Manifestación del 8-M, a su paso por Cibeles, en Madrid.Samuel SanchezLa Abogacía del Estado ha movido ficha y ha conseguido que la juez del caso 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, solicite a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital información sobre todos los “eventos colectivos o masivos, públicos o privados (deportivos, ferias o cualesquiera otros)”, que se celebraron en la región durante la fase de expansión del coronavirus. Según consta en un escrito dictado el pasado martes y que otorga 48 horas a los dos organismos para aportar la documentación, la magistrada tendrá así a su disposición datos sobre las decisiones tomadas también en ambas instituciones, gobernadas por el PP, sobre convocatorias de actos en las fechas investigadas. Y podrá compararlos.La magistrada, que trata de averiguar si la Delegación del Gobierno en la Comunidad permitió movilizaciones cuando ya se tenían suficientes datos para impedirlas por motivos sanitarios, pide a los Gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida toda la información sobre eventos celebrados entre el 5 y 9 de marzo “con su autorización o conocimiento en el ámbito de sus competencias”.Según el escrito, avanzado por el diario digital Vozpopuli, la juez quiere saber la fecha y el aforo o número de asistentes; “así como si algún evento fue suspendido o cancelado por motivos sanitarios relacionados con la covid-19”. “Y, en tal caso, fecha y documento que acredite tal extremo”, apostilla la instructora, que da de plazo para entregar la documentación hasta las 18.00 de este jueves.La Fiscalía vuelve a la cargaA la espera de recibir esa información, el ministerio público también toma la iniciativa. En otro escrito presentado este miércoles, recurre el auto de la juez que denegaba el archivo de la causa. La Fiscalía mantiene que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del delegado del Gobierno y único imputado en la causa por un delito de prevaricación, José Manuel Franco, ya que no se le ha dado respuesta a los recursos que iba tramitando contra las distintas resoluciones que adoptaba la magistrada —al encontrarse los plazos procesales suspendidos por el decreto del estado de alarma—.“Se generó una situación de indefensión. Habida cuenta de que dicha suspensión se alzó el 4 de junio y, a día de hoy, ya existen más de 3.000 folios en la causa, circunstancia que pone en evidencia que esta se está instruyendo sin posibilidad de que se tramiten de forma ordinaria los recursos planteados y sin que la actividad instructora pueda ser valorada por un órgano superior con la misma celeridad que la instrucción”, afirma la Fiscalía, que reprocha a Rodríguez-Medel que ha quedado “de facto, cercenado el derecho a acudir de forma inmediata a órganos superiores”. De hecho, la Abogacía del Estado recurrió a la Audiencia Provincial el auto inicial que abrió la investigación, pero la juez lo mantuvo paralizado en su juzgado a la espera de que levantara la suspensión de plazos para elevarlo. “¿Cómo puede imputarse a la Fiscalía la paralización de los recursos?”, añade el ministerio público, que subraya también “la celeridad que se ha imprimido a la instrucción”.Todos estos escritos de la Fiscalía y la juez se conocen después de que el delegado del Gobierno acudiera el miércoles al juzgado para declarar. El dirigente socialista insistió durante su comparecencia que siempre actuó “conforme a la ley”. “No había en aquel momento ningún elemento que me llevase a prohibir un derecho fundamental como es el derecho a manifestación”, subrayo el político. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado el archivo de una investigación que dejará este jueves la imagen de 15 nuevos testigos desfilando por el juzgado.
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