El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha reconocido el derecho del PP a obtener de la consejería de Sanidad Universal y Salud Pública documentación sobre la administración o no de la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 a las personas a las que se les había administrado de forma irregular la primera.
La administración de la segunda dosis de la vacuna a quienes se saltaron el orden establecido por la estrategia de vacunación contra la covid fue polémica porque mientras unos consideraron que, una vez iniciada la inmunización, aunque hubiera sido de forma irregular, debería seguir, mientras que otros apuntaron a que quienes se había saltado las listas no debían recibir la segunda dosis antes de lo que les tocara.
En la Comunidad Valencia la justicia ha imputado a tres alcaldes, los de La Nucía, Verger y Els Poblets, por vacunarse antes de tiempo y están acusados de un presunto delito de cohecho impropio.
La sentencia considera que la Generalitat puede ejercer el derecho de denegar “el acceso a la documentación interesada por un parlamentario cuando existan razones fundadas en Derecho que así lo justifiquen, pues no se trata de un derecho sin límites” y apunta que, en este caso, “existe causa justificada para no satisfacer la información solicitada” por el diputado del PP porque, tal como alegó la Generalitat “inciden en el derecho a la intimidad”, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
Sin embargo, la sala reconoce que la consejería de Sanidad sí “debió satisfacer parcialmente la solicitud de información dando respuesta en concreto a si hubo o no personas a las que les fue administrada la vacuna contra la covid-19 sin estar incluidas en la lista inicial de grupo prioritario para la primera fase de vacunación según la Estrategia para la Vacunación del Ministerio de Sanidad, así como el número de personas en esa situación, indicando cuántas de ellas ostentaban la condición de funcionarios y el número de ellas al servicio de la Administración autonómica o a otras Administraciones Públicas”.
El diputado del Grupo Popular de Les Corts Valencianes José Juan Zaplana solicitó una copia de todos los informes de la consejería de Sanidad Universal y Salud Pública sobre la administración o no de la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 a las personas a las que se les ha administrado irregularmente.
El presidente de Les Corts trasladó la petición a la Generalitat y a Sanidad que adujo la una serie de consideraciones jurídicas y al carácter “íntimo” de los datos en base al Convenio del Consejo de Europa para la Protección delos Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina y la ley Orgánica de Protección de Datos.
José Juan Zaplana considera que la sentencia “condena la actitud del gobierno de Puig al esconder su pésima gestión de la pandemia y al intentar camuflar las pifias de su consejera de Sanidad” y ha criticado la “opacidad” del departamento que encabeza Ana Barceló. Zaplana, a través de un comunicado, ha acusado al presidente de la Generalitat de “obstaculizar la labor de la oposición” y de “intentar camuflar las pifias de su consellera” de Sanidad.
Por su parte, la portavoz socialista de Sanidad en Les Corts Valencianes, Carmen Martínez, ha defendido que la respuesta del departamento que dirige Ana Barceló “se ajustó estrictamente a la normativa vigente de protección de datos” y ha lamentado que el PP “invierta toda su energía en crispar y enfrentar a la sociedad valenciana en lugar de hacer una oposición responsable”.
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