Josue Serrano, un mexicano deportado de EE UU, coloca una cruz sobre el muro fronterizo en Tijuana.GUILLERMO ARIAS (AFP)
Desde inicios de julio, los habitantes de Nogales, Arizona, pueden ver un enorme globo de helio flotando a 22 metros de altura sobre sus cabezas. El dirigible, equipado con cámaras infrarrojas que operan las 24 horas del día, está siendo utilizado por las autoridades fronterizas para vigilar la frontera con México, a menos de dos kilómetros de distancia. Es la primera vez que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) opera uno de estos vehículos de vigilancia en el sector de Tucson, una franja de 400 kilómetros de línea divisoria, donde han sido detenidas más de 173.000 personas en los últimos ocho meses. Otros 17 aparatos como este serán desplegados a lo largo de la frontera, que se ha convertido en una zona caliente en semanas recientes y a pocos días de que Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador se reúnan en Washington.
Las autoridades considera al dirigible como una medida disuasoria en una zona de intenso tráfico migratorio. Estos grandes globos, que pueden ascender hasta 900 metros de altura, pueden verse en otros puntos de la frontera, sobre todo en Texas. Su presencia en Arizona subraya la problemática situación que se vive en la frontera. Estados Unidos ha registrado este verano los números más altos de cruces ilegales en décadas. Tragedias como la de San Antonio, donde 53 migrantes murieron asfixiados en un camión después de haber entrado al país, recuerdan el drama que viven cientos de personas diariamente.
En Texas, tres condados han pedido esta semana al Gobierno local decretar una situación de emergencia ante la “invasión” de inmigrantes. Las autoridades quieren que la Administración del gobernador Greg Abbott inicie la deportación de cientos de personas, a pesar de que esta es solo una facultad en manos de instituciones federales.
A la espera de las cifras de junio, mayo rompió todos los registros de cruces ilegales. La Patrulla Fronteriza capturó a 177.000 personas, 15% más que en abril. Más de 60.000 personas intentaron hacer más de una vez el cruce durante ese mes. El Título 42, una norma sanitaria de la pandemia, permite expulsar migrantes rápidamente y ha sido considerada la culpable de un importante incremento de la migración.
La iniciativa de invasión es promovida, principalmente, por el condado de Kinney, que se encuentra en la línea fronteriza y escasos kilómetros de distancia de Del Río, la localidad que se ha convertido en la zona cero de la inmigración ilegal. Las autoridades del condado han apostado por acusar penalmente a los inmigrantes de traspaso ilegal como una forma austera de política migratoria.
Migrantes de Nicaragua cruzan por el Río Bravo, en la zona de Eagle Pass, Texas. Dario Lopez-Mills (AP)
“El Gobierno de Biden no ha hecho nada”, expuso el martes a los periodistas el juez local Tullt Shahan, quien ha llamado a los políticos de Austin a acogerse a una figura de la Constitución local que supuestamente permite declarar la invasión en suelo estadounidense y enviar tropas a la zona. La teoría, no obstante, ha sido cuestionada por expertos jurídicos, quienes la califican de improbable.
Al llamado de Kinney se han sumado otros cuatro condados: Uvalde, Goliad, Burnet y Medina. Ninguno de estos está en la línea fronteriza, pero sus líderes políticos, todos ellos republicanos, responsabilizan a los inmigrantes de una subida en los delitos y del deterioro de sus comunidades.
El gobernador Abbott, quien busca ampliar su mandato en las elecciones de noviembre, ha dicho este miércoles a través de una portavoz que su Administración estudia todas las opciones que hay sobre la mesa para hacer frente a la situación. “Mientras aumentan los retos en la frontera, Texas toma acciones sin precedentes para atender una situación provocada por el Gobierno de Biden”, ha dicho Renae Eze, vocera del mandatario republicano.
La iniciativa que pide decretar una invasión en territorio estadounidense nació de otra mente republicana que pide el retorno de la mano dura que Donald Trump mostró en la frontera. En febrero, el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, fue el primero en emitir una opinión legal que preparaba el terreno para la movilización de tropas. El gesto fue considerado una maniobra política, pues Brnovich busca la candidatura republicana al Senado. Muchos republicanos están utilizando el tema migratorio para tomar impulso en las contiendas rumbo a las elecciones intermedias, donde la oposición amenaza con arrebatar el control del Congreso a Biden.
La petición de los condados llega pocos días después de que el Tribunal Supremo diera un respiro al presidente de Estados Unidos, cuya Administración ha encajado duros golpes propinados por la mayoría conservadora. Los jueces, no obstante, avalaron el intento de Washington de reconstruir el sistema de asilo, que sufrió una transformación durante los duros años de Trump. La sentencia de la Corte permite poner fin al programa conocido como Quédate en México, que obligaba a los solicitantes de asilo a aguardar en México la resolución de su caso. El requisito había provocado tensiones diplomáticas entre Washington y Ciudad de México, que se oponía a la medida.
Este será uno de los temas que se aborden en la visita de López Obrador a la Casa Blanca, programada para el 12 de julio. El encuentro está marcado por el desaire del mandatario mexicano a la Cumbre de las Américas, celebrada el mes pasado en Los Ángeles. El presidente mexicano decidió no acudir después de que Washington, el anfitrión, no sumara a Cuba y Venezuela a la reunión regional. La cumbre dejó un acuerdo migratorio en el que las naciones prometieron encarar el fenómeno migratorio con unidad. México y Estados Unidos deberán mostrar el martes si es cierto que hay unión en torno al tema.
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