Javier A. M., el cirujano que operó a Sara Gómez Sánchez, la mujer que falleció en Cartagena tras someterse a una lipoescultura —o liposucción—, ha acudido este miércoles a declarar en los juzgados de la ciudad portuaria. Lo ha hecho un día después de que la titular del juzgado de instrucción número 2 de Cartagena, en funciones de guardia, acordara este martes su localización, detención y puesta a disposición judicial dado que no se había presentado a declarar como investigado tras una denuncia por homicidio por imprudencia. La jueza ha acordado la prohibición de salida del territorio nacional del investigado y le ha retenido el pasaporte, bajo el apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia. La familia de la fallecida había pedido además que se apartara al doctor de la profesión, cosa que la magistrada no ha hecho.
Pablo Martínez, abogado del cirujano, señala que su cliente no se presentó porque no se le había entregado la citación judicial al encontrarse fuera de España, pero que volvió en cuanto le fue posible y se puso inmediatamente a disposición de la justicia. Martínez destaca que el tribunal ha rechazado las medidas cautelares de inhabilitación que solicitaba la familia de la fallecida.
De hecho, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la magistrada no se pronuncia sobre la inhabilitación del facultativo, como pretendía la acusación particular, al entender que una suspensión del ejercicio de la profesión solo está prevista en derecho penal como pena tras una condena —el auto cita las penas de inhabilitación absoluta y de inhabilitación especial— y, por tanto, no como medidas cautelares, que además de proporcionales, han de ser excepcionales y subsidiarias.
“Al derecho administrativo le corresponde desempeñar un papel preventivo y sancionador de primer grado, y conforme al principio de intervención mínima, la sanción penal debe reservarse para aquellas conductas que pongan el bien jurídico protegido en una situación de peligro suficientemente relevante”, explica la resolución. Lo contrario supondría, según la instructora, invertir “el proceso lógico establecido en la actuación penal y en la actuación administrativa”.
Además, acuerda la inhibición a favor del juzgado del partido judicial de Cartagena que resulte competente por la fecha en la que tuvo lugar la intervención quirúrgica (2 de diciembre) que derivó en las lesiones que llevaron al fallecimiento de la mujer el pasado 1 de enero.
Según explican sus familiares, Sara Gómez Sánchez fue operada el 2 de diciembre en una clínica privada y murió el 1 de enero en el Hospital Santa Lucía, en Cartagena, al que fue trasladada después de la cirugía. La mujer, de 39 años, pasó casi un mes ingresada en la unidad de cuidados intensivos, donde entró con múltiples daños: en riñones, hígado, colon, intestino y duodeno, entre otros, informa EFE. Su familia, que ya había denunciado las lesiones por negligencia médica a la fiscalía, decidió denunciar por homicidio por imprudencia en el juzgado de guardia una vez conoció el resultado de la autopsia.
La intervención quirúrgica, contratada en la clínica Galena, duró cinco horas, tras las que se informó a la familia de que todo había ido bien, pero que la paciente había perdido líquidos y sangre, por lo que estaban estabilizándola, ya que costaba mantenerle la tensión, motivo por el que tenía que estar más tiempo en el quirófano. Más tarde se decidió su traslado al hospital público de referencia de Cartagena.
La mujer entró en urgencias con shock hipovolémico en situación de extrema gravedad. Según EFE, en el parte médico de la operación reparadora de urgencia que se le practicó se mencionan, entre otras lesiones, “necrosis de la pared abdominal, peritonitis, absceso con contenido intestinal, disección de todo el retroperitoneo derecho e izquierdo con exposición de ambos músculos psoasiliacos y congestión gastrointestinal con múltiples perforaciones”.
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