Vera Jourova (República checa, 55 años) es la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de velar, entre otras cosas, por los valores democráticos, la libertad de expresión y el respeto al Estado de derecho en una Unión Europea cada vez más diversa políticamente. Jourova cree que la pandemia del coronavirus “justifica que los Gobiernos se doten de poderes extraordinarios” para adoptar medidas ejecutivas. Pero exige, durante una entrevista por videoconferencia con EL PAÍS y otros medios europeos, que esos poderes “sean limitados en el tiempo y sometidos al estricto control de los Parlamentos y de los medios de comunicación”. El Gobierno de Hungría, que se ha arrogado el poder de gobernar por decreto, es el que más inquieta a la vicepresidenta de la Comisión. Pero Jourova asegura que mantendrá una estrecha vigilancia sobre todos los Estados porque “la emergencia ha puesto entre interrogantes cómo protegemos la democracia y el estado de derecho en la UE”.
Pregunta. ¿Cree que Hungría sigue siendo una democracia?
Respuesta. Demos tiempo. Creo que este régimen de emergencia va a ser una verdadera prueba para esa cuestión. Me preocupa mucho que Hungría demuestre que lucha contra el coronavirus, pero que también lucha contra la posible expansión del virus del poder absoluto. En todos los países, las situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias y que los Gobiernos dispongan de poderes extraordinarios para adoptar medidas ejecutivas. Pero, debo subrayar, que esos regímenes no significan poder ilimitado y sin ningún control. El control de los Parlamentos y el control de los medios independientes es ahora más importante que nunca. Y ahí es donde vemos ciertos puntos débiles en la ley aprobada por Hungría. Vigilaremos la aplicación de esa ley e intervendremos si hace falta. Es nuestra obligación. El primer ministro Viktor Orban y su Gobierno han afirmado con rotundidad que respetaran el Estado de derecho y que no habrá abusos con el régimen de emergencia. La Comisión y toda Europa estará atenta a ver qué hacen.
P. Antes de la crisis, usted estaba elaborando un informe para verificar la situación de las libertades y el Estado de derecho en todos los países de la UE. ¿Mantiene ese proyecto? ¿Es viable en un período de leyes excepcionales?
R. Seguimos trabajando en ese informe y mantenemos nuestra intención de publicarlo en otoño Ya estamos recibiendo respuestas de los Estados miembros en materias como la independencia judicial, la situación de los medios de comunicación o la lucha contra la corrupción. Creo que el informe es ahora aún más necesario porque esta situación de emergencia ha puesto entre interrogantes cómo protegemos la democracia y el Estado de derecho en la UE. Mi firme convicción es que estos regímenes de emergencia no pueden ser la puerta para desmantelar poderes constitucionales para siempre. Tienen que ser temporales. Sería un error frenar ahora la verificación y no disponer a final de año de un retrato preciso sobre la situación en cada Estado miembro.
P. La libertad de prensa no solo está amenazada en Hungría. En toda Europa, la crisis financiera y las restricciones operativas, con ruedas de prensa virtuales y filtradas, ponen en peligro la actividad de los medios de comunicación. ¿Qué recomienda para disipar esas amenazas?
R. Ciertamente hay dos amenazas, las dificultades financieras y los problemas para la cobertura de los temas relacionados con el coronavirus. Se debe actuar en ambos frentes. Primero, para garantizar que las medidas de emergencia no se utilizan como pretexto para restringir la actuación de los medios; y en segundo lugar, para que los planes de ayuda económica cubran a los medios de comunicación y compensen la dramática caída de los ingresos de publicidad que se está produciendo a pesar del gran aumento de la audiencia. Ya hemos visto un ejemplo de ayudas en Dinamarca.
P. Además de audiencia para los medios, la pandemia también parece haber aumentado las fake news.
R. Son campañas de desinformación que quieren desestabilizar las sociedades y ponen en peligro la salud de las personas. Hemos visto que las campañas que vienen de fuera, especialmente de Rusia, se han intensificado. Por eso trabajamos con las plataformas digitales para minimizar el impacto y dar prioridad a las fuentes fiables. Estamos satisfechos, aunque creemos que todavía debe hacerse más. Vemos, por ejemplo, que las plataformas continúan haciendo negocio al albergar campañas de desinformación, lo cual incentiva su difusión. Esa monetización, la venta de esos espacios, debe cesar totalmente. La Comisión seguirá presionando a las plataformas para lograrlo.
P. La privacidad también parece estar en juego. Algunos Gobiernos están introduciendo aplicaciones de rastreo para combatir la epidemia.
R. Esas innovaciones son bienvenidas y el reglamento de protección de datos ya prevé excepciones en caso de necesidad por salud pública. Pero hay que respetar los grandes principios: el uso de la aplicación debe ser voluntario; el usuario debe dar su consentimiento y ser capaz de cancelar la aplicación; los datos deben ser anónimos y utilizados solo para el objetivo sanitario; y el almacenamiento debe ser temporal. En las próximas semanas publicaremos directrices sobre el uso de estas aplicaciones.
“La salud de los presos debe ser la prioridad”
P. La situación de las cárceles, con más de millón y medio de presos en todo el continente, es uno de los puntos de riesgo durante la pandemia. ¿Cree que puede procederse a la excarcelación en ciertos casos?
R. Estoy a favor de que se haga todo lo necesario para proteger la salud de las personas que se encuentran en prisión. Si se puede hacer mediante la excarcelación de algunos de ellos o mediante la aplicación de medidas de higiene más estrictas en los centros carcelarios, debe hacerse. Corresponde a los ministros de Justicia de los Estados miembros y sé que todos ellos están estudiando qué medidas para tomar para proteger la salud de los presos, que debe ser la prioridad.
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