Cada vez es un poco menos cierto que la verdad es la primera víctima de una guerra. Hoy, la documentación gráfica y filmada de la monstruosidad que se abate sobre Ucrania es ingente e ingobernable en las redes sociales y mientras internet funcione. La destrucción del teatro de Mariupol donde se refugiaban cientos de civiles, el bombardeo de un hospital de maternidad o las imágenes con miles de edificios desventrados por los impactos de la artillería han recorrido los móviles y las pantallas de todo el mundo.
Desde el jueves esas imágenes y testimonios empiezan a engrosar la investigación que impulsa el Tribunal Penal Internacional (TPI) tras su visita el miércoles a Lviv, el mismo día en que la ciudad recibía el primer fuego de artillería registrado en una zona muy próxima a la frontera polaca. La delegación encabezada por Karim Kahn, fiscal jefe del tribunal, visitó sobre el terreno Ucrania y mantuvo una entrevista telemática con el presidente Zelenski para iniciar formalmente la investigación destinada a juzgar los presuntos crímenes de guerra cometidos por Putin. Daba cumplimiento así el TPI al anuncio realizado el 28 de febrero de impulsar una investigación por primera vez en un conflicto armado en territorio europeo.
Un crimen de guerra es aquel que somete a un sufrimiento humano y material arbitrario e indiscriminado a la sociedad civil sin que haya justificación militar para ello. El tribunal aspira a determinar la responsabilidad penal individual de quien lo haya cometido u ordenado cometer. La investigación había sido solicitada por 39 miembros del tribunal, entre ellos España, y el jueves la oficina del alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, respaldó la persecución de los “perpetradores” de los delitos, “así como los cargos políticos y los líderes militares” responsables de ellos. Han sido numerosos los líderes occidentales que han acusado a Putin de crímenes de guerra en los últimos días y ahora será el tribunal permanente encargado de juzgarlos el que recabará los datos para la investigación. Termine como termine esta inhumana guerra de Ucrania, Putin tendrá un futuro más tenebroso porque en numerosos países miembros del TPI correrá el riesgo de ser detenido. El propio Zelenski ha pedido a su población que conserve sus vídeos y grabaciones para documentar los crímenes de guerra y ayer se habían abierto ya cerca de 2.000 denuncias por crímenes de guerra en la Fiscalía General de Ucrania, de acuerdo con el Estatuto del tribunal. Afectan a unos 70 cargos políticos y militares rusos.
Ninguna guerra ha sido retransmitida en directo con la nitidez, dramatismo e instantaneidad de esta, y esa puede ser la auténtica losa que persiga a Putin el resto de su vida. La impunidad de tantas causas vistas en un tribunal que en 20 años apenas ha obtenido nueve condenas puede quedar sustancialmente reducida por la celeridad del proceso de documentación, por la ingente cantidad de pruebas y por la flagrante violación de los derechos humanos que Putin ha emprendido sin miedo a testimonios y en pleno desacato a la legislación internacional. Esta vez, el Tribunal Penal Internacional tiene la oportunidad de juzgar en directo y no a posteriori, ni con condenas demasiadas veces simbólicas, delitos que sacuden día a día la conciencia cívica y democrática europea.
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