El coronavirus devolvió a España a tiempos de la Guerra Civil. La economía se contrajo un 11% en 2020, algo inédito desde 1936, y el Gobierno, en sintonía con el empuje expansivo de las políticas europeas, desplegó un escudo social —en el que brillaron especialmente los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)—, con el que enfrentó una situación crítica. Hoy, dos años después, con la pandemia convertida en endemia gracias a la eficacia de las vacunas, el aumento desorbitado de los precios que ha acrecentado la invasión de Rusia sobre Ucrania tensiona los nudos de una red que soporta gran parte del peso de la recuperación.
Las imágenes de los lineales de los supermercados vacíos, las llamadas de auxilio de empresas y trabajadores (singularmente los del campo y los transportistas) ante el aumento de los costes energéticos que comprometían su actividad recuerdan a algunas situaciones vividas durante los peores momentos de la pandemia.
“Menos mal que se tomaron medidas entonces, porque eso permite que la situación actual no sea tan mala. Eso sí, con esta crisis se debe actuar igual para que no la paguemos los mismos de siempre”, reconoce María José Landaburu, secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), que este miércoles se manifestó conjuntamente con los sindicatos UGT y CC OO, y representantes de otras organizaciones de autónomos y consumidores por las calles de Madrid reclamando al Gobierno un plan de choque contra el alza de los precios.
“Una vez que se han controlado en mayor medida los efectos de la pandemia, la inflación y el riesgo de que se convierta en estanflación —cuando la economía se estanca y los precios se mantienen al alza—, es un torpedo en la línea de flotación de la recuperación en la que estaba inmersa España”, advierte José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea. Según el académico, este desequilibrio repentino de los costes podría provocar “una merma en los efectos que la reforma laboral estaban manifestando desde comienzos de año, tanto en materia de contratación, como en la lucha contra la temporalidad”.
Fuentes del Ministerio de Trabajo, sin embargo, consideran que la inflación no desestabilizará en marzo los buenos datos de afiliación, así como de contratación, que venían produciéndose desde comienzos de año. Tampoco pronostican un impacto negativo sobre la campaña de Semana Santa. “El mayor riesgo de esta crisis es que, a diferencia de lo que sucedió con la de la covid, que afectó directamente al empleo, ahora provoque la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, y, por tanto, afecte al bienestar de las familias. Por eso hay que evitar esa pérdida de poder adquisitivo”, señalan.
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Esta semana, la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido que su departamento baraja la posibilidad de incorporar dentro del Plan Nacional de Respuesta al impacto de la guerra que se aprobará en el Consejo de Ministros de mañana, prohibir los despidos objetivos motivados por la inflación, igual que se impidieron durante la pandemia por razones sanitarias; y que también estudia maneras de restringir rebajas salariales. “Creo que ese sería el camino, de acuerdo con la buena experiencia hemos tenido con la pandemia. Igual que recurrir a los ERTE, ahora que ya tenemos el Mecanismo RED preparado”, indica Carlos Martín, director del Gabinete económico de CC OO.
Más allá del amparo de los ERTE o de los efectos de la reforma laboral, los vectores más sociales del escudo anticrisis diseñado por el Gobierno se dirigieron a desplegar del Ingreso Mínimo Vital (IMV), y a ajustar progresivamente el salario mínimo interprofesional (SMI), ahora en 1.000 euros mensuales repartidos en 14 pagas, hasta que en 2023 represente el 60% del salario medio. Mientras que el IMV ha ido readaptándose tras manifestarse complicaciones en su tramitación y sigue tratando de expandirse, el SMI corre el riesgo de perder esa representatividad frente al nuevo tablero de precios. “Con el salario mínimo debería producirse una subida acorde con la de los demás salarios, porque de lo contrario podríamos encontrarnos en 2023 (para cuando está proyectado ese acompasamiento del 60%) con que hemos vuelto unos años atrás, ahora que estábamos empezando a normalizarlo”, añade Martín.
Dentro del paquete de medidas para combatir la inflación que el Gobierno acordará el martes, la renovación del Acuerdo para la defensa del Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que sindicatos y patronales negocian bilateralmente tendrá un peso especial. “Es necesario que ambos moderen sus expectativas salariales para que no se alimente de una forma claramente negativa la dinámica inflacionista en la que nos encontramos”, sugiere el profesor Corrales. Según reconocen fuentes presentes en la negociación, la hoja de ruta sobre la que se trabaja proyecta una subida moderada para 2022, y la recuperación en los dos próximos años del poder adquisitivo perdido por medio de la incorporación de cláusulas de revisión.
La incertidumbre acerca de cuándo y con qué efectos concluirá la invasión rusa sobre Ucrania eriza aún más la piel a empresarios, trabajadores y familias, y aumenta la presión sobre el Gobierno. “Afortunadamente, España sigue contando con unos fondos europeos a los que puede recurrir”, concluye el profesor Corrales.
Las pensiones, aseguradas pese al bum
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, por su parte, ha garantizado la viabilidad de las pensiones, independientemente de cuál sea la evolución de los precios a final de año. “Los pensionistas tienen asegurado su poder adquisitivo indefinidamente con la ley vigente desde el 1 de enero. No vamos a estar reevaluándolo cada tres meses, no tiene ningún sentido”, señaló en una entrevista en La 1.
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