Una acción de protesta ante el Palacio Nacional por la desaparición de los 43 estudiantes.Luis Antonio Rojas (Bloomberg)
A los tres días de llegar al poder, Andrés Manuel López Obrador creó en diciembre de 2018 la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia con el objetivo de esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Había sido una de sus grandes promesas de campaña y confirmaba la voluntad del nuevo gobierno en convertir uno de los casos más traumáticos del México reciente en la bandera de sus políticas de combate contra la impunidad. Durante estos casi cuatro años, el trabajo conjunto de la comisión y una unidad especial de la Fiscalía, creada específicamente para investigar los hechos, ha dado un vuelco a la versión oficial de lo sucedido aquella oscura noche del 26 de septiembre de 2014.
El fiscal del gobierno priista de entonces está en la cárcel acusado de orquestar un montaje para cerrar apresuradamente el caso. También hay altos mandos militares en prisión por, presuntamente, participar en el asesinato de los muchachos en alianza con el crimen organizado. Durante el último mes se han precipitado los acontecimientos y el Gobierno ha dicho explícitamente que “fue un crimen de Estado”. Pero en paralelo a estos avances, también se ha estado librando una guerra interna en la Fiscalía, con el polémico titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero, de nuevo en el centro de huracán. Una disputa que amenaza con descarrilar los resultados de la línea de investigación consolidada durante los últimos años
Enfrentado con Gertz y tras una sucesión de presiones y desencuentros, el fiscal especial encargado del caso, Omar Gómez Trejo, ha presentado esta semana su renuncia. La cúpula de la Fiscalía ha ido vaciando de poder a la llamada Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) y ha asumido las riendas debido a supuestas diferencias en la estrategia procesal, aunque las razones concretas que han motivado el movimiento no están todavía demasiado claras.
En el centro de la disputa aparece de momento la detención de Jesús Murillo Karam, el procurador general encargado de la investigación durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, que tuvo en Ayotzinapa una de las mayores crisis de su sexenio. El actual fiscal, Gertz, exigió celeridad a su subordinado en la actuación contra Murillo. El fiscal especial pidió mas tiempo a su jefe para amarrar mejor la acusación. La respuestas de Gertz fue apartarle del caso. A mediados de agosto el exprocurador era finalmente detenido acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia. En los últimos días, Murillo ya ha logrado un primer amparo judicial para aplazar el inicio de su juicio.
“Muchas presiones desde muchas partes”
El presidente López Obrador ha salido al paso de la polémica durante su rueda de prensa matutina de este martes en lo que puede interpretarse como un capote a Gertz. “El fiscal especial se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión. Hubo diferencias en eso. Pero yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión”. El mandatario aprovechó también para lanzar un mensaje a los padres de los estudiantes: “Tengan confianza en nosotros porque vamos a continuar con la investigación. Estamos recibiendo presiones, muchas presiones de todo tipo y desde muchas partes, pero vamos a hacer justicia”.
López Obrador no ha especificado el origen ni la intensidad de las presiones a las que se ha referido este martes por primera vez. Durante el inicio de la investigación por parte de su Gobierno, el cerco ya se había estrechado sobre los responsables de la antigua fiscalía priista. La novedad y el punto más delicado de los últimos avances es la aparición en escena de los militares del cuartel de Iguala, la ciudad donde sucedieron los hechos. Hasta ahora su responsabilidad se había apuntado lateralmente bajó la fórmula de la omisión de socorro a los estudiantes: supieron y no actuaron. Pero hace apenas un mes, el Gobierno acusó al comandante José Rodríguez, máximo responsable del cuartel, a cargo de cientos de soldados, de ordenar el asesinato de seis de los muchachos.
El comandante Rodríguez, retirado hace cuatro años, se entregó voluntariamente tras conocer las acusaciones y permanece en una prisión militar. En este contexto, la intervención directa del fiscal Gertz durante las últimas semanas coincide precisamente con el debilitamiento de la causa contra el Ejército. El 19 de agosto, la FGR informaba de que el juez había concedido 83 órdenes de captura solicitadas por la propia fiscalía, 20 de ellas contra militares. Menos de un mes después, y ya con el fiscal general a los mandos de la gestión del caso, adelantó que la dependencia había solicitado cancelar 21 de aquellas 83 detenciones, petición que el juez aceptó el 13 de septiembre. De esas 21 órdenes canceladas, 16 eran contra militares.
A medida que avanzaba el sexenio, el Ejército se ha ido consolidando como una de las columnas vertebrales del Gobierno de López Obrador, bajo la justificación de que la secretaría de Defensa (Sedena) y la Marina son el cortafuegos más fiable ante la corrupción. Se han sucedido las concesiones militares para proyectos logísticos y de infraestructura, como el caso del Tren Maya, una de las iniciativas estrella del Gobierno. En las últimas semanas, el papel del Ejército se ha reforzado aún más con el trasvase, por decreto presidencial, de la Guardia Nacional, la mayor corporación policial del país, bajo el manto de la Sedena. Además, el parlamento mexicano libra una dura batalla política por la propuesta de Morena de ampliar la presencia militar en las calles ejerciendo las labores policiales.
López Obrador anunció también este martes que tras la renuncia de Gómez Trejo, la Fiscalía nombrará en las próximas semanas al nuevo investigador especial para el caso Ayotzinapa. No especificó nada sobre el vaciamiento de poder de la UEILCA ni sobre el papel cada vez más preponderante del fiscal Gertz. Envuelto en numerosas polémicas bajo la sospecha de uso personal del Ministerio Público, el fiscal general ha contado hasta ahora con el apoyo del presidente. Así ha sucedido, por ejemplo, durante la guerra abierta que mantiene contra el exconsejero de la presidencia, Julio Scherer, que ha llegado incluso a presentar una demanda contra el fiscal por tráfico de influencias.
El conflicto, en ese caso, sucedió en el marco del pleito contra la familia política del fiscal, que finalmente se saldó con otro revés para la Fiscalía, al ver como el caso también era desechado por la Suprema Corte de Justicia. El reguero de polémicas incluye su actuación en el caso Odebrecht, sus pleitos con la Universidad de las Américas de Puebla por los derechos de propiedad intelectual o el conflicto permanente con Santiago Nieto, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera.
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