Nada como Huawei encarna el desafío de China a las potencias económicas occidentales, por el voraz crecimiento que esta compañía representa y también por todos sus claroscuros. Fundada hace 30 años, la firma se ha convertido en el primer fabricante de productos tecnológicos del mundo y en el segundo mayor vendedor de teléfonos móviles, solo superado por la coreana Samsung. El año pasado ganó 59.300 millones de yuanes (unos 7.850 millones de euros), lo que supone un aumento respecto al ejercicio anterior del 25%, gracias sobre todo al empuje de la facturación, algo muy difícil de conseguir en una compañía madura. El éxito, sin embargo, no se puede abstraer del hábitat. El régimen del Partido Comunista Chino (PCCh), con su abierto apoyo a las empresas locales frente a las extranjeras, está preparando un proceso de autarquía tecnológica que ahora se puede acelerar.
El veto de Google a Huawei, sonado porque deja a los dispositivos del fabricante asiático sin actualizaciones de servicios tan importantes como los de Android (salvo su versión libre) o Gmail, trascendió el domingo en una información avanzada por Reuters. Y se han sumado otras firmas como Qualcomm, Infineon o Intel, según Bloomberg. Washington acusa a la empresa de robar tecnología, de incumplir el régimen de sanciones con Irán y, muy especialmente, de mantener unos lazos con el Gobierno chino que la convierten en un peligro para su seguridad nacional. De ahí la inclusión en la lista negra la semana pasada.
El lunes por la noche, la Administración de Donald Trump anunció una tregua de tres meses. El Departamento de Comercio de EE UU aprobó una licencia temporal para el fabricante chino hasta el 19 de agosto para que pueda mantener las redes y proporcionar actualizaciones de software a los terminales existentes. La Administración de Trump había aprobado la medida contra Huawei justo después de la última ronda de subida de aranceles, pero la batalla con la tecnológica venía de lejos y ha cristalizado con millones de consumidores que no saben muy bien qué va a pasar con los dispositivos. El desarrollo de las redes 5G, cuyo trono también se encuentra en el fondo de esta batalla, se pone en juego con la crisis de uno de sus principales jinetes.
Antes del anuncio de esa moratoria de tres meses, la firma china había salido al paso para indicar que garantizará las actualizaciones de seguridad y los servicios posventa a los móviles y tabletas ya vendidos o en almacenamiento. Además, el gigante tecnológico de Shenzhen ya venía avisando de que se preparaba para un posible corte de suministros estadounidenses y llevaba tiempo desarrollando sus propios chips y su propio sistema operativo. Una nueva señal de que la guerra comercial entre Pekín y Washington se plantea como una carrera de fondo y de resistencia, y que la rivalidad ya se ha extendido mucho más allá del mero volumen de compraventas.
Para Donald Trump, la batalla comercial contra China supone también una buena apuesta en clave doméstica. La competencia desleal del gigante asiático —con su consiguiente perjuicio a la industria estadounidense— ha sido un asunto permanente durante toda su andadura política, y la oposición, el Partido Demócrata, no discrepa del fondo del asunto, es decir, la necesidad de la batalla, más allá de que se critiquen las formas del incendiario presidente republicano y sus escasos recelos ante una escalada arancelaria.
También a los socios europeos los deja en una situación complicada. Aunque desde la llegada de Trump a la Casa Blanca el enfriamiento es evidente, las sospechas sobre los vínculos de Huawei con el régimen de Xi Jinping también han hecho mella al otro lado del Atlántico. Los Veintiocho cuentan con la firma asiática para el despliegue de la red de 5G en Europa, sin la cual su desarrollo podría retrasarse años, pero las sospechas sobre sus lazos con el Estado chino generan inquietud. “La UE se toma muy en serio la ciberseguridad”, señalan desde el Ejecutivo comunitario, informa Álvaro Sánchez. El pasado 25 de marzo, la Comisión anunció que antes del 30 de junio llevaría a cabo una evaluación de riesgos de la red de infraestructuras 5G.
En paralelo, Trump y Xi tratan de llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra arancelaria en la que llevan sumergidos desde el año pasado. Esas conversaciones influirán en el conflicto entre Huawei y Estados Unidos. El pasado junio, el Departamento de Comercio estadounidense ya llegó a un acuerdo con el fabricante chino de móviles ZTE, que había tenido que cesar sus operaciones al perder su principal mercado.
El Gobierno chino, de momento, ha tenido una reacción moderada con Huawei. En su rueda de prensa diaria, el portavoz de Asuntos Exteriores, Lu Kang, indicó únicamente que Pekín “presta atención al desarrollo de la situación” y “apoyará a las empresas chinas para defender sus derechos legítimos mediante vías legales”.
La relativa moderación ha sido, hasta ahora, la tónica de las respuestas de Pekín. Quizá por no empeorar la situación, quizá por ganar tiempo mientras estudia alternativas. O quizá porque, como han dibujado sus medios de comunicación estatales, su estrategia es presentarse como un Gobierno poco deseoso de tomar medidas drásticas, pero que no esquivará adoptarlas si lo ve necesario, y que está dispuesto a un enfrentamiento de largo plazo.
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