La granja de 270 vacas de Víctor Bello acumula alabanzas y distinciones. Es una explotación modelo, de esas que visitan los presidentes autonómicos y sus consejeros cuando se acercan elecciones. Pero este ganadero de Trazo (A Coruña), que lleva 25 años trabajando 70 horas semanales y sin vacaciones por “vocación”, nunca se ha sentido tan desolado como ahora. A 4.000 kilómetros del frente, la guerra de Ucrania ha hecho estallar problemas arrastrados desde hace años en un sector esencial que se siente abandonado. “La subida de costes me ha reventado la caja porque somos los que menos cobramos de Europa por la leche”, resume. Por si fuera poco, la industria láctea ha anunciado que dejará de recogerles los litros que ordeñan a diario por la huelga del transporte. Es la primera vez en su vida que se plantea cerrar.
Bello pone números al desastre. En la Galicia fértil que se permite tener 400 hectáreas de tierras agrarias abandonadas, este ganadero de 46 años depende del cereal foráneo para alimentar a sus reses, sobre todo del que se cultiva en Ucrania, y ahora paga por él 6.000 euros más al mes. En este 2022 su factura de la luz ha escalado hasta los 3.400 euros mensuales, frente a los 1.200 del año pasado. El gasoil para mover su maquinaria cuesta el doble y el precio del fertilizante, que también contiene derivados del petróleo, va camino de triplicarse.
Con la globalización económica, el sector agroalimentario en España, del que Galicia es una potencia, ha aumentado su dependencia del exterior. “Es difícil entender que en la comunidad gallega haya tierras abandonadas y no se usen para producir forrajes” con los que alimentar a los animales, apunta Roberto García, portavoz del sindicato Unións Agrarias. García subraya que en Galicia, donde se produce el 40% de la leche de España, casi el 90% de las granjas venden por debajo del precio de coste fijado por las autoridades cuando aún no había estallado la guerra en Ucrania (40 céntimos el litro): “No puede ser que seamos los que más barato vendemos cuando tenemos costes parecidos al resto. Para bajar esos costes es imprescindible la tierra, usarla para producir forrajes”.
Bello coincide en que la guerra ha hecho estallar errores del pasado. “Hay miles de hectáreas de tierras agrarias en Galicia plantadas de eucaliptos y ahora resulta que dependemos del cereal de Ucrania”. Y plantea una cuestión ante una actividad que se va a pique: “Imaginen que dependiéramos de la carne y la leche de Ucrania. ¿Cómo estaría España ahora?”.
La subida salvaje de costes llega a un sector que lleva muchos años denunciando que se le paga por la leche el precio más bajo de Europa. El margen que obtienen por la venta es ínfimo. El ganadero de Trazo guarda en casa recibos en pesetas de lo que le pagaban por la leche cuando empezó, hace ya 25 años, y ha descubierto con indignación que rondan lo que aún cobra hoy.
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Los sindicatos agrarios citan casos de productos lácteos sin apenas transformación en los que intermediarios se han llegado a embolsar beneficios del 600%. La Ley de la Cadena Alimentaria que pretende combatir esos abusos y erradicar la venta a pérdidas no se está cumpliendo, denuncia Unións Agrarias. “El Gobierno pretende que sea el ganadero el que denuncie los incumplimientos, pero la leche es un producto perecedero y si los denunciados no se lo recogen, se pierde. Hay que poner a funcionarios a inspeccionar y sancionar”, defiende su portavoz, Roberto García.
Bello asegura que la crisis en las granjas gallegas es de tal calibre que no quedan fuerzas ni para protestar. “Nos sentimos muy desamparados y no vemos solución. Hemos tenido momentos complicados, pero ninguno como este. Hay un silencio muy jodido…” Cuando él empezó a finales de los noventa, en Galicia se ganaban la vida 100.000 ganaderos; ahora no llegan a 7.000, ilustra.
En este tiempo, Bello cree que la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea ha ido deteriorando la imagen del campo, presentándolo ante la sociedad como “un sector subvencionado” y “banalizando la leche y la carne”. A su juicio, la UE debería dejar de repartir ayudas para abaratar en origen los productos alimenticios básicos, porque acaban recibiéndolas hasta terratenientes de la aristocracia. “Esas ayudas deberían recibirlas las familias necesitadas para comprar esos productos básicos. Y el productor debería cubrir costes y tener ganancias”, sostiene.
La crisis sanitaria en la que la agricultura y ganadería fueron esenciales y no pararon ni en los peores momentos no ha servido para que este sector se sienta valorado. “Ni con dos años de pandemia se ha dado cuenta la sociedad de que lo primero es comer”, lamenta Bello. Por primera vez se plantea incluso cerrar una explotación en la que también trabaja su pareja y tres empleados. A uno de ellos al que se le acaba el contrato el 1 de abril no le puede renovar. Para empezar, deberá pensarse bien, como el resto de sus compañeros, si se lanza a gastar los 70.000 euros que le cuesta la campaña de cultivo de forrajes que se prolonga durante el mes que viene y hasta mediados de mayo. La decisión es peliaguda y dolorosa: “Tengo que pensar si planto forrajes para el año que viene o gastamos los que tenemos y cerramos”.
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