En dos semanas se cumplirá un año desde que el president Quim Torra, ahora inhabilitado, dio por amortizada la legislatura catalana y la relación con sus socios de ERC, y anunció unas elecciones que nunca convocó. El Govern vive desde entonces en una constante inestabilidad política, con el coronavirus de fondo. Este viernes supo que prolongará esta situación 15 semanas más. El Govern pactó con la mayoría de los partidos, salvo el PSC, aplazar las elecciones del 14 de febrero al 30 de mayo por la situación de la pandemia y el aumento de los contagios. El cambio de fecha dificulta el trámite de unos presupuestos para este año.
Inicialmente el PSC se opuso a cualquier cambio de la fecha electoral, aunque en el último momento se abrió a llevar los comicios hasta marzo, un aplazamiento juzgado insuficiente por el resto de partidos. Las elecciones en Cataluña se habían convocado de manera automática el pasado 21 de diciembre, después de que se cumplieran los plazos del Parlament para elegir a un nuevo jefe del Govern tras la inhabilitación de Torra. La decisión del independentismo de dejar su silla vacía para denunciar la supuesta represión del Estado terminó por añadir más tiempo de espera a un mandato ya agónico, en el que ni la gestión de la crisis del coronavirus ha impedido que Junts per Catalunya y ERC tengan una tregua en su lucha por la hegemonía política.
La fecha del 14 de febrero, en pleno invierno, se ofrecía problemática por la incertidumbre que generaba la emergencia sanitaria. Pero el escenario terminó siendo peor de lo esperado y la campaña y la jornada electoral terminaron, según los escenarios de evolución de la pandemia, solapándose con el pico de contagios y tensión en las UCI de la tercera ola de la covid-19.
En diciembre del año pasado, el Govern se mostró partidario de pactar con los partidos las condiciones de la celebración de las elecciones y creó una mesa de estudio con los partidos que tienen representación parlamentaria. A ese foro llegaron, el pasado lunes, las previsiones de evolución del virus y el conflicto no tardó en saltar. Las formaciones y el Ejecutivo que lidera de manera interina Pere Aragonès (ERC) se comprometieron a que un eventual aplazamiento solo respondiera a criterios sanitarios. Incluso este viernes se repetían las acusaciones mutuas de que era el cálculo electoral el que movía las decisiones.
Aragonès, siempre con un ojo puesto en lo que sucedió en Galicia y el País Vasco el año pasado —allí también se aplazaron las elecciones por la pandemia—, insistía en la necesidad de llegar a un “consenso” con el resto de partidos para intentar blindar al menos políticamente un cambio de calendario que la ley electoral no recoge. Ese acuerdo, sin embargo, va en contra de los cálculos de unos y de otros, empezando por la propia Esquerra Republicana, que ve cómo en los últimos sondeos Junts y el PSC se le acercan.
La posición más incómoda es la de los socialistas catalanes, que desde el pasado lunes se quedaron solos defendiendo que los comicios se celebraran tal y como estaban planeados. El ministro de Sanidad y cabeza de cartel del PSC, Salvador Illa, había dicho que abandonaría el ministerio una vez comenzara la campaña y ahora ve ampliado ese periodo de tiempo, con el desgaste que puede suponer y la pérdida de impacto por su reciente candidatura.
El resto de formaciones criticaron al PSC por desoír las recomendaciones epidemiológicas, pero Iceta cree que son ellos los que se equivocan en el análisis. “Ningún experto solvente firma previsiones a más de cuatro o cinco semanas vista”, dijo este vienes para justificar que era mejor votar antes de Semana Santa que en mayo. “Sea como sea, la dinámica de cambio es imparable y la victoria de Illa se producirá el 30 de mayo como se hubiera producido el 14 de febrero, si no con más margen”, apostilló Iceta, solo dos días después de que desde el Gobierno se alertara de la falta de aval legal de un cambio de fecha.
Consenso amplio
El Govern logró finalmente exhibir este viernes un consenso amplio, pero no total —algo que si ocurrió en Galicia y el País Vasco— para lograr mover los comicios. La nueva fecha se justifica por dos razones. Primero, porque para finales de mayo se garantizará una horquilla de vacunación en Cataluña de entre el 9% y 30% y unas condiciones climáticas que dificultan la propagación del virus. Por otro lado, se cumple con los 54 días de plazo mínimo que fija la normativa electoral.
Pese a que la fecha ya está recogida en el decreto que este viernes aprobó el Ejecutivo catalán, los comicios aún no están convocados de manera formal, algo que sucederá en abril. El PSC no cierra la puerta a recurrir judicialmente sobre un cambio de calendario que no ve como una mera modificación de fecha si no como “un cambio en las reglas de juego”. Como ya ocurrió en el caso gallego y vasco, el Govern opta por regresar a la casilla de salida de todo el proceso electoral y, por ejemplo, se tendrán que volver a formalizar las candidaturas y actualizar el censo. El Ejecutivo quiere que se den por buenos algunos pasos pero que se permita, por ejemplo, que se puedan presentar nuevas candidaturas. La Junta Electoral tendrá que pronunciarse sobre cuáles podrían ser esos cambios.
Los comunes querían que las elecciones se celebraran el día 16 de mayo, pero su líder, Jéssica Albiach, dijo que comparte el nuevo calendario. El PP, por su parte, no objetó la fecha, pero pidió que se tomen las medidas necesarias para que se pueda votar el 30 de mayo. “Era una aberración celebrar las elecciones y la campaña con las UCI abarrotadas”, defendió el líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa. “Hay que buscar maneras de asegurarse de que la nueva fecha sea firme”, agregó la diputada de Junts, Elsa Artadi.
El camino hasta un nuevo gobierno efectivo en Cataluña será largo y podría alargarse hasta el verano. Nada garantiza que la lucha partidista no derive en un bloqueo y la necesidad de repetir las elecciones. Junts y ERC se culpan mutuamente de querer pactar con el PSC, mientras que los comunes y el PDeCAT rechazan el frente amplio que proponen los republicanos. La formación de Carles Puigdemont insiste en que solo quieren un gobierno “nítidamente independentista”.
Aragonès ya advierte de que este año los recursos destinados al coronavirus serán equivalentes a los gastados en 2020. El Govern en funciones se verá obligado a tirar de modificaciones de crédito hasta terminar el mandato. La Generalitat suele preparar en septiembre las cifras para las cuentas del año siguiente. Para entonces, el nuevo Ejecutivo empezará a rodar. Quedan muchos más asuntos por desatascar: desde la renovación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales hasta, por ejemplo, la elección del Síndic de Greuges (denominación del defensor del pueblo de la comunidad autónoma de Cataluña).
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