El pasado 18 de agosto, un reducido grupo de soldados asaltaba la armería de la base militar de Kati, a las afueras de Bamako, y, sin encontrar resistencia, daba inicio al cuarto golpe de Estado en la historia de Malí. Decenas de miles de personas,sobre todo jóvenes, lo celebraron en las calles por todo lo alto. La explicación a esta euforia hay que buscarla en la profundidad de una crisis de triple rostro: en materia de seguridad, con tres cuartas partes del país amenazadas por la violencia yihadista; de mal gobierno, con la corrupción gangrenándolo todo; y económica, con un país tan rebosante de recursos como de frustración por ver cómo sus beneficios vuelan hacia el exterior.
Pese a que buena parte del país está enclavado en la dura banda saheliana, Malí, con unos 20 millones de habitantes, tiene razones para sentirse afortunado. Produce más alimentos de los que necesita, es autosuficiente en cereales como mijo y sorgo y cubre el 93% de su demanda interna de arroz. Es el primer exportador de algodón del continente y el segundo de ganado de África occidental. Por su territorio atraviesan dos grandes ríos, el Níger y el Senegal, que aportan agua para regar los campos, pescado y electricidad gracias a dos grandes presas. En su subsuelo hay fosfatos, petróleo y, sobre todo, mucho oro, del que es el tercer productor africano tras Ghana y Sudáfrica.
Y sin embargo, Malí ocupa el puesto 184 de 189 en la lista de países por su Índice de Desarrollo Humano, que combina indicadores como la esperanza de vida, el PIB per cápita y la alfabetización. El 36% de los ciudadanos vive en la pobreza extrema. “El problema radica en que no hay transformación de esos productos”, asegura Mamadou Goita, economista y experto en desarrollo, “el sector agrícola necesita inversión y modernizarse. El Estado destina el 15% de su presupuesto anual a este capítulo, pero casi todo se va en la compra de abonos químicos que se producen en el extranjero. El dinero vuela al exterior”.
Beneficios irrisorios
Con el oro pasa algo similar. Malí produce unas 70 toneladas anuales pero de ellas sólo obtiene el 20% de los beneficios en concepto de royalties, menos de 500 millones de euros. “El 80% del valor de uno de nuestros principales recursos se lo quedan las empresas extractoras y transformadoras, sobre todo canadienses y suizas. En realidad se podría decir que Malí es quien está sosteniendo al norte y no al revés”, añade Goita, para quien es urgente una reforma de la ley minera, adoptada en 1992 bajo la presión de los organismos financieros internacionales.
La escasa industrialización y la fuerte dependencia del exterior dibujan un panorama poco halagüeño, pero estos factores aliados con la corrupción forman un trío devastador.
En marzo de 2019, Mamadou Sinsy Coulibaly, presidente de la patronal de Malí, acusó públicamente al presidente del Tribunal Supremo de ser “el funcionario más corrupto y peligroso del país” y amenazó con publicar una lista con 1.600 trabajadores de la Administración que extorsionan de manera sistemática a los empresarios. Aquello fue el grito desesperado desde el corazón de un sistema en el que pagar sobornos a empleados públicos, untar a conseguidores y financiar a políticos forma parte del paisaje.
No es casualidad que sea en Malí donde saltó la chispa de la violencia en el Sahel, allá por el año 2012. “El problema de la inseguridad en el norte y de su extensión al centro del país no es la religión de esos supuestos grupos yihadistas, sino el desempleo. En Mopti le ofrecen a un chaval 100 dólares por coger un arma e ir a la guerra y va de cabeza porque no tiene esperanza de casarse, de mantener a una familia, de tener un futuro”, remata Goita, “lo que hay que hacer es cortar la hemorragia de todo el enorme potencial que tiene Malí que se está desperdiciando por el pillaje y el mal gobierno”.
Según la Plataforma contra la Corrupción y el Paro, un colectivo de la sociedad civil, unos 380 millones de euros públicos desaparecen cada año por el sumidero del despilfarro. Menos de un año después de llegar al poder, el presidente Ibrahim Boubacar Keita, que acaba de ser derrocado por el golpe de Estado, destinó 30 millones de euros a comprar un lujoso avión presidencial, más o menos la misma cantidad que el país recibía en ayuda humanitaria. Su hijo Karim, que había sido elegido diputado, se convirtió en el centro de las iras de los malienses después de que se divulgara por las redes sociales un vídeo en el que aparecía de fiesta en un yate de lujo en el extranjero.
Pero los Keita ya son cosa del pasado. Una junta militar presidida por el coronel Assimi Goita rige los destinos de Malí desde el pasado 18 de agosto. Aún es pronto para adivinar quién conducirá la transición hacia unas nuevas elecciones, aunque probablemente civiles y militares se repartan el poder, pero la marea humana que durante meses pidió cambios desde las calles impulsada por el Movimiento 5 de junio y su líder espiritual, el imam Mahmoud Dicko, confía en que la lucha contra la corrupción sea uno de los ejes que presida su acción de gobierno. “El sistema le falló a los malienses, algo así no debería volver a ocurrir”, asegura Ibrahim Maïga, experto en Malí del Instituto de Estudios de Seguridad (ISS).
Cuando el coronavirus irrumpió en este país africano, el Gobierno anunció una inversión de 760 millones de euros para ayudar a los más vulnerables de entre el 80% de la población que vive de la economía informal. Ousmane Tounkara, joven sociólogo en paro, se pregunta dónde está ese dinero. “En este país no hay estadísticas fiables, las cosas funcionan porque la gente sale cada día a buscarse unos francos para sobrevivir. Y nada más. Buena parte de esos millones los habrán cogido quienes estaban cerca del poder y conocen el acceso a los fondos. El resto, nada. Ahora con los militares eso se va a acabar”, concluye. Gestionar las expectativas de un cambio tan profundo será el mayor reto de los nuevos gobernantes.
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