A finales de los años noventa Marbella era el salvaje oeste. Su alcalde, Jesús Gil, promovió la construcción de miles de viviendas por puro interés especulativo. Se levantaron bloques y urbanizaciones en suelos destinados a escuelas, centros de salud, una estación de autobuses o numerosas zonas verdes. El urbanismo desenfrenado tenía como base un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin redactar, que terminó aprobándose en un pleno celebrado de madrugada en 1998 y fue anulado años más tarde por los tribunales. A Gil le siguieron Julián Muñoz, Marisol Yagüe y Tomás Reñones en la alcaldía, quienes mantuvieron la frenética actividad que acabó con todos en la cárcel y el Ayuntamiento disuelto tras la Operación Malaya. En el macroproceso judicial hubo cientos de piezas separadas que fueron anulando, una a una, todas aquellas licencias urbanísticas. La ciudad se topó entonces con unas 18.000 viviendas irregulares que unos creen deben derribarse y, otros, mantener en pie. Solo un puñado han caído en dos décadas. El resto, ahí sigue.
Carmen Suárez tiene 87 años y es una de las víctimas de aquellos años. Gil promovió una torre de 12 plantas frente a su casita familiar con huertas y vistas al mar. El edificio fue declarado ilegal, pero Carmen sigue sufriendo las consecuencias. Hoy ya ni se atreve a tender la ropa en la azotea, harta de colillas, botellas y toda la basura que le lanzan desde las alturas.
“Ganamos todos los juicios, pero no sirve de nada”, dice. Su abogada, Inmaculada Gálvez, lleva batallando junto a ella 23 años, sin éxito, en el denominado caso Belmonsa. “La situación es vergonzosa y desesperante. Las sentencias de desahucio se ejecutan con rapidez y estas, que conllevan demolición, quedan olvidadas”, asegura la letrada, que libra la que es ya una lucha personal contra el sistema. Cree que hay “desobediencia” clara por parte del Ayuntamiento marbellí, dirigido por Ángeles Muñoz (PP). “Jamás han querido solucionar el problema, tampoco la Junta de Andalucía, que no asume la ejecución subsidiaria”.
La Ley dice que un acto administrativo que es consecuencia de un delito es nulo y, por tanto, centenares de licencias fueron declaradas irregulares. La Administración andaluza —que publicó en otoño de 2019 un decreto que podría regularizar más de 327.000 viviendas en toda la comunidad— asegura que ha requerido “sistemáticamente” al Ayuntamiento de Marbella “la debida ejecución de sentencias”. Sin embargo, recuerdan que en 2010 el municipio aprobó sus nuevas normas urbanísticas que servían para legalizar la inmensa mayoría de estas viviendas. El texto sustituía las demoliciones por compensaciones por parte de propietarios y promotoras, una idea rechazada por el Supremo, que en 2015 tumbó el documento porque entendió que un plan general no podía usarse para regularizar actuaciones ilegales previas. El urbanismo marbellí sigue desde entonces regido por el plan urbanístico de 1986. Las viviendas irregulares continúan ahí.
Al fiscal delegado de Medio Ambiente de la fiscalía provincial de Málaga, Fernando Benítez, le conocen como Demolition Man porque la mitad de su trabajo lo dedica a que se ejecuten las sentencias de demolición. Es obstinado y pertinaz, pero la mayoría de ayuntamientos se niegan: solo han derribado dos viviendas en tres años en toda Málaga. Con suerte, Benítez consigue su objetivo tras 10 o 15 años de insistencia. El fiscal explica que en Marbella probablemente nada acabe en el suelo porque la mayoría de condenas urbanísticas son por prevaricación y están dictadas según artículo 320 del Código Penal, que contempla prisión, multa e inhabilitación, no el derribo de lo construido. “Por razón de estricta legalidad, no se pueden tirar esas viviendas”, dice. “Pero hay más”, añade. “Sería un disparate demoler todas esas urbanizaciones donde viven cientos de personas sin que sea el propio Ayuntamiento el que considere qué se puede sostener, cambiar o tirar desde el punto de vista puramente urbanístico”, afirma Benítez, que opina que derribarlas causaría más perjuicio que de mantenerlas en pie. “Quien debe gestionar el urbanismo es el Ayuntamiento de Marbella, no el juzgado”, añade el responsable de Medio Ambiente, que cree que todo seguirá en su sitio salvo que la vía contenciosa o el consistorio lo decidan.
Indemnizaciones
Esa decisión conllevaría una responsabilidad patrimonial para el municipio, que debería indemnizar a los perjudicados, según varios juristas consultados. “Sería la ruina total para Marbella”, afirma un letrado. Enrique Sánchez, jefe de la asesoría jurídica de la ciudad durante ocho años, cree que mucho de estos edificios quedarán como asimilados fuera de ordenación: “No se tiran, pero tampoco son legales”, asegura. Por su parte, Inmaculada Gálvez sigue defendiendo que “la consecuencia inherente a la nulidad de la licencia es la demolición”. Por eso, cada mes, escribe a los tribunales para que den el paso. “¿Respuesta? Cómo el que oye llover”, dice. Marbella defiende que trabaja en la solución. En 2019 comenzó a redactar su nuevo Plan General, que buscará “encajar” las viviendas irregulares en “el nuevo modelo de ciudad”, según dijo su director general de Urbanismo, José María Morente, que en 2019 hizo un paréntesis en su trabajo municipal para dirigir durante unos meses las riendas urbanísticas de Andalucía para, más tarde, volver al Ayuntamiento. El municipio confía en que la aprobación inicial del documento —cuyo avance fue refrendado esta misma semana— se produzca a lo largo de 2021 bajo el paraguas de la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), donde aseguran que agilizará y simplificará la tramitación urbanística. Expertos jurídicos, por el contrario, creen que su casi segura aprobación tras el verano servirá para ponerse al servicio del mercado inmobiliario.
Fuentes de Ecologistas en Acción recuerdan además que Marbella se rige por un plan de hace 35 años y, sin embargo, “jamás ha parado de construir a pesar de las carencias en infraestructuras públicas”. El consistorio, de hecho, anuncia regularmente la concesión de licencias millonarias para nuevas construcciones —esta semana días confirmaron dos por 13 millones de euros— sigue apostando por las recalificaciones de suelos no urbanizables. “El urbanismo salvaje continúa. No hemos aprendido a hacer un ejercicio de sostenibilidad, solo a retorcer las normas para terminar haciendo legal lo ilegal. Hacer borrón y cuenta nueva con otro PGOU es muy peligroso”, concluyen las mismas fuentes conscientes de que la palabra demolición, en Marbella, no existe.
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