Donald Trump ha sido imputado este jueves por el manejo de documentos clasificados. El republicano, quien busca volver a la Casa Blanca en 2024, se ha convertido en el primer expresidente que enfrenta cargos criminales por delitos federales en Estados Unidos. El proceso judicial engrosa una larga lista que el polémico político arrastra por los tribunales. Su eventual nueva carrera a la presidencia ha sido puesta a prueba por un gran jurado. Esta es una variación al tradicional sistema de cortes que acostumbramos a ver en las películas y series estadounidenses. Esta vía suele traducirse para la Fiscalía en imputaciones en el 95% de los casos.
La acusación contra Trump, la segunda en lo que va de 2023, ha provocado ondas sísmicas en la política estadounidense. Sobre todo entre el Partido Republicano. El californiano Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de Representantes, ha criticado la acción, dada a conocer en por el expresidente en su red social, Truth Social. “Es poco razonable que el presidente impute al candidato líder de la oposición”, escribió en Twitter el congresista.
En realidad, los nuevos problemas judiciales de Trump han sido producto de un gran jurado reunido en Miami. A diferencia de los juicios comunes, compuestos por un juez, 12 miembros del jurado, la acusación (fiscalía) y la defensa, la imputación ha sido decidida por un panel integrado por 23 personas. Al menos doce han tenido que votar en favor de acusar al exmandatario con, supuestamente, siete cargos de conspiración, obstrucción a la justicia, retención dolosa de documentos de seguridad nacional y violaciones a la ley de espionaje. Trump podría ser condenado a varios años de prisión de ser hallado culpable. El político, por el momento, debe comparecer el martes a las 15.00 en una corte de distrito de la ciudad.
Las imputaciones producto de un gran jurado suelen ser polémicas. Sobre todo porque la acusación se decide bajo completo secreto, algo que contrasta con la absoluta transparencia a la que aspiran los procedimientos llevados en los tribunales. Las sesiones de gran jurado se realizan a lo largo de un periodo más largo, que puede ser de entre 18 a 36 meses. Durante este tiempo, un fiscal, en este caso el especialmente designado Jack Smith, expone las pruebas que han podido obtener para sustentar la acusación. En esta ocasión han sido los testimonios de los testigos, imágenes de las cámaras de seguridad de la mansión de Trump en Florida, Mar-a-Lago, y otra evidencia documental. Los integrantes del jurado se reúnen al menos una vez por semana o un par de ocasiones al mes para evaluar estos elementos.
Todo esto se desarrolla a puerta cerrada. No están presenten en el proceso un juez ni un abogado defensor del acusado. A diferencia de los juicios ordinarios, donde la Fiscalía debe probar el caso más allá de la duda razonable, el objetivo de los fiscales es convencer a la mayoría del gran jurado de que tienen un caso suficientemente sólido para lograr una condena en un tribunal y ante un juez, un proceso que puede tardar meses y hasta años. Según la Oficina de Estadísticas del Departamento de Justicia, entre el 95 y el 99% de los casos expuestos frente a un gran jurado se obtiene una imputación.
Este alto porcentaje hace que el procedimiento sea criticado. En marzo, cuando se supo que Trump había sido acusado por pagar por el silencio de la actriz pornográfica conocida como Stormy Daniels, el exvicepresidente Mike Pence recordó un viejo dicho popular en las facultades de Derecho. “Se puede imputar a un sándwich de jamón”, dijo en la CNN quien intenta hacerse con la candidatura republicana de 2024. Las palabras del exgobernador de Indiana al periodista Wolf Blitzer subrayaban lo fácil que es obtener una acusación vía el gran jurado.
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Ahora comienza la tarea más ardua para la Fiscalía, que debe preparar el tránsito de su caso, ahora sí, por un tribunal. De momento, Trump debe comparecer ante un juez la próxima semana. El magistrado determinará en esa audiencia las condiciones para que el expresidente lleve en proceso en libertad. Después de eso, la acusación encabezada por Smith debe compartir con los abogados del aspirante a la Casa Blanca las pruebas en su contra. En los próximos 70 días debe fijarse una fecha para el proceso, que no descarrila las ambiciones de Trump de recuperar el poder.
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