Dijo la arquitecta Zaha Hadid que la arquitectura es ante todo una cuestión de bienestar. Y si la responsabilidad de proporcionar bienestar a los ciudadanos recae en última instancia en las administraciones públicas, tiene sentido que estas se hayan puesto en marcha para levantar una Ley que contribuya a proporcionarnos, desde la arquitectura, un entorno más seguro, accesible, igualitario y sostenible. Es decir, más bienestar.
Esta idea está hoy más presente que nunca. La pandemia ha puesto de manifiesto las carencias estructurales de los espacios que sirven como marco a nuestro desempeño personal y profesional –nuestras casas y centros de trabajo– y también de las infraestructuras sanitarias disponibles. Además, algunas intervenciones urbanísticas discutibles reavivan la necesidad de configurar nuestras ciudades bajo una planificación, algo que a menudo está del todo ausente. La Declaración de Davos de 2018 –presentada en junio de aquel año en la sede del colegio Oficial de Arquitectos de Madrid– afirmaba que “el diseño del entorno construido, las relaciones entre los objetos y su entorno construido y natural, la coherencia territorial, la escala y la materialidad, son factores que tienen un impacto directo en nuestra calidad de vida”.
Ese es el espíritu de la futura Ley de la Arquitectura que el pasado enero ya anunció el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y que recibió un impulso definitivo con la llegada de Iñaqui Carnicero a la dirección general de Agenda Urbana y Arquitectura, dependiente de este Ministerio. “La arquitectura crea el marco de nuestra vida y refleja las aspiraciones humanas, perdura en el tiempo y nos definirá como sociedad en un futuro donde impere lo digital y virtual”, valora Carnicero para ICON DESIGN. “Debemos mirarla como un instrumento capaz de dar respuesta a las necesidades actuales de los ciudadanos. Porque la arquitectura se ha presentado en demasiadas ocasiones como un problema en vez de como una solución”.
Acudamos, entonces, al apartado de las soluciones. Entre otros objetivos, la norma que está aún en desarrollo busca impulsar la calidad de la arquitectura y del entorno construido como elemento básico para la mejora de la calidad de vida de las personas, contemplando para ello cuestiones medioambientales, socioeconómicas y de género. “Velará por asegurar que tanto la nueva arquitectura como las actuaciones que se realicen en los entornos construidos se efectúen desde un enfoque integral e integrador”, anuncia Carnicero. “Nos encontramos ahora con la oportunidad que supone el fondo de reconstrucción europeo, que en parte se destinará a la rehabilitación del parque edificatorio. Y aquí no podemos quedarnos en la rehabilitación puramente energética y obviar cuestiones como la accesibilidad, la habitabilidad, la iluminación y ventilación natural”.
España ya cuenta con una normativa (en particular la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación) que garantiza que la edificación cumpla con determinados mínimos respecto a seguridad, aislamiento o accesibilidad, pero como se ha puesto de manifiesto durante el confinamiento por la pandemia, este marco legal no ha logrado garantizar la calidad de vida en muchas de las viviendas de nuestro parque inmobiliario. Es el momento de avanzar en algunos puntos, como señala el director general: “Por ejemplo, el impulso de la calidad de la arquitectura y el entorno construido como un bien de interés general, como hecho cultural que refleja circunstancias propias de nuestra sociedad y que incide de forma muy directa en el desarrollo individual y colectivo”.
Una ley de expertos y no solo de políticos
Quizá lo más peculiar de esta Ley sea el modo en que han empezado a construirse sus cimientos. No es solo que se consultara a expertos, sino que esta consulta se planteó de forma abierta y pública. Bajo el epígrafe PECA! (Propuestas sobre el Entorno Construido y la Arquitectura), entre el 24 de noviembre y el 16 de diciembre de 2020 se organizaron nueve mesas de debate en las que participaron más de 100 profesionales españoles e internacionales de la arquitectura, la ingeniería, las ciencias sociales o la empresa, y en las que se trataron cuestiones como lo medioambiental, lo social, la comunicación y lo público. Las mesas, que estuvieron coordinadas por la oficina de Arquitectura y Urbanismo Zuloark y moderadas por el arquitecto y comisario Javier Peña, se retransmitieron en directo por streaming y pueden visionarse a través de la web del Ministerio.
“Parte del fondo de reconstrucción europeo se destinará a la rehabilitación del parque edificatorio. Y aquí no podemos quedarnos en la rehabilitación puramente energética y obviar cuestiones como la accesibilidad, la habitabilidad, la iluminación y ventilación natural”
Iñaqui Carnicero, director general de Agenda Urbana y Arquitectura
“Muy pocas veces en la historia los contenidos de una ley se conversan en un debate público en vez de en una habitación del ministerio a puerta cerrada”, afirmaba un tuit de la cuenta de Zuloark. Las conclusiones de las mesas de debate cubrían los aspectos más diversos. Así, la arquitecta Blanca Lleó incidía en la importancia de la flexibilidad en la arquitectura contemporánea: “Esto es determinante: un faro puede ser un paseo marítimo en vertical, y un aparcamiento cuando no está en uso puede ser una zona deportiva”. Por su parte, Ángeles Amado, directora general de Arquitectura de la Junta de Extremadura, afirmaba: “Hay que tener en cuenta la función social de la arquitectura y estudiar las condiciones económicas y sociales para crear un territorio a escala y una memoria colectiva y emocional”. Una sesión entera se dedicó a las cuestiones medioambientales, donde Justo Orgaz, presidente de la asociación sin ánimo de lucro Green Building Council España, sostenía: “La sostenibilidad puede implicarse en el lenguaje arquitectónico a través de los tres elementos que la definen: necesidades actuales, necesidades futuras y gestión de recursos”.
La Ley también contemplará la protección del Patrimonio, cuestión que ha sido objeto de debates encontrados en casos tan recientes y flagrantes como la demolición de La Pagoda de Miguel Fisac o la intervención del colectivo artístico Boa Mistura sobre el polideportivo del mismo arquitecto en Getafe. De hecho, en la mesa de PECA! dedicada a este capítulo, Carmen Serrano de Haro, arquitecta y licenciada en Derecho, especializada en protección intelectual, denunciaba que nuestro ordenamiento carece en la actualidad de una mención específica de la obra construida del arquitecto como objeto de la protección intelectual, por lo que tenemos aquí un claro potencial sobre el que legislar. Lo que no implica en absoluto apuntarse al inmovilismo: “Se ha de tratar de una manera creativa la relación entre lo antiguo y nuevo para poder preservar el patrimonio”, concluía el profesional Juan Domingo Santos, a lo que Fernando Espinosa de los Monteros añadía: “La supervivencia del monumento pasa por hacerlo compatible con la innovación y el nuevo uso ya que la alternativa es su degradación”.
Los debates tuvieron lugar en el madrileño Palacio de Zurbano, edificio que pertenece actualmente al Ministerio, y que se configura como probable sede de la futura Casa de la Arquitectura. “Se trata de una de las opciones que estamos estudiando”, confirma Iñaqui Carnicero, que también adelanta sus planes para este nuevo centro. “Se concibe como una institución cultural de referencia internacional de la arquitectura española a todos los niveles, con exposiciones, programas de investigación, biblioteca, depósito y archivo, aspecto este último especialmente relevante ante la ausencia de instituciones españolas de primer orden que custodien y difundan los archivos arquitectónicos más valiosos. La Casa de la Arquitectura debería convertirse en un espacio dinámico, polifónico, muy abierto a la ciudad, y un referente en la difusión de los valores de la arquitectura a la sociedad”.
Aún falta para que la nueva Ley se convierta en una realidad. En la actualidad sigue desarrollándose el proceso colaborativo de participación pública con el fin de recoger las ideas y sugerencias de la sociedad en su conjunto y el sector en particular. Para el primer semestre de 2021 se prevé la finalización del borrador de Ley, que se someterá al trámite de audiencia e información pública. Una vez recogidas las modificaciones que se estimen convenientes y los informes preceptivos, se llevará al Parlamento para su tramitación en las dos Cámaras, aprobación, refrendo y posterior publicación en el BOE. Aunque los plazos estarán condicionados por los distintos informes que se reciban, sería una buena noticia haber terminado este 2021 con una Ley de la Arquitectura.
Source link