El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha ordenado este lunes repetir las elecciones en el Estado de Barinas, donde nació Hugo Chávez y feudo de la revolución bolivariana. En esa región un político opositor adelantaba durante el recuento a Argenis Chávez, hermano del comandante, por unos 1.500 votos. Un amparo constitucional suspendió el proceso, que ahora deberá celebrarse de nuevo el nueve de enero. Con esta medida, el chavismo pone en duda el compromiso de respetar los resultados de las elecciones regionales y no interferir en el voto popular.
La misión de la Unión Europea, que observó las elecciones, certificó que había mejoras respecto a las anteriores, pero aseguró que todavía arrastraba grandes carencias. El sistema judicial, concluyó la observación, no es independiente. Y esa es la vía que ha utilizado el chavismo para frenar la derrota. Freddy Superlano aventajaba al gobernador en funciones, Argenis Chávez cuando solo faltaban contar tres actas. La oposición triunfó en ocho de las 12 alcaldías pertenecientes al Estado Barinas, por lo que este resultado tenía lógica. De repente, se paralizó el conteo. La demora sobre los resultados en este estado ubicado en los llanos venezolanos se tomó toda la semana, cuando ya se habían despejado los resultados en el resto del país, y, como ya ha ocurrido antes, comenzó a producir irritación y nerviosismo en círculos políticos e informativos.
Con las actas faltantes para el esclarecimiento del resultado en manos del Plan República, —el dispositivo para la organización de las elecciones, a cargo de las Fuerzas Armadas, cuya logística en Barinas es responsabilidad del general José Serrano Gotera—la insólita tardanza en ofrecer la información definitiva sobre las votaciones había producido ya reclamos del propio Superlano, de dirigentes opositores en Caracas, e incluso de Enrique Márquez, rector del Consejo Nacional Electoral, quién con gran prudencia había declarado “estar consciente de que la tardanza del Plan República no tenía justificación”.
La victoria del opositor Superlano sobre el oficialista Argenis Chávez parecía ya noticia confirmada en la mañana de este lunes. El propio Chávez ha guardado en estos días silencio y suspendió su programa de radio semanal, mientras sus rivales festejaban en las calles. En Barinas se afirmaba que, aunque había resistencias en las Fuerzas Armadas a reconocer el triunfo de Superlano, sectores del chavismo en Caracas, y el propio Argenis, parecían resignados y dispuestos que entregar uno de sus bastiones simbólicos más preciados.
Esta sensación se acrecentó este domingo, después de que Diosdado Cabello, jerarca del Partido Socialista Unido de Venezuela y uno de los portavoces más radicales del chavismo, ofreciera unas declaraciones inusualmente ponderadas en las cuales parecía admitir la posibilidad de un resultado adverso. El método del chavismo para inhibir la proclamación de Freddy Superlano fue muy parecido al usado para vaciar de contenido las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional una vez que la oposición ganara las elecciones parlamentarias del año 2015, que desencadenaría a posteriori las masivas protestas populares antichavistas de 2017.
El Supremo venezolano decidió admitir el amparo constitucional interpuesto por Adolfo Superlano —un dirigente opositor disidente, acusado de actos de corrupción, que no tiene parentescos sanguíneos con el candidato—en el cual se argumenta que el dirigente político proscrito tenía averiguaciones por causas administrativas y penales y había sido políticamente inhabilitado por la Contraloría General de la República.
Adolfo Superlano, homónimo de Freddy, es conocido como uno de los diputados llamados alacranes del ejercicio legislativo anterior: un grupo de parlamentarios señalados de maniobrar subrepticiamente en instancias internacionales para aligerar el expediente del empresario colombiano Alex Saab, cercano a Nicolás Maduro, a cambio de algunas prebendas, de acuerdo a los datos ofrecidos por un reportaje de investigación realizado por el periodista Roberto Deniz en el portal Armando.info
“Las inhabilitaciones administrativas son un absurdo”, afirma el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli al comentar uno de los vicios más recurrentes de la legalidad chavista para suprimir competidores en Venezuela. “Para quitarle a alguien su derecho político a ser electo en un cargo de elección popular es necesario una sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia. Es una decisión contranatura. La Sala Electoral debe promover las elecciones, defender los votos y procurar que los votos se escruten.”
Aunque en principio se habló de nombrar un gobernador encargado, la decisión del Supremo es volver a celebrarlas. El retardo en la entrega de los resultados electorales de las elecciones regionales del domingo 21 en Barinas, y el enrarecimiento del ambiente político local, se produjo en presencia de los observadores de la Unión Europea, Michelle Novaga y Rumiana Decheva. Muchas personas temían que el arrebato definitivo a la oposición se concretara una vez que se marcharan del país. Los observadores han decidido prorrogar su partida.
El informe de la Unión Europea sobre las elecciones regionales en Venezuela reconoce algunas concesiones y mejoras institucionales en la organización de la consulta, pero señala también una cantidad alta de inconsistencias y procedimientos amañados de la legalidad chavista. Hace poco Nicolás Maduro dijo que estos funcionarios eran “enemigos del país y espías”
Mientras tanto, Freddy Superlano, el candidato al cual se le ha privado de su victoria, ha declarado a sus seguidores: “No me dejen solo que yo defenderé su voluntad. Solo movilizados, y defendiendo nuestros derechos de manera pacífica, lograremos superar este obstáculo”.
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