La investigación judicial a tres partidos opositores suscita recelos en Túnez

La revolución de 2011 en Túnez transformó muchas dinámicas de funcionamiento internas en el país magrebí, pero otras permanecieron casi intactas. Entre ellas, la politización de la justicia y las sospechas de que las investigaciones por corrupción ocultan a menudo un trasfondo político. Por esta razón, ha suscitado suspicacias en algunos sectores que la prensa tunecina publicara este miércoles la existencia de investigaciones por corrupción en marcha contra varios partidos, cuando hace solo unos días que el presidente, Kais Said, abrió una crisis constitucional al destituir al primer ministro y suspender el Parlamento un mes.

La investigación que ha atraído un mayor interés es la relativa a la presunta financiación extranjera —prohibida por la ley— de las campañas de los partidos Aish Tunsi; Qalb Tunis, el segundo con más diputados en el Parlamento, y Ennahda, la histórica formación islamista y fuerza dominante en el legislativo tras las elecciones de 2019. Estos dos últimos partidos se han manifestado críticos con las medidas excepcionales de Said, que Ennahda ha llegado a calificar de golpe de Estado.

El pasado domingo, el jefe de Estado se arrogó plenos poderes en medio de protestas sociales al acogerse a una dudosa interpretación del artículo 80 de la Constitución, relativo a situaciones de “peligro inminente para el país”.

Según el portavoz de la sección judicial financiera y de la Fiscalía del Estado de Túnez, Mohsen Daly, las causas sobre la supuesta financiación ilegal de los partidos se abrieron a mediados de julio, es decir, diez días antes del golpe de fuerza de Said. La diputada de Ennahda Saida Ounissi, exministra de Trabajo, se defendió ayer: “Este no es un caso nuevo. Hace referencia a la contratación en EE UU de una agencia de asesoramiento en 2019 por parte de una sección del partido que tiene una personalidad jurídica propia. Por lo tanto, ese dinero no se utilizó para financiar la campaña electoral. La justicia nos absolverá”, dijo confiada.

“En cambio, lo que sí me parece preocupante es que Kais Said pretenda asumir el cargo de fiscal general del país, porque eso abriría la puerta a juicios sumarísimos y todo tipo de purgas”, apostilló en una conversación telefónica. De hecho, entre las medidas que adoptó el jefe de Estado hace tres días figura la retirada de la inmunidad a los diputados. Los seguidores de Said, con fama de íntegro, aseguran que esta medida es necesaria para luchar contra la corrupción que gangrena el país, y a la que la transición democrática no ha puesto fin.

Este miércoles se filtró a la prensa una lista de altos cargos cesados por Said. La mayoría son personas de confianza del primer ministro destituido, Hichem Mechichi, como su influyente consejero de comunicación, Mofdi Mseddi. Sin embargo, en la lista también figura el fiscal general del Estado y director de la Justicia militar, Taoufik Laayouni. El día anterior, el Consejo Superior de la Magistratura había publicado un comunicado en el que insistía en la importancia de mantener la independencia del poder judicial.

Durante los últimos años, varios procesos judiciales han afectado a actores políticos de primer orden, que a menudo han atribuido sus problemas legales a maniobras de sus adversarios. Nabil Karoui, líder de Qalb Tunis y adversario de Said en la segunda ronda de las últimas presidenciales, fue encarcelado al inicio de la campaña acusado de fraude fiscal y blanqueo de dinero. Anteriormente, tanto el ex primer ministro Elias Fajfaj como el antiguo responsable de Finanzas Fadel Abdelkafy se vieron obligados a dimitir por dos supuestos escándalos de corrupción. Otro proceso que hizo correr ríos de tinta es el referente a los asesinatos en 2013 de los políticos progresistas Chokri Belaid y Mohamed Brahmi. Sus allegados insisten en que Ennahda, que entonces ocupaba el Gobierno, estuvo implicada, pero que su presión sobre los jueces ha evitado una investigación a fondo.

“Hemos constatado una fuerte interferencia entre la justicia y la política en Túnez, lo que se halla en el origen de campañas contra los jueces por su ideología política. Hemos de parar estas campañas”, declaraba recientemente al diario La Presse Amira Amir, presidenta del Sindicato de Magistrados Tunecinos.