La Junta de Andalucía ha ordenado el cierre cautelar de dos residencias de mayores de la provincia de Sevilla ante las “situaciones denigrantes” detectadas en ambas, después de haber sido investigadas por los inspectores de la Administración, según ha confirmado la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz. La Fiscalía ha autorizado este cierre y ha iniciado una investigación de unos hechos que podrían ser constitutivos, entre otros, de un delito de trato vejatorio hacia las personas, tal y como ha confirmado a este diario el fiscal delegado de personas mayores y con discapacidad de Sevilla, Norberto Sotomayor. Se trata de dos centros privados que no tienen plazas concertadas con la Administración.
“Las situaciones que han descrito los testigos son dantescas”, ha señalado Sotomayor, que ya ha tomado declaración a la responsable de los dos centros de mayores: la residencia Orellana, también conocida como La Alegría, en Carmona, y San Lorenzo, en Alcalá de Guadaíra. Estas situaciones incluyen sábanas empapadas en pis que no se han cambiado en toda la noche, ausencia de agua caliente para asear a los ancianos, falta de higiene o retretes estropeados, según los vídeos que han grabado una trabajadora y una exempleada de la residencia de Carmona que han facilitado a este diario. De la información recabada por la inspección también se concluye que los mayores dormían con la ropa puesta o que se utilizaban bolsas de basura rellenas de papel como almohadas, según señalan fuentes conocedoras de la investigación.
Además del presunto maltrato, la indagación de la Fiscalía, aún en fase incipiente, también se centra en esclarecer otras posibles infracciones, como falsedad de certificados médicos, el traslado presuntamente irregular de mayores de una residencia a otra en plena pandemia, el incumplimiento en el deber de asistencia a personas con discapacidad o tener a trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo. Sotomayor explica que podrían haberse suministrado dosis distintas de medicamentos o haberse administrado falsificando la prescripción porque, según los primeros indicios, las dosis recogidas en el sistema informático del Servicio Andaluz de Salud no se corresponden con el contenido de algunos pastilleros.
Noemí Perera, fisioterapeuta de ambas residencias, niega todas las acusaciones y respecto a la administración de dosis explica que “toda la medicación viene directamente de la farmacia con un sistema preparado para toda la semana”. “Es verdad que uno de los días en los que vino la inspección el termo estaba estropeado y no había agua caliente, pero al día siguiente se llamó al fontanero, nadie nos ha pedido la factura”, alega.
Perera habla en nombre de Montserrat Verdugo, titular de la residencia Orellana, en Carmona, y que gestiona, a través de un contrato de alquiler la residencia San Lorenzo, tal y como confirma su propietaria, Consuelo Roda. Ambas tienen capacidad para 25 personas, según la información que consta en el portal del CSIC, con plazas para personas autónomas y con dependencia. “Yo dejé la dirección el pasado 1 de octubre y todo en perfectas condiciones. En los 21 años que estuve al cargo nunca tuve ningún problema”, explica Roda, quien reconoce que en estos meses varios familiares y residentes la han llamado añorando los tiempos en los que ella estaba al frente, “pero sin quejarse del trato recibido, si acaso de que no hacían videollamadas semanales”, sostiene. “Después de lo que ha pasado, me piden que vuelva y mañana iré a Asuntos Sociales a ver qué puedo hacer”, indica.
Investigadas desde noviembre
La Junta ha dado un plazo de 15 días a la dirección de ambos centros para que comunique el cierre a las familias, de modo que tengan tiempo para buscarles otra residencia. Ruiz ha asegurado que la Administración pondrá a disposición plazas especiales para atender a las personas mayores que queden “en alguna situación de vulnerabilidad” o que no puedan ser debidamente atendidas por sus familiares.
Fue la llamada anónima de una trabajadora al teléfono de atención a las personas mayores de la Junta la que alertó de la situación en estas residencias. Ocurrió a mediados de noviembre. Los servicios de inspección empezaron con la investigación inmediatamente. “Tuvieron que acudir hasta de noche”, explica el fiscal Sotomayor. “A esta residencia vinieron a mediados de diciembre y comprobaron que no había agua caliente y que la comida era insuficiente”, dice una extrabajadora que, junto a otra compañera, grabó en vídeo las condiciones en las que estaban los ancianos del centro de Carmona. Ambas piden mantener el anonimato. Ya han puesto las imágenes a disposición de las autoridades.
“La situación comenzó a empeorar a mediados de noviembre, cuando nos reincorporamos después de un brote de covid. Nos encontramos que habían trasladado a 12 ancianos de otro centro, había dos personas para cuidar de 25 personas mayores todo el día”, añade la antigua empleada. Sostiene que siempre eran dos personas las que estaban al cargo de todos los usuarios del centro, lo que incluía “asearles, prepararles la comida o lavarles la ropa”. Perera indica a este diario que en esa residencia trabajan ocho personas, las mismas que en Alcalá de Guadaíra. Su propietaria, aunque ya no la gestiona, afirma que cuando ella estaba al frente, tenía 14 empleados.
Perera, que explica que ejerce como portavoz de Verdugo porque se lleva “bien con la dirección, que está pendiente de todos los trámites burocráticos y administrativos” para hacer frente a las decisiones de la Junta, niega la veracidad de los vídeos aportados por las trabajadoras, y frente a los colchones calados y picados por los orines que se observan en las imágenes y las acusaciones de escasez de comida, aporta otras grabaciones con las camas perfectamente hechas, con la nevera repleta de comida y a residentes asegurando que están “muy bien atendidos”.
Sin embargo, la consejera de Igualdad tiene una opinión bien distinta: “No voy a entrar en lo sucedido allí porque es realmente doloroso, como para cualquier persona digna”, ha afirmado esta mañana Ruiz.
Una tercera residencia en el punto de mira
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación tiene en el punto de mira una tercera residencia de la provincia de Sevilla también vinculada con Montserrat Verdugo, según fuentes de la Fiscalía. “Estamos a expensas de que el Ministerio Público nos autoricen el cierre cautelar”, ha dicho esta mañana la consejera, Rocío Ruiz. La Fiscalía investiga, entre otros asuntos, el posible intercambio de ancianos entre las tres residencias. Desde que comenzó la pandemia se han realizado 290 inspecciones en las residencias de toda Andalucía.
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