El Jurado Nacional de Elecciones de Perú informó este viernes que la fiscalía archivó seis denuncias que presentó en junio el partido Fuerza Popular contra el tribunal electoral, alegando fraude electoral después de que el escrutinio diera como ganador de los comicios generales al maestro rural y sindicalista Pedro Castillo, por una diferencia de más de 44.000 votos sobre la candidata conservadora Keiko Fujimori. En cuatro regiones, los fiscales comprobaron que no hubo falsificación de firmas ni suplantación de miembros de mesa -interventores- como aseguraban la lideresa opositora, sus aliados políticos nacionales y extranjeros y la mayoría de los medios de comunicación de la capital, dilatando la proclamación de los resultados oficiales de las elecciones.
El tribunal electoral señala que el Ministerio Público le notificó que no halló elementos que justificaran continuar la investigación por el supuesto delito contra la fe pública -en la modalidad de falsificación de documentos- en mesas de votación de las regiones Ancash, Cajamarca, San Martín y Arequipa. El fujimorismo y políticos de otros partidos conservadores realizaron mítines entre junio y julio pasados, antes de la proclamación de Castillo como presidente, reclamando que les estaban robando la elección con trampas en las mesas de votación. Como parte de la campaña, los simpatizantes de la candidata realizaron escraches en la casa del presidente del tribunal electoral, presionándolo para que anulara los sufragios a favor de Castillo en las mesas que impugnaron con el argumento del fraude.
“En las diligencias fiscales, entrevistaron a los miembros de mesa presuntamente agraviados, puesto que las firmas de las actas electorales aparentemente no correspondían con las de su DNI, y en todos los casos estos ciudadanos aseveraron categóricamente que las rúbricas les pertenecen”, indicó un comunicado del Jurado Nacional de Elecciones. Las notificaciones de archivo de las denuncias por supuestas falsificaciones de firmas fueron emitidas entre septiembre y diciembre. En una de ellas, una ciudadana de la provincia Mariscal Luzuriaga (región Ancash), Teresa Rojas Valverde, interrogada por el fiscal el 18 de octubre, explica por qué su firma no se parece a la registrada en su DNI. “A veces no firmo igual porque soy nerviosa y mi mano se mueve mucho, por eso habré hecho una firma diferente, pero sí reconozco que mi persona ha firmado dichas actas porque he sido presidenta de mesa y he estado presente”, respondió.
Los fiscales también dijeron que los miembros de mesa acreditaron con pruebas -las credenciales y certificados que recibieron de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)- que estuvieron en los locales de votación desempeñando su función y no fueron suplantados.
El politólogo Mauricio Zavaleta explica que, pese a la débil institucionalidad de la democracia peruana, el sistema electoral garantizó unos comicios limpios por varios motivos. “Luego del Gobierno de Alberto Fujimori -en el cual los organismos del sistema electoral fueron copados- hubo un compromiso de las fuerzas políticas de fortalecer estas instituciones y despolitizarlas. En los años siguientes, ya sea debido a este acuerdo inicial o la propia debilidad de los gobiernos, no hubo una injerencia sistemática de los ejecutivos en estos organismos, y se manejaron de manera relativamente autónoma. Esto fue acompañado de un proceso de fortalecimiento institucional tanto en el JNE y la ONPE, donde sus direcciones nacionales o gerencias han sido por lo general ocupadas por personal profesional y especializado”, comenta.
Pero para Zavaleta, más allá de ello, las acusación en sí misma de fraude era muy débil. “Ni siquiera los jurados electorales especiales -que por su naturaleza temporal son el punto más débil del sistema electoral- dieron mérito a los reclamos de Fuerza Popular porque no había elemento probatorio alguno”, añade. El investigador también destaca que el resultado final de la elección fue respetado por el resto de la institucionales estatales.
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Consultada la ONPE, refirió que entregó a los fiscales las listas con los nombres de los interventores que actuaron en la segunda vuelta electoral: “quienes firmaron, eran los que estuvieron ese día en las elecciones”, dijo un vocero. Por primera vez en las elecciones de 2021, Perú hizo un pago a los miembros de mesa para reconocer su esfuerzo, debido a que eran comicios en medio de la segunda ola de la covid-19 y en una jornada mayor de 12 horas, por tanto había documentación disponible para verificar qué ciudadanos cumplieron ese rol. Dado que el Ministerio Público archivó dichas denuncias, el tribunal electoral precisa que así queda descartada “la comisión de ilícitos y fraude en los comicios”.
Las alegaciones de fraude por parte del fujimorismo se expresaron en una estrategia en cuatro frentes: actuaron en las calles con manifestaciones pacíficas y otras violentas -a cargo de fuerzas de choque de ultraderecha-; en los medios de comunicación nacionales, y aliados internacionales de la candidata fujimorista también desinformaron sobre las elecciones peruanas. En el cuarto frente, el legal, los más poderosos bufetes de abogados ayudaron a Fuerza Popular a presentar cientos de reclamaciones a los jurados electorales especiales para anular miles de votos de Castillo. Cuando los pedidos eran rechazados, apelaban ante la última instancia, el Jurado Nacional de Elecciones.
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