Rosa García creía estar preparada para recibir la triste noticia del fallecimiento de su madre anciana. “¿Que por ley de vida tenía que morir? Claro. Pero pensaba que sería una muerte normal”.
Hace casi tres años, su madre de 96 años salió sola de la residencia pública donde vivía, en un pequeño pueblo 60 kilómetros al oeste de Madrid capital, Villa del Prado. A pesar de que sus frágiles brazos le impedían mover por sí sola su silla de ruedas, Doña Rosa Rodríguez cruzó las puertas de cristal automáticas, recorrió un rellano de unos 20 metros, cayó por una rampa empinada y chocó contra un muro de cemento. Esto pasó a la hora del almuerzo, mientras las cuidadoras trasladaban a los mayores desde las habitaciones hasta el comedor. Supuestamente, Doña Rosa hizo ese recorrido sola y sin que nadie la interceptara a pesar de que los informes de seguimiento que los especialistas de la residencia rellenaron durante años indican que era incapaz de “autopropulsar” la silla.
De nada sirvieron las atenciones médicas en el hospital. Doña Rosa perdió la vida poco más de 24 horas después de su ingreso.
Fue el 10 de abril de 2019, una fecha simbólica porque ese mismo día salió a la luz un caso de maltrato en una residencia de la capital gracias a que un hombre grabó con cámara oculta las vejaciones y agresiones físicas que sufría su madre. Aquella noticia conmocionó a España y suscitó un debate sobre la calidad de la atención en las residencias de mayores, un sector muy lucrativo que tiene entre manos una tarea muy delicada. Sin embargo, este otro suceso en Villa del Prado ha sido desconocido por la opinión pública hasta hoy. Cinco cuidadoras están siendo investigadas en el juzgado de instrucción número 4 de Navalcarnero en una causa en la que está personada la Fiscalía de Madrid.
La hija de Doña Rosa ha accedido a hablar con este periódico sobre lo sucedido porque se le revuelve el estómago cada vez que ve noticias sobre injusticias en las residencias de mayores. Al recordar el accidente de su madre durante un encuentro en un bar de Móstoles esta mujer de 63 años rompe a llorar: “No te puedes imaginar lo que duele ver a una persona que quieres así. Un médico del hospital me dijo que reciben a personas mayores de residencias con accidentes incomprensibles, pero lo de mi madre no era normal. Me dijo ‘denuncia esto’”.
Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete
A pesar de la muerte trágica de su madre, nada ha cambiado en esta residencia propiedad de la Comunidad de Madrid y gestionada desde 2012 por un gigante empresarial, la constructora Sacyr, que tiene una filial dedicada al cuidado de mayores, Sacyr Social. La Comunidad conoce los hechos investigados, pero en abril del año pasado renovó el contrato a Sacyr por 5,4 millones de euros que serán abonados a la empresa hasta abril de 2023. Sacyr tampoco ha adoptado ninguna medida disciplinaria contra las trabajadoras.
Sorprendentemente, la Comunidad ha renovado su confianza en Sacyr a pesar de que muy poco antes de la muerte de Doña Rosa detectó que en esa residencia faltaban trabajadores, según expedientes de sanción a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Solo 14 días antes del suceso, el 27 de marzo de 2019, uno de los inspectores de la Consejería de Política Social había descubierto que esta residencia de 120 plazas no cumplía con lo acordado en el contrato con respecto al número de empleados. Y en otra visita el 18 de diciembre de 2018 también habían detectado el mismo problema. La empresa fue sancionada a pagar más de 7.000 euros.
El día fatídico, a Rosa le dijeron por teléfono que su madre se había caído, pero no dieron más detalle. Ella se encontraba descansando en su casa de campo de Almorox, a 15 minutos, y de inmediato se subió a su coche. Llegó a la residencia justo cuando la ambulancia salía por la puerta. Se montó en el vehículo sanitario y vio el rostro ensangrentado de su madre. Los enfermeros le revelaron lo que había pasado.
En la ambulancia agarrando la mano de su madre supo que no iba a sobrevivir. Rosa ha sido enfermera durante casi 40 años y dedujo acertadamente que su madre estaba sufriendo una hemorragia cerebral. La madre aún tenía consciencia. Ya no hablaba, pero con la mano derecha trataba de quitarse los esparadrapos en nariz y frente.
Tras varias semanas de dolor y tras hablarlo con sus tres hijos, decidieron poner una querella por homicidio imprudente. Pensaron en revelarlo a la prensa, pero finalmente decidieron que no lo harían. Rosa estuvo tentada al ver en la tele los teléfonos de denuncias de los programas matutinos. “Me lo pensé, pero no sabía qué tratamiento le iban a dar al tema”. Desgraciadamente también influyó la percepción que tienen muchos ciudadanos de que la prensa es partidista: “Si tú eres de un medio que entiende que esto puede atacar a [la presidenta Isabel Díaz] Ayuso, pues a lo mejor te lo callas. Y si eres del otro bando, pues a lo mejor lo agrandas”.
Así las cosas, todo quedó en silencio. Ni la Fiscalía, ni la Comunidad de Madrid revelaron nada. En el pueblo de Villa del Prado, de algo más de 6.600 habitantes, corrió el rumor pero nadie estaba seguro. Cuentan que la residencia es un mundo hermético y misterioso. Quienes saben lo sucedido callan porque les conviene: las trabajadoras para conservar su empleo y los familiares para no perjudicar a sus mayores. Además, muchos ni se enteraron. Como pasa en la inmensa mayoría de las residencias, en el hogar de mayores de Villa del Prado no existe un consejo de usuarios, un órgano demandado por la asociación madrileña de familias Pladigmare para mejorar la transparencia.
Oferta de la empresa
Hace algo más de un año el abogado de Rosa, Sergio Mellado, le avisó de que Sacyr se había comunicado con él para ofrecer a la familia de la fallecida una indemnización de casi 100.000 euros a condición de que retiraran la querella. Lo primero que hizo Rosa fue rechazar la oferta, porque quería justicia. Su madre no había tenido una muerte digna. Pero el letrado le advirtió de que podían perder el juicio y quedarse sin nada. Ella también pensó en la pena que sentía por las cuidadoras. “Mi abogado me dijo que las trabajadoras podían pasar hasta tres años en la cárcel y a mí eso me tiró para atrás, sobre todo por la persona que está en la recepción. ¿Cómo voy a mandar yo a la cárcel a esa criaturita?”.
Rosa no echa la culpa a las trabajadoras, sino a la empresa y a la directora, Begoña Hinojosa. “Yo he estado trabajando 40 años en un hospital público y sé que ellas lo están dando todo, porque tienen en sus manos a personas y no a objetos. Sé bien lo que es trabajar con escasez de recursos y con la presión de hacer bien tu trabajo”. Hinojosa no ha contestado a una solicitud de entrevista.
Tras el acuerdo, los familiares desistieron de la querella y el abogado de las trabajadoras solicitó el sobreseimiento de la causa, pero la Fiscalía se opuso, por lo que el proceso sigue su curso.
Sacyr hizo su propia investigación de los hechos, pero no sancionó a las trabajadoras, al considerar que no se podía acreditar que hubieran incurrido en responsabilidad alguna, según responde por correo electrónico un portavoz. “Siguiendo su normativa interna de cumplimiento, en función de cómo se desarrolle el proceso judicial, la empresa tomará o no nuevas decisiones sobre este caso”, añade.
La Comunidad de Madrid explica que renovó el contrato de gestión indirecta de Sacyr, porque durante 2020 y 2021 la Consejería de Política Social ha prorrogado una gran parte de las concesiones de este tipo. En total hay 18 residencias públicas gestionadas por empresas privadas en una región donde a final de 2021 había 473 hogares de mayores activos. Este grupo de residencias bajo ese modelo de gestión indirecta son vistas como las ovejas negras del sector porque acumulan un alto número de sanciones. Los críticos denuncian que las concesiones por pocos años disuaden a las empresas ganadoras de hacer inversiones a largo plazo para mejorar la atención.
El portavoz de la Consejería considera que Sacyr Social estaba haciendo un trabajo óptimo, a pesar de la trágica muerte de Doña Rosa y de las sanciones que su Gobierno impuso a la empresa por escasez de trabajadores: “Lo lógico era prorrogar un contrato que no sólo podía prorrogarse sino que, además, funcionaba y funciona relativamente bien”.
Este portavoz agrega que “no se puede penalizar el servicio por un hecho que no ha sido juzgado”.
Rosa lleva casi tres años pensando en esta tragedia. Ella conoce bien la residencia, porque visitaba a su madre con mucha frecuencia desde que ingresó allí en 2016 tras romperse la cadera. Allí dentro, recuerda, ocurrían muchas irregularidades: a su madre le desaparecía la ropa y a veces la aparcaban en un sillón, aislada. Apenas había trabajadores para tantos residentes. Vecinos del pueblo hablaban de abuelos con alzheimer que salían de la residencia y deambulaban perdidos por las calles.
Le da rabia no haber podido estar allí ese día a la hora del almuerzo. Su madre probablemente quedó deslumbrada por el sol, triste y sola: “Yo llevaba tres días sin ir a verla y estaría buscándome”.
¿Tienes más información? Contacta al autor de este reportaje en su correo fpeinado@elpais.es
Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.
Source link