Controles policiales durante el estado de alarma que se decretó durante la pandemia.MASSIMILIANO MINOCRI
La Generalitat tiene un problema con la gestión de las actas —el paso previo a una multa— que imponen los Mossos y las policías locales por la Ley de protección de la seguridad ciudadana, conocida como la ley mordaza. En los últimos siete años, las cifras revelan que solo se han tramitado el 40% del más de medio millón de propuestas de sanción. Tras un análisis pormenorizado, el Departamento de Interior lo eleva a un 50%. Alega que los datos no dejan constancia de las multas revisadas y descartadas: porque o bien no se han imputado por la Ley de salud pública, en el caso de algunas sanciones por la pandemia, o porque no son competentes. Y esgrimen que la reforma de la Ley, en 2015, además de la crisis sanitaria, ha disparado los expedientes a los que debe hacer frente la Dirección General de Administración de la seguridad (DGAS).
Una multa por la Ley de seguridad ciudadana, antes de convertirse en una sanción, es un acta que levanta un policía. Después pasa por las manos del Departamento de Interior, que mediante la DGAS tramita esos expedientes. Las multas prescriben a los seis meses, al año o a los dos años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves. La ley recoge múltiples supuestos sancionables, más allá de los que tradicionalmente se atribuyen a esta norma: posesión de drogas, celebración de espectáculos, proyección de ejes de luz, perturbación de la seguridad en actos públicos o deportivos, desórdenes, obstrucción a la autoridad, escalada de edificios, solicitud de servicios sexuales, entre otras.
La Generalitat ha resuelto 240.000 expedientes frente a las 610.500 actas levantadas por las policías desde 2015, según datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El Departamento que dirige Joan Ignasi Elena rebate que, tras su análisis, la DGAS ha tramitado 245.000 expedientes de un total de 470.000 actas válidas. Para paliar la situación, aseguran que se reforzará la DGAS con seis personas, y añadirán una nueva casilla en las estadísticas: las actas archivadas antes de su tramitación por distintos problemas de forma o de competencia.
La situación más grave, en cifras absolutas, es la de las sanciones por tenencia de drogas en la calle. La policía ha levantado en siete años más de 238.000 actas. El Departamento de Interior ha tramitado casi 65.000, que suponen menos del 30%. La explicación radica en los laboratorios de los Mossos. Saturados, indica el Departamento de Interior, priorizan el análisis de las muestras de drogas en procesos penales antes que los administrativos. Y la DGAS no tramita sin ese análisis. Los datos demuestran una situación estancada en los últimos años. “Supone perder el control de lo que pasa en la calle, ese control informal con sanciones que nunca llegan”, lamentan fuentes policiales.
Para intentar corregir esa desviación, Interior ha reforzado el laboratorio de los Mossos con tres personas que se suman a una plantilla de 16. Las opciones para solucionarlo estudiadas hasta el momento no han servido. En verano se puso sobre la mesa que laboratorios externos analizasen las muestras, con un coste de entre dos y tres millones euros al año, explica Interior. Pero debido a la saturación por la covid, tampoco llegaban a todo, explica un portavoz del Departamento, por lo que se descartó. Desde noviembre, el laboratorio de los Mossos d’Esquadra ha vuelto a analizar las muestras de drogas de las intervenciones administrativas.
La desviación también es considerable en el caso de las multas impuestas por desobediencia. De las cerca de 50.000 actas levantadas desde 2015, el Departamento de Interior ha tramitado unas 15.000 (un 30%). En este caso, indican fuentes policiales y coinciden desde el Departamento, es fundamental el efecto de la pandemia, que ha duplicado el número de sanciones, y donde las restricciones de movilidad por la emergencia sanitaria causaron situaciones de enfrentamientos con las policías. Interior asegura que unas 21.000 actas están mal imputadas, indica un portavoz, y que deberían haberse tramitado por la Ley de salud pública.
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Las propuestas de sanción por ocupaciones de inmuebles en contra de la voluntad del propietario (2.300 sanciones y 440 tramitadas), los daños de bienes inmuebles (5.600 actas, 1.200 tramitadas) también se quedan en un 20% de tramitación. Y por debajo de todos los preceptos, las sanciones que menos ha tramitado el Departamento son por el artículo 35.2 de la Ley de seguridad ciudadana, que se refiere al mal uso y falta de permiso en el uso de armas, explosivos o artículos pirotécnicos, entre otros. De las 13.100 actas levantadas, la DGAS ha gestionado 48 (el 0,2%). Interior alega que es una competencia de la Guardia Civil, motivo por el cual no se han gestionado.
La DGAS está en el centro de la polémica desde que el Departamento de Interior anunciase la aplicación de nuevos criterios para burlar algunos preceptos de la ley mordaza. El criterio general, en base a la jurisprudencia, es no sancionar en las protestas o manifestaciones en las que no haya violencia.
La marcha no comunicada, jamás sancionada
Convocar una manifestación o una concentración en un lugar de tránsito está sujeto a una comunicación previa a la autoridad gubernativa, en este caso al Departamento de Interior. Así lo establece la ley reguladora del derecho de reunión, que data de 1983. Y no hacerlo es una sanción leve, según recoge la Ley de seguridad ciudadana, conocida como la ley mordaza. A pesar de eso, el Departamento de Interior de la Generalitat no ha multado prácticamente nunca por ese supuesto, aunque la policía ha abierto numerosas actas, especialmente desde 2017, con un mayor número de protestas en la calle debido al procés.
De las 6.500 actas levantadas por la policía en siete años, el Departamento de Interior ha tramitado 31 expedientes. En una ponderación de derechos, asegura el Departamento que dirige Joan Ignasi Elena (ERC), no se han tenido en cuenta las manifestaciones no comunicadas pacíficas, que son la mayoría. Entre 2017 y 2021 se han impuesto 6.300 propuestas de sanciones, frente a las poco más de 200 de los dos años anteriores.
La nula tramitación de este tipo de supuesto ha ocurrido bajo el mandato de políticos de todos los colores. Los últimos cinco años, con el mayor número de sanciones, el Departamento ha estado dirigido por Jordi Jané, Joaquim Forn, Miquel Buch y Miquel Sàmper, todos ellos vinculados a Junts per Catalunya. Pero tampoco se gestionó un mayor número de esas sanciones durante los casi ocho meses que el Departamento permaneció intervenido con la suspensión de la autonomía a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución (octubre de 2017-junio de 2018). Interior alega además que en ocasiones varias actas corresponden a una sola persona, lo que se traduce en un único expediente.
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