La Fiscalía de Madrid ha pedido penas de cárcel, que oscilan desde los tres años y ocho meses de prisión hasta los siete años y cuatro meses, para los 21 acusados de provocar desórdenes y enfrentarse a la Policía durante la primera concentración de Rodea al Congreso, convocada el 25 de septiembre de 2012 en los alrededores del palacio de las Cortes. Según el relato del ministerio público, los procesados “arremetieron violentamente contra el dispositivo” de seguridad desplegado, tiraron vallas y objetos contra los agentes, les pegaron patadas y puñetazos, e incluso “trataron de impedir la salida de los diputados”.
Esta protesta, bautizada como Rodea al Congreso 25-S, fue una de las múltiples movilizaciones que se produjeron a raíz de la crisis económica e institucional que asoló España durante la Gran Recesión. Los coletazos aún resuenan en los tribunales. De hecho, hace poco más de un año, otro grupo de 12 personas se sentó en el banquillo por los disturbios del 14 de diciembre de 2013 tras otra concentración similar convocada junto a la Cámara baja. Ese juicio, donde la Fiscalía solicitaba hasta seis años de cárcel, se saldó finalmente con la absolución de la mitad de los imputados y penas mínimas (de un máximo de cinco meses de prisión) para el resto.
El 25 de septiembre de 2012, dos marchas paralelas coincidieron en el centro de la capital. Ambas contaban con autorización de la Delegación del Gobierno y tenían por lema Rodea el Congreso, rescata la Democracia. “En los días previos, se publicitó esta convocatoria como medio para ‘abrir un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente mediante la dimisión del Gobierno en pleno, la disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado, abolición de la actual Constitución e iniciar un proceso de construcción de un nuevo sistema de organización política, económica y social”, subraya el escrito de la Fiscalía, avanzado por la Cadena Ser y al que tuvo acceso EL PAÍS.
La protesta se desarrolló de forma pacífica hasta las 19.00. Fue entonces cuando empezaron los disturbios. Según el cálculo del ministerio público, un grupo de 500 individuos se enfrentó a la Policía, que cargó con dureza. “Diversos grupos coordinados y organizados, así como individuos sumados a la manifestación con la misma ilícita finalidad, dirigieron sus acciones a causar destrozos en la vía pública, intentando rebasar los cordones de seguridad establecidos y arrojando objetos”, describe la Fiscalía. Los incidentes se prolongaron hasta la madrugada y, según el escrito de acusación, se lanzaron contra los agentes “botellas, latas, piedras y pilas de gran tamaño”.
Los manifestantes concentrados el 25-S también denunciaron los excesos de los agentes. Las cargas policiales dejaron decenas de heridos —algunos necesitaron hospitalización— y los antidisturbios llegaron a irrumpir a la carrera en los andenes de la estación de trenes de Atocha, porra en mano y disparando salvas, donde desataron el pánico entre los viajeros e intimidaron a los periodistas que los grababan. El Gobierno de Mariano Rajoy (PP), entonces en La Moncloa, felicitó a la Policía por su actuación.
La acusación pública atribuye a los 21 procesados los delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad, resistencia y lesiones. Todo ello, en un caso que adquirió una enorme dimensión, pues la Audiencia Nacional llegó a estudiar el proceso después de que se acusase también a los implicados de un delito contra las instituciones del Estado. Aunque este se descartó y la vista oral se celebrará finalmente en un juzgado de lo Penal de Madrid.
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