Más de 100.000 personas salieron este sábado en Francia a protestar contra la ley de Seguridad Global que promueve el Gobierno de Emmanuel Macron, especialmente por el controvertido artículo 24 que prevé limitar la difusión de imágenes de los agentes de las fuerzas del orden. La protesta más masiva tuvo lugar en París, donde algunos incidentes violentos provocados por grupúsculos de extrema izquierda ensombrecieron el final de una “marcha por las libertades” convocada por periodistas, políticos de la oposición y organizaciones de derechos humanos que, pese a todo, fue mayoritariamente pacífica.
Según el Ministerio del Interior, 133.000 personas se manifestaron en todo el país. Los organizadores cifraron la asistencia en medio millón de personas. Solo en París, marcharon al menos 46.000, de acuerdo con las cifras oficiales. Otras manifestaciones con fuerte participación fueron las de ciudades como Marsella, Montpellier, Rennes o Lille, una semana después de movilizaciones más minoritarias por el mismo motivo. La parisina fue la convocatoria más concurrida y, también, la que registró algunos episodios de violencia que provocaron que la policía disolviera el final de la manifestación con gases lacrimógenos y camiones de agua. Alrededor de medio centenar de personas fueron detenidas en la capital francesa por enfrentarse a los agentes e incendiar vehículos, mobiliario urbano y hasta algunos locales comerciales, entre ellos una oficina del Banco de Francia. El ministro del Interior y principal impulsor de la polémica norma, Gérald Darmanin, informó de que al menos 37 agentes habían resultado heridos, en una nueva muestra, dijo, de “violencia inaceptable contra las fuerzas del orden”.
Las condiciones para una protesta masiva estaban dadas. El sábado amaneció fresco, pero soleado y era, además, el primer día de “aligeramiento” del confinamiento nacional, con la reapertura de comercios y la extensión del permiso de salir tres horas y hasta a 20 kilómetros del domicilio. Pero sobre todo, hervía la indignación. Los franceses han vivido los últimos días una “consternación” compartida hasta por el propio Macron, tras una sucesión de casos de violencia policial destapados por grabaciones de cámaras que han dado más argumentos que nunca contra quienes afirman que la normativa aprobada esta misma semana en primera lectura en la Asamblea Nacional es “liberticida” y favorecerá la impunidad policial. Tras el desmantelamiento violento el lunes de un campamento de inmigrantes en la céntrica plaza de la República de París —punto de partida este sábado de la manifestación capitalina—, el jueves se conoció la brutal paliza que varios agentes propinaron a Michel Zecler, un productor musical negro. El incidente fue registrado por una cámara de seguridad y por vecinos. El artículo más controvertido de la ley es el 24, que prevé penas de hasta un año de prisión y 45.000 euros de multa por difundir imágenes de policías o gendarmes con la intención de dañarles.
“Francia es el país de los derechos humanos y es normal que se proteja a la policía, pero sobreprotegerla en detrimento de la población no puede ser. Esta ley es mala”, explicaba Alexandre, un veinteañero que participó en la protesta de París con un grupo interracial de amigos. “El problema del racismo siempre ha estado ahí, pero veo que cada vez hay más gente, no solo negros, que se dan cuenta de la situación, gente de todos los estratos sociales y edades”, comentaba a su lado Césaire, un joven negro que acaba de terminar sus estudios y está buscando su primer empleo.
“No es normal que tengamos miedo de la policía, hasta yo, que soy blanca y mujer lo tengo”, decía también Lucie Lafargie, una adolescente que se manifestó con sus dos hermanas y sus padres. “En democracia no hay nada más antidemocrático que impedir filmar. Con George Floyd vimos la importancia de grabar” a la policía, acotó su madre, Marie, quien dijo sentirse “asqueada” por las escenas de racismo policial que se han denunciado en el país en los últimos meses.
La Marcha por las Libertades había sido convocada por el comité Stop la Ley de Seguridad Global, compuesto de sindicatos, asociaciones de periodistas y organizaciones de derechos humanos, entre otros. “Sin imágenes difundidas por la sociedad civil, la violencia policial quedará impune. No queremos una sociedad donde el Estado puede ver con drones y cámaras peatonales sin ser visto”, señala su manifiesto.
El cortejo parisino discurrió desde la plaza de la República hasta la de la Bastilla, donde se registraron los principales incidentes. A la manifestación de la capital asistieron representantes de sindicatos y organizaciones periodísticas, como Reporteros Sin Fronteras, así como los responsables de los principales partidos de izquierda, desde el socialista Olivier Faure, que marchó junto con el líder de los ecologistas, Yannick Jadot, al líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon o el excandidato presidencial socialista Benoît Hamon. Faure denunció la “brecha creciente” entre la policía y una parte de la sociedad, en la que “el Gobierno tiene una fuerte responsabilidad”. “El artículo 24 de la Ley de Seguridad Global ha dado una señal de impunidad a los policías violentos”, lamentó, y reclamó la retirada de “todos los artículos liberticidas” de la polémica normativa. Mélenchon llamó a una “refundación de la policía (…) para reconstruir los vínculos de confianza con la sociedad”.
Tanto el artículo 24 como el resto de la norma han sufrido ya diversas modificaciones antes de su aprobación el lunes gracias a la mayoría macronista en la Asamblea Nacional. Las imágenes de la paliza al productor musical Zecler, difundidas el pasado jueves, han provocado sin embargo una fuerte tormenta en el seno del Gobierno, cuya respuesta, proponer una comisión independiente que vuelva a redactar el artículo 24 de la ley, no ha logrado calmar los ánimos del país, como demostraron las manifestaciones de este sábado. Además, ha provocado una crisis política que ha enfrentado al Ejecutivo incluso con sus diputados, muy dolidos, al igual que otros parlamentarios, por el “cortocircuito” que sienten supuso la propuesta de que una comisión no parlamentaria revise un texto legal que está siendo trabajado aún por el poder legislativo. Finalmente, el primer ministro, Jean Castex, tuvo que dar marcha atrás el viernes y asegurar que la comisión no reescribirá la ley, pese a lo cual el malestar político tampoco se ha disipado.
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