Dos años ha durado la relación del despacho Martínez-Echevarría y Albert Rivera, el exlíder de Ciudadanos. Fue en marzo de 2020, tras el batacazo que la formación sufrió en las elecciones de noviembre de 2019, cuando el bufete anunció a bombo y platillo la llegada del expolítico como presidente ejecutivo. Un fichaje que entonces llamó la atención en el sector legal porque Rivera apenas contaba con un par de años de experiencia en la asesoría jurídica de La Caixa.
Desde ese puesto de relumbrón se hacía difícil pensar que el exdirigente ejerciera la dirección letrada en los juicios por España, Portugal y Turquía de los clientes de la firma, fundada en 1983 y dirigida actualmente por Vicente Morató. Su nombramiento estaba más orientado a la generación de negocio debido a la popularidad del exdiputado.
Sin embargo, Rivera no ha cumplido con las expectativas, según han explicado a este diario fuentes de la firma, que apenas pasó de 17,81 millones de euros en 2019 a 18 en 2020. Tanto él como Jose Manuel Villegas, su mano derecha en Ciudadanos y en el despacho como vicepresidente ejecutivo, estaban llegando a niveles de productividad “preocupantes”.
Desde el entorno de Rivera se mantienen prudentes, si bien ambos exdiputados han asegurado a Europa Press que se marchan por “incumplimientos contractuales”. Como adelantó esta semana El Confidencial, reclaman, respectivamente, la entrega del 5% y del 2% del capital de la sociedad que está detrás de Martínez-Echevarría y el pago de un variable por los ejercicios concluidos. La renuncia, que comunicaron por correo electrónico a la dirección, llega antes de que terminen los tres años que aún quedaban para que sus contratos expirasen. No obstante, también exigen las remuneraciones que les habrían correspondido hasta 2025.
En el siguiente capítulo del divorcio entre Albert Rivera y Martínez-Echevarría, según ha podido saber este diario de la cúpula del despacho, no habrá armisticio que evite la vía judicial. “No vamos a llegar a un acuerdo con Albert Rivera, aunque consista en pagarle 1.000 euros”, sentencian. En su opinión, la decisión de los exdirigentes de Ciudadanos de comunicar a los medios su salida tenía como propósito “forzarlos a llegar a un acuerdo” ya que la marca se podía “ver perjudicada”. Pero esta situación “se les ha vuelto en contra” porque “no doblamos la rodilla. Hemos cumplido”. De llegar a juicio, saldrán a la luz todas las cláusulas del contrato.
El salto de la política a la abogacía no es nuevo. Al caso de Albert Rivera se unen otros recientes como el de Soraya Sáenz de Santamaría o el de María Dolores de Cospedal. La que fuera vicepresidenta durante los Gobiernos de Mariano Rajoy es socia del despacho Cuatrecasas desde 2019, adjunta a la presidencia y miembro del consejo de administración. También la exministra de Defensa fue socia del bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo hasta el año pasado, cuando cursó una excedencia parcial y voluntaria.
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Pero los fichajes de personas mediáticas, a las que se presumen contactos e información privilegiada sobre los engranajes del poder, pinchan si no sirven de “palancas para impulsar el negocio”, explica Lidia Zommer, socia directora de la consultora para abogados Mirada 360º. Con carácter general, el proceso para que un abogado de base se convierta en socio de alguno de los grandes despachos no es sencillo. Además de ser “un experto reconocido en una especialidad técnica”, se requiere “ser un buen gestor de equipos” y “contar con una sólida cartera de clientes” y capacidad para “atraer a otros nuevos y asuntos rentables”, señala la especialista en marketing jurídico.
Objetivos exigentes
Mantenerse en la firma tampoco es fácil. En un sector tan competitivo, los despachos ponen sus expectativas más altas en estos fichajes estrella, aunque los objetivos varían dependiendo del perfil y cargo del abogado. Las metas de un consejero son las de atraer a grandes clientes, dar visibilidad a la firma y llevar las relaciones institucionales. Aunque de un presidente ejecutivo, puesto que ocupaba Albert Rivera, se espera no solo que haga de portavoz, “sino capacidad de liderazgo y atracción de equipo para reforzar la firma”, señala Mari Cruz Taboada, socia de Lexington Consultants. Estos cargos ejecutivos suelen incorporarse al despacho con un contrato temporal “en el que se preestablecen unos objetivos claros con proyección financiera”, explica. Su remuneración suele vincularse a estas metas, por lo que “el riesgo del fichaje es más reputacional que económico”, afirma. Aunque para pescar a una figura de relumbrón, el sueldo de entrada debe ser atractivo.
A los socios de cuota, es decir, aquellos que participan del capital de la empresa, se les mide principalmente por el volumen de negocio que originan, además del que facturan. Estos son puestos que ocupan normalmente “abogados que han ascendido por sus logros”, señala la experta. Según los datos que maneja la consultora, la facturación por socio de cuota en España se mueve en una horquilla de entre 500.000 y tres millones de euros. Su retribución, explica Taboada, “depende del éxito de su rendimiento cada año”, si bien la media en grandes despachos es de 350.000 euros al año.
A este nivel, los objetivos son muy exigentes, pero la remuneración es acorde. Según cuenta Javier Vasserot, exsocio de varios despachos de primer nivel en España, es la facturación lo que importa y no tanto las horas de oficina. De hecho, “hay bastantes que son muy exitosos trayendo buenos asuntos al despacho sin necesidad de ser ellos los que ejecuten el encargo”, afirma. Son los que en la jerga se denominan rainmakers (los que hacen caer la lluvia económica), añade.
Sin embargo, la evaluación del rendimiento de un puesto más ejecutivo, como el de Rivera, es más complicada. “Sobre todo si no se han establecido indicadores objetivos”, señala Taboada. Al igual que a los socios, se les suele dar un período de adaptación. A menudo, es a partir del segundo año cuando pueden deslizarse acusaciones de baja productividad, por ejemplo, por no traer la cartera de clientes esperada. Es en este contexto, explica Vasserot, en el que se debe entender la expresión utilizada por Martínez-Echevarría al calificar la marcha de Rivera.
Batalla en los juzgados
En la batalla, abogado y despacho suelen arrojarse mutuamente su descontento. En el caso de los socios de cuota, explica Mari Cruz Taboada, socia de Lexington Consultants, el despido se produce “en caso de un conflicto serio vinculado al código de conducta o al pacto de socios”. Cuando hay una relación laboral, “las condiciones son las establecidas legalmente con la indemnización que corresponda”. Aunque está por escribirse el siguiente capítulo del culebrón entre Albert Rivera y el despacho Martínez-Echevarría, ya se han retado en los juzgados. De llegar a juicio, saldrán a la luz todas las cláusulas de su contrato.
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