Podemos suma una pequeña victoria en el conocido como caso Neurona, la investigación abierta por el juez Juan José Escalonilla tras recibir una denuncia por financiación irregular presentada por un antiguo abogado del partido, José Manuel Calvente. El magistrado ha decidido dar carpetazo a una de las líneas de las pesquisas, que versa sobre los contratos con la consultora ABD Europa LDA, al concluir la “inexistencia de indicios racionales” que apunten a que sean “simulados”. Esta decisión del instructor se conoce un día después de que la formación le haya reprochado que su juzgado aún no haya dado traslado a la Audiencia Provincial del recurso que presentaron para archivar la causa.
“Otra acusación falsa contra Podemos archivada. Ya he perdido la cuenta de cuántas van. Sirvió, por supuesto, para llenar horas y horas de mentiras y calumnias en las tertulias. Tendremos suerte si la rectificación ocupa cinco segundos. Difama, que algo queda”, ha dicho este viernes Pablo Echenique, portavoz del partido en el Congreso, tras conocer la noticia, avanzada por eldiario.es. “Otra acusación que acaba en nada”, ha tuiteado la cuenta oficial de la formación. “Es infame lo que se está haciendo contra Podemos”, ha remachado Pablo Fernández, responsable de la Secretaría de España Vaciada y secretario General autonómico de Castilla y León.
Esta decisión del juez adelgaza una causa que arranca en diciembre de 2019, cuando Calvente se presenta en un cuartel de la Guardia Civil en Cataluña y relata toda una batería de supuestas irregularidades en las cuentas de Podemos. Esa denuncia acaba finalmente en manos del instructor, que abrió un caso por delitos de malversación y administración desleal con varios ejes: los contratos firmados con varias consultoras (Neurona y ABD Europa LDA) para las generales de abril de 2019; la obra de reforma de la nueva sede de la formación; el pago de “sobresueldos” mediante complementos; la salida “opaca” de fondos de la denominada caja de solidaridad, a la que los altos cargos donan parte de su sueldo para destinar el dinero a proyectos sociales; y el acceso sin permiso al disco duro de una empleada.
Podemos ha defendido desde un principio su inocencia y acusa al juez de abrirle una “causa general” basándose en “rumores” recogidos por su antiguo abogado. El ministerio público, por su parte, ya pidió que se archive todo el caso, a excepción de las pesquisas sobre los contratos con Neurona, sobre los que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas expresó sus sospechas al apreciar la posible “comisión de un delito de falsedad de documento mercantil y un delito electoral”. Pero, de momento, el juez ha dado carpetazo a la parte relativa a ABD Europa LDA, según un auto del pasado 7 de septiembre, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
En ese documento, el magistrado incide en que el Tribunal de Cuentas fiscalizó esos contratos con ABD: “No habiendo apreciado irregularidad alguna en los gastos efectuados por el partido político Unidas Podemos”. Por ello, añade, “no cabe sino concluir la inexistencia de indicios racionales acreditativos de que dichos contratos aportados por el denunciante —de 25 de febrero, 19 de marzo, 12 de abril y 3 de mayo de 2019— se traten de contratos simulados”. El juez, que anula todas las pesquisas que había pedido a la Policía sobre este tema, añade que ha quedado “justificada” la ejecución por parte de la consultora de los servicios que le encargaron.
La formación de izquierdas espera que las sospechas sobre sus contratos con Neurona acaben igual, pues en esa parte de la causa también se investiga si se pactaron con dicha consultora latinoamericana unos trabajos que nunca se realizaron. Además, esta pequeña victoria supone otro balón de oxígeno para Podemos, que esta semana ha visto cómo la Fiscalía Anticorrupción también rechazaba que se investigara a Pablo Iglesias en el Tribunal Supremo por el caso Dina.
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