La Fiscalía del Tribunal Supremo abrió el viernes la tercera línea de investigación por actividades financieras supuestamente opacas al fisco llevadas a cabo por Juan Carlos I. A finales de octubre, el Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales del Banco de España (Sepblac) remitió a la Fiscalía Anticorrupción un informe donde apuntaba la existencia de sociedades sospechosas radicadas en el paraíso fiscal de Jersey supuestamente vinculadas al rey emérito y con fondos millonarios no declarados al fisco español, según confirmaron a este periódico fuentes fiscales.
La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, decidió este viernes iniciar diligencias de investigación tras conocer el contenido de este informe de inteligencia del Sepblac y encargar las pesquisas a la Fiscalía del Supremo, donde ya se trabaja en otras dos piezas sobre supuestas actividades ilegales de Juan Carlos I. Una de ellas, en la que el fiscal Juan Ignacio Campo lleva trabajando cinco meses, intenta esclarecer si el rey emérito cobró comisiones ilegales por la adjudicación de las obras del AVE a la Meca a un consorcio formado mayoritariamente por empresas españolas. Los años de aquella supuesta mordida de la que aún no existen pruebas son anteriores a la abdicación, por lo que cualquier delito cometido por el monarca gozaría de la inviolabilidad prevista en la Constitución.
La segunda pieza abierta en la Fiscalía del Supremo tiene que ver con la disposición de fondos de un empresario mexicano por parte de Juan Carlos I. Esa investigación se inició a finales de 2019 en la Fiscalía Anticorrupción, por la que han pasado distintas personas, entre ellas el amigo millonario del rey emérito que supuestamente le donó ese dinero, implicadas en unas operaciones ocultadas a Hacienda.
El descubrimiento de cuentas en paraísos fiscales propiedad de sociedades vinculadas a Juan Carlos I es la tercera investigación de la Fiscalía para esclarecer si sus actividades financieras se ocultaron al fisco español y si se produjeron en un periodo de tiempo, posterior a su abdicación en 2014, en el que cabe una imputación al monarca.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, aseguró el viernes que las pesquisas están en una fase “embrionaria” y que todavía es prematuro determinar si los indicios apuntan a una infracción fiscal o pueden acabar siendo considerados un delito.
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