La Iglesia admite que tiene un millar de inmuebles que no son suyos

Después de un trabajo de años y decenas de reuniones de la comisión creada para este asunto, el Gobierno ha logrado que la Iglesia española admita que al menos un millar de los 35.000 bienes (20.000 de ellos lugares de culto) que inmatriculó de forma extraordinaria a partir de 1998 aprovechando la reforma de José María Aznar no son suyos. Esto es, un 2,8% del total de las inmatriculaciones son irregulares, aunque la Iglesia en ningún momento utiliza este término y en su informe se limita a señalar que ese millar son bienes que pertenecen a otras personas o no les consta que sean suyos aunque estén inmatriculados a su nombre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, se han reunido este lunes en la sede de esta organización para sellar el acuerdo por el que se inician los trámites para la devolución de ese millar de bienes a sus propietarios, y que ha quedado reflejado con claridad en un comunicado conjunto entre el Ejecutivo y la Iglesia en el que esta última admite que este millar de bienes “pertenecen a un tercero o [a la Iglesia] no le consta la titularidad sobre el mismo”.

Los edificios, entre los que hay un buen número de viviendas, pero también algunos de otros usos, como colegios y muchos terrenos rústicos y urbanos, están repartidos por toda España, pero de manera desigual. De hecho, la mitad están en Castilla y León, la comunidad que domina ampliamente el listado, con 485 del total de 965 reconocidos por la Iglesia, seguida de Cataluña, con 101. De los 965, 208 son inmuebles que, aunque estén inmatriculados a nombre de la Iglesia, pertenecen a otras personas, y 757 son bienes que a la Iglesia no le consta que sean suyos aunque figuren a su nombre en los registros. En el listado de bienes, hay 38 cementerios, 502 fincas rústicas, 151 fincas urbanas y 98 viviendas.

Este listado de inmuebles se enviará ahora a la Federación Española de Municipios y Provincias, que según el Gobierno “será quien lo distribuya a las entidades locales para proceder a la identificación del titular”. Esto es, aún queda un proceso, pero este acuerdo implica que, por primera vez desde 1998, cuando un decreto del PP facilitó la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia católica a través de un procedimiento especial por el que solo hacía falta una certificación eclesiástica, algunos de ellos empiezan el camino para volver a sus dueños originales o a sus herederos. Lo más probable es que sean los propios ayuntamientos los que se queden la mayoría de estos bienes.

Entre 1998 y 2015, según los datos del Gobierno, la Iglesia católica inmatriculó 34.961 bienes con estas facilidades que le dio la reforma de José María Aznar y se mantuvieron después con Ejecutivos del PSOE y de nuevo del PP. Durante ese periodo, varias organizaciones civiles exigieron regularmente la devolución de los bienes apropiados de forma irregular, y reclamaron que la ley franquista que permitía a los obispos registrar fincas solo con su palabra, como si fueran fedatarios públicos, fuera llevada al Constitucional. Al final, después de un largo trabajo de criba, la Iglesia reconoce de momento que 965 de esas 34.961 inmatriculaciones (un 2,8%) no están correctas y se compromete a “facilitar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder”.

En 2017, cuando el asunto se convirtió en una cuestión relevante políticamente, el Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa del PSOE, entonces en la oposición, en la que instaba al Ejecutivo a elaborar un listado de estos bienes. Tras la moción de censura de 2018, el nuevo Gobierno del PSOE reactivó el asunto, que siguió con la coalición, y en febrero de 2021 el Ejecutivo envió al Congreso de los Diputados el listado de los 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1995 y 2015. De ellos, un total de 20.014 figuran como lugares de culto y 14.947 tendrían otros destinos. Entre estos últimos se ha buscado con mucho más detalle y el resultado de la primera criba son ese millar de bienes que la Iglesia reconoce que no son suyos.

Esta es la distribución territorial de las propiedades que la Iglesia admite que no son suyas:

El trabajo lo impulsó Carmen Calvo, como vicepresidenta primera, y lo reactivó Félix Bolaños, su sucesor al frente del Ministerio de Presidencia, cuando fue nombrado el verano pasado. Bolaños instó entonces a la Conferencia Episcopal a tener un listado preparado antes de terminar 2021. Eso hizo que se intensificaran los trabajos de la comisión de inmatriculaciones, que ha tenido muchas reuniones antes de llegar a este listado. La semana pasada, el 18 de enero, Bolaños se reunió con Omella y este fue uno de los asuntos centrales de la cita, con los trabajos muy avanzados. Y ahora el acuerdo se cierra con la reunión entre Sánchez y Omella en la Conferencia Episcopal. En cualquier caso, los trabajos no han terminado. De hecho, según el Gobierno, ya se han detectado 73 bienes adicionales a estos 965 “de los que existen informaciones incompletas o contradictorias y que requieren mayor grado de estudio”. Por tanto, ahora la comisión seguirá con esos 73 bienes y analizará todos los demás.

El acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia implica que las diócesis se comprometen a facilitar los procesos de devolución de estos inmuebles que según la investigación están a nombre de otras personas a pesar de estar inmatriculados o que no conste que pertenezcan realmente a la organización religiosa. En cualquier caso, este pacto y su escenificación con una reunión entre Omella y Sánchez muestran un claro acercamiento entre la Iglesia española y el Gobierno en un momento en el que la coalición aplaude la línea seguida por el papa Francisco, que recibió hace poco a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Asuntos pendientes

El Ejecutivo está buscando una buena relación con la Iglesia aunque hay varios puntos de discrepancia entre ellos. Uno de los más delicados es la cuestión de la fiscalidad de la institución, en especial su exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que el Gobierno quiere revertir. También hay un asunto muy sensible que se trató en la última reunión la semana pasada entre Bolaños y Omella, los casos de abusos a menores confirmados en el seno de esta organización durante decenios. En esa reunión, según el Ejecutivo, Bolaños se interesó por las actuaciones que está llevando a cabo la Iglesia española para investigar estos abusos y “trasladó la preocupación del Gobierno por que todos los casos se resuelvan y se aclaren lo antes posible”.

Lo que no parece avanzar entre el Ejecutivo y la Iglesia es el compromiso de los socialistas, expresado en el último congreso del PSOE, de trabajar para “revisar”, con acuerdo con la Conferencia Episcopal, los acuerdos con el Vaticano y el concordato, anterior a la Constitución, “en el marco de los valores y principios de la democracia constitucional”, según señala la ponencia aprobada. Este asunto siempre está encima de la mesa en este tipo de reuniones, porque es una posición oficial del PSOE, pero ni la Iglesia tiene ninguna intención de avanzar en esa línea ni Sánchez ni Bolaños lo colocan como una prioridad en la agenda con la Conferencia Episcopal. El foco se concentra en las inmatriculaciones, donde ya hay un primer acuerdo, y en la discusión sobre la fiscalidad de la Iglesia, donde aún no hay nada concreto, pero se sigue trabajando.