La Fiscalía Anticorrupción ya considera acreditado “documentalmente” que el Ministerio del Interior ocultó al juez el espionaje a Luis Bárcenas. Así consta en uno de los escritos enviados por el ministerio público al magistrado Manuel García-Castellón, fechado el pasado 27 de julio e incluido en el sumario de la Operación Kitchen, donde se insiste en que los implicados en la trama ocultaron al menos “deliberadamente” la existencia de un inmueble utilizado por la esposa del extesorero del PP y donde se sospechaba que Bárcenas podía esconder documentos comprometedores para altos cargos del partido conservador. Como recuerdan los agentes en sus pesquisas, el objetivo de los imputados era hacerse con ese material para evitar que los hallara el instructor de la Audiencia Nacional que había abierto el caso de la caja b tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas
En dicho escrito, al que tuvo acceso EL PAÍS, Anticorrupción detalla cómo los investigadores han encontrado abundante documentación desconocida, como actas de vigilancia y seguimientos al entorno de Bárcenas realizados por funcionarios de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que estaba bajo el mando del comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, uno de los imputados en este caso. “Estos [seguimientos] tuvieron como objetivo, entre otros, la vinculación de Rosalía Iglesias, mujer del extesorero, con un local de la calle de General Díaz Porlier de Madrid, que los comisarios responsables de la operación policial habían identificado como un posible zulo donde Bárcenas y su esposa podrían ocultar los documentos cuya incautación constituía el motor de la puesta en marcha de la operación”, explica la Fiscalía.
El ministerio público insiste entonces que todo ello fue “deliberadamente ocultado” a los agentes que investigaban los papeles de Bárcenas por orden del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, entonces encabezado por el magistrado Pablo Ruz. Según la Fiscalía, nunca les facilitaron estos informes ni comunicaron la existencia de este local a “los funcionarios directamente responsables del grupo operativo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que habían sido designados como auxilio judicial”. Nunca se lo dijeron, pese a que los investigadores consideran que durante este “operativo policial” al margen de la ley se logró sustraer al extesorero “al menos una parte de la documentación que se buscaba”. De hecho, en una de las grabaciones incorporados al sumario, se escucha cómo el comisario jubilado José Manuel Villarejo le pide a García Castaño que le facilite una copia de ese material.
Para llagar a estas conclusiones, la Fiscalía recuerda también el testimonio de un inspector jefe destinado en la UDEF, que declaró como testigo en esta causa. Este agente dijo que en enero de 2013, cuando su unidad comienza a analizar la documentación recabada a través de Suiza tras publicar EL PAÍS los conocidos como papeles de Bárcenas, que nunca se le “transmitió” esa información obtenida a través del espionaje a Bárcenas. Pero, además, añadió que “no había ningún interés objetivo en contar con un apoyo de inteligencia policial para potenciar la investigación del delito de blanqueo de capitales”. Estas palabras desmontan la tesis de los principales investigados en la causa, como el comisario Eugenio Pino, antiguo director adjunto de la Policía Nacional y considerado el muñidor de la policía patriótica, que reconoció la existencia de la Operación Kitchen pero defendió su legalidad alegando que el objetivo era recuperar el dinero evadido por Bárcenas en paraísos fiscales.
El caso Kitchen es una de las cerca de 25 piezas en que el juez ha dividido el macrosumario sobre los negocios del comisario jubilado José Villarejo. En ella se investigan las actividades del grupo agentes que, según la investigación, se creó en la Policía Nacional durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior para seguir los movimientos de Luis Bárcenas y su entorno durante la investigación judicial iniciada después de que EL PAÍS publicara, el 31 de enero de 2013, los papeles de la contabilidad b del partido que el extesorero gestionaba.
La investigación se inició en octubre de 2018, casi un año después de que fuera detenido Villarejo, tras localidad la Unidad de Asuntos Internos grabaciones que revelaban el espionaje sin control judicial a Bárcenas. Las pesquisas han revelado que esta red policial clandestina estuvo al servicio del PP y coordinado presuntamente, en la parte política, por el ex secretario de Estado de Seguridad y número dos de Interior, Francisco Martínez, y en la parte policial, por el antiguo director adjunto operativo, máximo mando uniformado de la Policía Nacional, el comisario Eugenio Pino, ambos imputados junto a Villarejo y otros miembros destacados de la llamada policía patriótica. El entramado contó con decenas de agentes dedicados a seguir los pasos de Bárcenas pensando que colaboraban con la investigación de la caja b, que entonces llevaba juez Pablo Ruz. Sus responsables dispusieron de miles de euros para pagar a confidentes, entre ellos, Sergio Ríos, exempleado de seguridad del PP y chófer de Bárcenas.
Según diversos escritos del juez, las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el “centro nuclear” de la Operación Kitchen en los despachos de Interior, “desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de este, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad”.
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