Un tribunal turco ha condenado este jueves a 333 militares y cuatro civiles a cadena perpetua por su papel en el intento de golpe de Estado de julio de 2016. La decisión se produce después de más de tres años de proceso judicial en la prisión de Sincan (Ankara). Entre los condenados hay varios generales de brigada, coroneles y teniente coroneles, así como los pilotos que, durante la noche del golpe (15-16 de julio de 2016), bombardearon el Parlamento, los alrededores del Palacio Presidencial —donde murieron 15 personas— y varios cuarteles policiales. La sentencia constituye una dura respuesta a ese episodio, que consolidó la deriva autoritaria en el país vecino de la Unión Europea.
El juicio se ha centrado en la sublevación de los integrantes de la base militar de Akinci, en el extrarradio de Ankara, y su utilización para dirigir el golpe. Era una de las piezas principales de los más de 300 procesos que se han abierto desde la asonada militar. También era el mayor: en total había 475 acusados de los que 365 se hallaban en prisión preventiva. Solo 70 de los imputados han sido absueltos. El resto han sido castigados bajo diversas acusaciones que van desde colaborar con los golpistas a “atentado contra el orden constitucional”, “intento de asesinato del presidente” y “asesinato premeditado”.
De los condenados, 291 han recibido entre una y 79 cadenas perpetuas agravadas; otros 46 han recibido la perpetua, pero con posibilidad de revisión; 60 militares más han sido condenados a penas de prisión de entre 6 y 16 años y los restantes casos han sido separados a piezas aparte. Si bien la decisión es recurrible ante el Tribunal Supremo de Turquía.
Los civiles condenados son cuatro individuos a los que se acusa de dirigir las operaciones de los militares sublevados desde la base de las Fuerzas Aéreas de Akinci. Son considerados los “imanes” del golpe, una figura utilizada por el entramado de la organización político-religiosa de Fethullah Gülen. Este predicador islamista, exiliado en Estados Unidos desde finales de los años noventa, infiltró durante décadas a sus seguidores en diversos estamentos de la Administración del Estado y las fuerzas de seguridad.
Tras la llegada al poder del partido del presidente, Recep Tayyip Erdogan, en 2002, también de ideología islamista, ambos grupos entablaron una fructífera relación que les sirvió para deshacerse de sus oponentes en la judicatura y las fuerzas armadas. Sin embargo, una vez neutralizados sus enemigos comunes, Erdogan y Gülen se lanzaron a una lucha por el poder que desembocó en la ruptura de la alianza en torno a 2013 y, unos años más tarde, en la declaración de los gülenistas como organización terrorista.
En la estructura gülenista, los “imanes” tienen un rango superior a los demás seguidores y estos deben acatar sus órdenes aunque formalmente en la realidad tengan un cargo más elevado. Estos cuatro condenados fueron detenidos a la mañana siguiente del golpe en los campos de los alrededores de Akinci tratando de alejarse de la base militar. Con ellos fue detenida una quinta persona, Adil Öksüz, considerado el enlace directo entre Fethullah Gülen y los golpistas de Akinci, si bien fue liberado por un juez tras alegar que se hallaba allí buscando terrenos en los que hacer una inversión inmobiliaria. Después de su liberación, escapó y se le perdió la pista, si bien se cree que podría residir en Alemania. Öksüz ha sido juzgado en el proceso cuya sentencia se ha leído este jueves, pero su caso ha sido separado a pieza aparte, como los de otros cinco juzgados actualmente en fuga.
La sublevación militar de 2016 fue un trauma para Turquía, un país que creía haber dejado atrás el golpismo tras cuatro asonadas exitosas (1960, 1971, 1980 y 1997). En la noche del 15 al 16 de julio murieron 251 personas a manos de los golpistas —en su mayoría civiles y policías leales— y un número nunca publicado oficialmente de militares rebeldes, que algunos calculan en un centenar. Pero, además, el fallido golpe sirvió como doctrina del shock para que Erdogan obtuviese el apoyo político necesario para transformar el sistema parlamentario turco en uno presidencialista que aúna múltiples poderes en su persona. Desde entonces, se han sucedido las purgas en la Administración y en la política contra presuntos gülenistas, y también contra otros grupos opuestos al presidente.
Familiares de las víctimas del golpe y personas heridas mientras combatían la sublevación —que han recibido títulos similares a los veteranos de guerra— se concentraron ante el tribunal y dieron la bienvenida a la sentencia. Algunos, como Ahmet Çaykara, citado por la agencia Anadolu, se quejaron de que los condenados no han mostrado remordimiento ni pedido perdón por lo que hicieron. De hecho, según informó el diario Hürriyet, tras leerse la sentencia, uno de los imputados, el coronel Fatih Yarimbas, le espetó al presidente del tribunal: “Nos veremos las caras”.
Las abrumadoras cifras de la purga
Los números de la represión tras el intento golpista abruman: según reconocía el ministro de Interior, Süleyman Soylu, el pasado julio, más de medio millón de personas han sido investigadas en relación a la fallida asonada o por su adscripción a la cofradía de Fethullah Gülen, a quien se acusa de instigar la conspiración castrense. De ellos, casi la mitad han sido detenidos y cerca de 100.000 enviados a la cárcel. Aún sigue habiendo cerca de 26.000 entre rejas, bien en prisión preventiva o ya condenados. Contra los golpistas se han cerrado ya 276 procesos judiciales en los que se ha condenado a unos 4.500 imputados, 2.900 de ellos a cadena perpetua.
De forma inconsciente o no, en su primera comparecencia la misma noche del golpe, el presidente Erdogan lo calificó como un “regalo de Dios”. Y efectivamente se convirtió en tal cosa: la asonada militar le facilitó aprobar un draconiano estado de excepción que estuvo vigente durante dos años y le sirvió para iniciar una profunda purga de la Administración con la cual librarse de quienes habían sido sus aliados hasta poco antes, pero ya se habían convertido en enemigos. En principio, las medidas se dirigieron fundamentalmente contra los funcionarios, jueces, militares y agentes de policía gülenistas, así como al cierre de cerca de 3.000 instituciones y organizaciones y 179 medios de comunicación.
Ante la pregunta de muchos observadores internacionales de cómo sabía contra quiénes actuar, miembros de la oposición respondían cínicamente: “porque fue él [Erdogan] quien los puso ahí” durante su década larga de alianza con el movimiento de Gülen. Pero pronto, la purga se extendió hasta alcanzar a cualquier crítico con el Gobierno, incluidos funcionarios izquierdistas, prokurdos o involucrados en luchas sindicales.
En total cerca de 126.000 personas han sido despedidas de la Administración, pero un informe de la comisión que revisó las purgas tras el fin del estado de excepción reconoce que sumando a los funcionarios depurados también los empleados despedidos o que perdieron su trabajo en las instituciones prohibidas y a los estudiantes y cadetes que vieron sus carreras truncadas por las purgas, “el número directo de víctimas sobrepasa las 250.000”. De hecho, abogados que han atendido a los afectados por las purgas denuncian que cualquier tipo de relación con el movimiento gülenista -que llegó a tener hasta un millón de miembros, según algunas estimaciones- puede suponer la muerte civil de una persona, aunque sea simplemente haber inscrito a los hijos en alguna de las famosas escuelas de esta organización religiosa o haber abierto una cuenta en el banco que poseía. En cambio, los cargos políticos que abrieron las puertas de la Administración a la infiltración gülenista siguen haciendo carrera, siempre que hayan jurado lealtad a Erdogan.
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