La justicia mexicana ha dado este miércoles vía libre a la construcción del polémico tramo 5 del Tren Maya, en el sur de la península de Yucatán. El juez Adrián Novelo Pérez, del Primer Distrito del Estado de Yucatán, ha levantado tres ordenes de suspensión que habían sido ratificadas por segunda vez hace apenas una semana a modo de medida cautelar. El dictamen permite reanudar las obras que recorren las joyas turísticas de Playa del Carmen hasta Tulum, en la costa del Estado de Quintana Roo. Aun falta en todo caso que se resuelva el fondo del asunto sobre si el Gobierno cuenta con todos los permisos ambientales necesarios para este tramo, muy disputado por las críticas de organizaciones ecologistas. La construcción, una de las obras bandera de Andrés Manuel López Obrador, avanza mientras tanto y el Gobierno mantiene que la infraestructura será inaugurada en diciembre de 2023.
La noticia fue ampliamente celebrada por los directivos a cargo de su construcción. “¡Buenas noticias para el pueblo! Ya fueron revocadas las ‘suspensiones definitivas’ de los amparos”, mencionó en su cuenta de Twitter Javier May, director del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur). Aunque se trata de una victoria a medias. Todavía existen otros tres amparos por resolverse para que puedan retomarse plenamente las obras de deforestación y construcción de las vías. “Estimamos que pronto se resolverán también en favor del pueblo los otros tres amparos sobre el Tramo porque no hay elementos para ninguna suspensión”, añadió May.
Estimamos que pronto se resolverán también en favor del pueblo los otros 3 amparos sobre el Tramo porque no hay elementos para ninguna suspensión. El @TrenMayaMX es una gran obra pública que respeta y fortalece el medio ambiente y será inaugurada en diciembre de 2023. pic.twitter.com/6VOeB6Cz8A
— JAVIER MAY (@TabascoJavier) August 3, 2022
Pese al pulso generado entre la Justicia y el Gobierno Mexicano, el Poder Judicial ha decidido darle la razón a los defensores del Tren Maya. Según el juez, las pruebas otorgadas por la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) no fueron suficientes para demostrar que las obras en la zona fueron reanudadas pese a la primera suspensión, dictada en abril, motivo del último amparo por parte de los demandantes. Novelo Pérez consideró que las pruebas “no son idóneas, pues no determinan si estas se están llevando a cabo para continuar con la construcción del tramo cinco o para algo más”, consideró el juez. “La obra siempre ha sido legal, pero atendimos todos los requerimientos del juez para no dejar duda”, ha dicho el director de Fonatur.
La deforestación de la selva para abrir paso a las vías en la zona sur de la península empezó en el mes de marzo, y aunque se frenó por algunas semanas tras las suspensiones emitidas, la brecha que se abrirá en el espeso follaje selvático seguirá su curso. Según DMAS, las obras iniciaron de manera ilegal, por lo que extenderán su batalla jurídica y han anunciado que recurrirán ante un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación. “Las obras han sido ilegales desde el inicio y se deben de mantener suspendidas hasta que se resuelva el fondo de un asunto donde hoy también se demanda a Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente) el otorgamiento de ese resolutivo de impacto ambiental extemporáneo”, menciona la asociación.
El Gobierno ha ganado de momento el último episodio de esta pelea y ya tiene todo listo para retomar las obras. Este lunes, un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, formalizó la expropiación de más de un millón de metros cuadrados de tierras de propiedad privada en cuatro municipios para la construcción de este tramo de la obra.
La administración de López Obrador se ha escudado en el decreto emitido a finales del año pasado por el que las obras estrella del presidente son “de seguridad nacional” con el fin de acelerar el avance sin las “trabas burocráticas”. Una de los grandes argumentos para defender la construcción de este tren, es que busca llevar desarrollo económico a una región del país históricamente marginada de la inversión pública federal. El mandatario asegura que tendrá un costo de 180.000 millones de pesos (unos 9.000 millones de dólares) y creará unos 110.000 empleos.
No obstante, quienes han levantado la voz en contra del proyecto afirman que esos miles de millones de pesos siguen invirtiéndose en el modelo de turismo masivo que ha llevado a la depredación ecológica de la península de Yucatán.
Suscríbase aquí a la newsletter y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país