La juez Carmen Rodríguez-Medel, que instruye el bautizado como caso 8-M, decidió este miércoles ampliar sus pesquisas y citar a ocho nuevos testigos a declarar en la investigación que mantiene imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. La magistrada adopta esta iniciativa mientras la oposición mantiene la ofensiva contra el Ejecutivo por el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y mientras la Fiscalía estudia ya la posición que adoptará en esta causa y, sobre todo, cuándo se la comunicará a la juez.
El caso que comenzó con una denuncia de un abogado particular se ha convertido en una auténtica pesadilla para el Ejecutivo. Mientras la oposición trataba este miércoles de acorralar al Gobierno en el Congreso con infinidad de preguntas sobre la supuesta “injerencia” del Ministerio de Interior en las pesquisas del instituto armado, Carmen Rodríguez-Medel daba otro paso al frente en la investigación y citaba a una nueva tanda de testigos. En total, ya ha convocado a 18 para responder a sus preguntas, además de al único imputado.
Según informaron fuentes jurídicas, la magistrada llamó este miércoles a ocho personas, a las que citó el 11 de junio: entre ellas, a varios trabajadores de la Delegación del Gobierno en Madrid y a los impulsores de algunas de las concentraciones que se preveían celebrar durante la expansión del coronavirus. Estas declaraciones se suman a las de otros siete testigos fijadas para esa misma jornada —también promotores de otras manifestaciones analizadas por la Guardia Civil—, y a las de otros tres testigos emplazados un día antes: el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el jefe de gabinete del delegado, Luis María Sanz; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas. Antes que todos ellos, eso sí, declarará como imputado el socialista José Manuel Franco.
Para la juez, todas estas declaraciones resultan fundamentales, ya que el informe que le envió la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, encabezada por Pérez de los Cobos, señalaba que no se debía haber permitido ninguna movilización desde el 5 de marzo, que las autoridades conocían los riesgos y que incluso presionaron a algunos convocantes —varios de los cuales han desmentido ese extremo—. Precisamente, ese documento provocó el cese del coronel Pérez de los Cobos. Y, aunque Fernando Grande-Marlaska negó en un primer momento que esta destitución estuviera relacionada con las pesquisas, la publicación de un documento reservado firmado por la directora general del instituto armado, María Gámez, revelaba que la salida se debía a una “pérdida de confianza” al “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil (…) con fines de conocimiento”.
Con este contexto como telón de fondo, la Fiscalía ya ha comenzado a estudiar el caso 8-M, sobre el que tiene pendiente pronunciarse. El ministerio público optó por no hacerlo mientras los plazos procesales se mantenían suspendidos debido al estado de alarma. Pero será a partir de este jueves, cuando se levante esa suspensión, cuando la Fiscalía de Madrid presente su informe. Fuentes fiscales consideran que la causa tiene poco recorrido jurídico y que no existen indicios claros de que Franco prevaricara al permitir las manifestaciones. Pero en el seno del ministerio público se ha debatido en los últimos días si lo más idóneo es pedir ya el cierre de la investigación o, en cambio, no oponerse a que declaren Franco y los testigos ya citados por la juez y volver a evaluar su posición tras esas comparecencias.
Las fuentes consultadas señalan que a la Fiscalía no le ha sentado bien que Rodríguez-Medel haya avanzado en la causa, citando a declarar al delegado y a otros testigos sin recabar la posición del ministerio público. La Fiscalía de Madrid, en cualquier caso, no decide en solitario. Además, aunque la causa abierta por Rodríguez-Medel es la que va más avanzada, no es la única que hay en los tribunales contra la actuación del Gobierno el 8-M. El Tribunal Supremo tiene sobre la mesa una querella contra Pedro Sánchez por los mismos hechos, pero la Sala de lo Penal no ha decidido todavía si la admite a trámite.
La Fiscalía del Supremo y la de Madrid han compartido sus posturas en los últimos días para coordinar sus criterios. Con este objetivo, se celebró el pasado lunes una reunión en la que estuvieron presentes los jefes de ambas Fiscalías y los fiscales que investigan estas causas. La reunión, según estas fuentes, estuvo presidida por el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, y a ella asistieron también el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero, la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández y dos miembros de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, además de los fiscales que trabajan sobre el terreno.
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