La Fiscalía mexicana ha anunciado este lunes la detención de tres personas presuntamente vinculadas a la matanza de la familia Langford-LeBarón, ocurrida al norte del país el 4 de noviembre. Las autoridades acumulan hasta el momento siete detenidos por el asesinato de tres mujeres y seis niños. El 26 de diciembre fueron capturados los sospechosos anunciados hoy. A ellos se le suma la detención de un hombre más en noviembre y otros tres el 2 de diciembre. Entre los nuevos detenidos figura el director de Seguridad Pública de un municipio de la región, en el norte del país.
México ha visto pasar este 2019 su año más violento. Entre los más de 30.000 homicidios con los que cerrará, el caso de los Langford-LeBarón impactó por su brutalidad. El ataque sucedió la mañana del 4 de noviembre en una de las principales comunidades mormonas del norteño Estado de Sonora. Las mujeres viajaban junto a 14 niños en dos camionetas rumbo a Chihuahua, la entidad vecina, cuando fueron interceptadas presuntamente por un grupo de civiles armados. Los criminales incendiaron uno de los vehículos, calcinando a una de las adultas y cuatro niños, y abrieron fuego contra el otro, matando a balazos a dos mujeres y dos niños más.
A casi dos meses de masacre y con toda la presión política y mediática encima, la Fiscalía da señales de haber avanzado en la investigación. De las siete detenciones, seis se produjeron en diciembre. El arresto más llamativo hasta ahora ha sido el de Fidel Villegas, el director de Seguridad Pública de Janos, un municipio ubicado en el Estado de Chihuahua, a pocos kilómetros del escenario de la matanza.
Tanto Villegas como los otros dos detenidos el 26 de diciembre fueron señalados por las autoridades por formar parte de La Línea, un grupo criminal asociado al cartel de Juárez, con presencia en el lugar. Un anuncio que intenta reforzar la teoría del Gobierno mexicano, que ha atribuido los hechos a una confusión sucedida en medio de un enfrentamiento entre dos carteles. Pese a que Julián LeBarón, portavoz de la familia, ha rechazado esa idea, las autoridades se han aferrado en esa teoría que ahora deben justificar en los tribunales.
El caso deberá enfrentarse con un sistema judicial en el que las detenciones se corresponden la mitad de las veces con las condenas, en parte, porque muchos arrestos se dan como respuesta a la presión social y mediática. Las estadísticas señalan que cuatro de cada 10 presos en México no han recibido condena. Situaciones que se han reflejado en casos icónicos como el asesinato del hijo del activista Javier Sicilia en 2011, cuya investigación llevó a diferentes personas a prisión en diferentes momentos, pero nunca hubo una sentencia.
La Fiscalía mexicana cuenta con la ayuda del FBI en la investigación de este caso. La agencia estadounidense se involucró en las pesquisas después de la tensión diplomática que causó la matanza entre México y Estados Unidos por el asesinato de miembros de una familia con las dos nacionalidades. El presidente Donald Trump ofreció su ayuda para resolver el caso, pero el gesto se convirtió en amenaza días después cuando el Gobierno estadounidense anunció que incorporaría los carteles de droga a la lista de terroristas. La escalada encontró un freno a principios de diciembre al suspender Trump “temporalmente” la medida.
Los siete detenidos se encuentran ahora bajo custodia policial después de que un juez los vinculara a proceso y ordenara el arraigo, una especie de prisión preventiva prorrogable. Además de los cargos que enfrenten por la matanza, la Fiscalía ha anunciado que se los acusa de “delitos contra la salud”, la categoría judicial que incluye los delitos por narcotráfico.
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