ha sentado en el banquillo como acusada—, han mantenido que Escal actúo “de manera responsable, prudente y adecuada”, que no se les podría haber pedido más diligencia, que la empresa contaba con auditorías que confirmaban que se cumplían los estándares y protocolos de seguridad. En cualquier caso, han señalado que no hay pruebas sobre la autoría de los acusados, ya que ellos “solo confiaron en las personas cualificadas que tomaron las decisiones”, ha concluido.
La paralización del proyecto Castor, que fue una concesión administrativa, supuso la ejecución de la letra pequeña del contrato, que fijaba una indemnización en el caso de que el almacén no operara, con lo que el cierre costó 1.350 millones de euros.
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