Clase de catalán en una escuela, en una imagen de archivo.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado este viernes la firmeza de la sentencia que obliga a impartir un 25% de castellano en las aulas catalanas. Tal como marca la ley, la Generalitat dispone ahora de un plazo de dos meses para ejecutarla de forma voluntaria. El reloj se pondrá en marcha una vez que el Departamento de Educación haya confirmado que ha recibido la resolución, para lo que dispone de un plazo de 10 días. El consejero de Educación Josep Gonzàlez-Cambray ha calificado la decisión de “un intento de judicializar el modelo de escuela catalana”. En principio, Educación no tiene previsto aplicar la medida durante este periodo voluntario y se esperaría a que llegara la orden de ejecución forzosa, que debe solicitarla del Gobierno central porque fue el demandante.
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A finales de noviembre, el Tribunal Supremo inadmitió el último recurso del Gobierno catalán contra la sentencia del TSJC del 16 de diciembre de 2020 que fijaba ese mínimo de castellano para el sistema educativo catalán en su totalidad. La decisión provocó protestas de la Generalitat y de buena parte de la comunidad educativa en Cataluña, que considera que el catalán debe ser la única lengua vehicular en la escuela. Hace unas dos décadas las sentencias para aplicar este 25% de castellano van cayendo a cuentagotas, pero afectaban solo al alumno que lo denunciaba. Lo relevante de esta sentencia de 2020 es que, por primera vez, la medida se extendía a todo el sistema.
El consejero de Educación Josep Gonzàlez-Cambray no se ha mostrado sorprendido por la resolución. “Ya lo sabíamos que pasaría porque forma parte del procedimiento”, ha comentado, pero ha vuelto a rechazar este tipo de sentencias que afectan al modelo de inmersión lingüística. “Estamos ante un intento de judicializar el modelo de escuela catalana, un modelo que ha sido de éxito, de cohesión social y de igualdad de oportunidades a lo largo de décadas”.
Preguntado sobre si Educación aplicará la sentencia, Cambray ha asegurado que su referencia normativa es la ley catalana. “Daremos cumplimiento a lo marca la Ley de Educación de Cataluña: que al final de la etapa obligatoria, de 4º de ESO, todo el alumnado logre las competencias tanto en castellano como en catalán. El aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes, va de pedagogía”, ha terciado.
La resolución emitida este viernes reproduce, de hecho, lo que dice el artículo 104 de la ley de lo contencioso-administrativo, que regula los tiempos para el cumplimiento de una sentencia. Los magistrados comunican a la Generalitat el contenido del fallo para que “una vez acuse la recepción de la comunicación en el plazo de diez días desde su recepción, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo”. A partir de aquí, dispone de dos meses para ejecutarla de forma voluntaria, cosa que no está previsto que haga. Así, si no lo hace, “cualquier de las partes y personas afectadas podría instar su ejecución forzosa”. La única parte personada en este caso es el Gobierno central -la demanda la firmó el Ejecutivo de Mariano Rajoy-, pero ya a finales de noviembre aseguró que no tenía intención de pedir su ejecución, porque ello corresponde a los tribunales. Entonces, cualquier asociación o persona física podría instar la ejecución, pero en ese caso, el trámite no sería automático, sino que el tribunal deberá valorar la legitimidad de la persona o entidad que reclama su aplicación. La Asamblea por una Escuela Bilingüe -entidad que fomenta las demandas de este 25% en las aulas- ya se ha mostrado dispuesta a solicitarlo.
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El inicio de este embrollo judicial se remonta a 2015, cuando el Ministerio de Educación, entonces en manos de José Ignacio Wert, demandó a la Generalitat por “inactividad” a la hora de garantizar el “derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en ambas lenguas oficiales” en las comunidades autónomas que posean más de una, aunque no reclamaba ningún porcentaje. En diciembre de 2020 el TSJC, con el objetivo de “enderezar la actual situación contraria al ordenamiento”, fijó este 25%, considerando que es el “mínimo por debajo del cual no se puede entender que el uso vehicular de la lengua alcanza la condición de normal dentro del sistema”. Entonces, la Generalitat interpuso recurso de casación ante el Supremo, que fue rechazado el pasado mes de noviembre.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rechazado la notificación del TSJC, que cierra la batalla por el uso del catalán en la escuela, ha despertado una cascada de reacciones políticas. “El catalán no se toca y la escuela catalana, tampoco. Basta de ataques a la lengua, a la enseñanza y al país entero. No permitiremos que se ponga en riesgo la cohesión social. Estamos trabajando en el despliegue normativo para reafirmar el modelo de escuela catalana. Basta de politizar la educación”, ha reaccionado en Twitter. Fuentes próximas a Aragonès han añadido que su objetivo es exprimir la Ley de Educación de Cataluña para intentar esquivar el cumplimiento estricto de la sentencia en el sentido de que sea cada escuela quien fije sus cuotas lingüísticas en función del entorno social en el que se encuentran. Sin embargo, estas fuentes no aclaran cómo harán esto sin caer en la desobediencia flagrante.
El sindicato educativo mayoritario, Ustec, ha instado al Departamento de Educación a ignorar la sentencia, que tachan de “ideológica” y que “no corresponde a ningún criterio pedagógico”. Su portavoz, Iolanda Segura, ha recordado que los resultados académicos avalan el buen conocimiento de las dos lenguas oficiales.
Nuevo marco normativo del catalán
Educación ya veía venir el carpetazo al periplo judicial por el 25%. Para compensarlo, el consejero Cambray ha recordado este viernes que se ha desplegado un plan lingüístico, para saber la situación del catalán en las aulas, ya que que algunos centros -principalmente ubicados en los municipios más poblados del área metropolitana de Barcelona- ya no aplican estrictamente el modelo de inmersión lingüística por el alto porcentaje de población inmigrante o castellanohablante. De hecho, un informe del Consejo de Evaluación del Sistema Educativo indicaba un retroceso en el uso del catalán por parte de alumnado y profesorado. En este sentido, Cambray ha anunciado que se está preparando un nuevo marco normativo “para actualizar el modelo lingüístico en función del modelo actual de innovación educativa”.
Hace un mes, Educación también anunció la contratación de profesores de refuerzo para las aulas afectadas por las sentencias individuales del 25% -actualmente 46-, que se centrarán en la atención en castellano. “Las sentencias afectan la normalidad de los centros y para que los niños se vean menos afectados, nosotros ponemos más recursos”, apuntan desde Educación. Esta fórmula permite acatar las sentencias, pero también dar respuesta a la reivindicación de muchas otras familias que defienden el modelo de inmersión y se quejan de que deba cambiarse por la petición de una minoría. El Departamento, de momento, no concreta cuántos de estos profesores se contratarán y cuándo se incorporarán.
Asimismo, a principios de enero, el Govern publicó una resolución para “proteger jurídicamente” los funcionarios del sector educativo. Concretamente, se trata de poner a disposición del profesorado los servicios de asesoramiento y de defensa jurídica en caso de que lo necesiten, ya que en algunas ocasiones las direcciones se han convertido el foco de las reclamaciones y se les ha señalado como responsables de ejecutar las sentencias. “Lo que queremos es proteger por todos los medios a las personas que trabajan en las escuelas ante los ataques ilegítimos que puedan sufrir”, justificó entonces la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.
La cuestión de la lengua vehicular en las escuelas de Cataluña ha provocado un duro enfrentamiento político los últimos meses. El último episodio de gran intensidad fue cuando, en diciembre, la justicia dictó que en una escuela de Canet de Mar se aplicase ya la cuota del 25% de castellano en la clase de una alumna cuyos padres lo habían solicitado. Entonces se generó un movimiento de protesta y los padres de la alumna, así como diversas asociaciones partidarias del bilingüismo escolar, denunciaron acoso y presiones por parte de los contrarios a ello.
Antes de conocerse el anuncio de hoy del TSJC, Ciudadanos ha presentado una moción en el Parlament para que inste al Govern a acatar la sentencia, y a dar “los pasos necesarios para aplicarla en todos los centros educativos en el plazo más breve posible”. En el texto, que ha presentado el diputado Nacho Martín Blanco y que se votará en el pleno de la semana que viene, piden que se condene “la contumaz inclinación del Govern a desacatar las sentencias judiciales que protegen el derecho de todos los alumnos catalanes a recibir al menos el 25% de las horas lectivas en castellano”.
La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, ha expresado su temor a que el Govern presente un recurso de reposición a la resolución del TSJC, pero ha indicado que le parece “perfecto” que el tribunal haya declarado firme la sentencia. También ha indicado que, si la Generalitat no aplica la sentencia y el Gobierno central “no le obliga a hacerlo”, entonces su asociación interpondrá “una demanda colectiva ante el TSJC para conseguir que se aplique y para la que contamos con el apoyo de 300 familias”.
El Parlamento de Cataluña ya se sumó a las voces que llaman a incumplir la sentencia. Los tres grupos independentistas del Parlament (ERC, Junts y la CUP) y En Comú Podem sumaron el pasado 16 de diciembre sus votos para rechazar una propuesta del PP que pedía que en el próximo curso se aplicara el mandato judicial de un 25% de horas en castellano. Con todo, en centros como el de Canet de Mar, la resolución judicial que le afectaba ha empezado a cumplirse.
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