El debate sobre los límites de la libertad en las redes sociales vuelve al primer plano tras la compra de Twitter por parte de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, por 43.000 millones de dólares (unos 41.000 millones de euros). Musk afirma que su objetivo es restituir la libertad de expresión en la red social. En la misma semana, la Unión Europea ha acordado una Directiva de Servicios Digitales pionera en todo el mundo para regular la actividad digital y sanear un ecosistema mediático dominado por gigantes de Estados Unidos. Bruselas busca proteger a la ciudadanía de la manipulación de los algoritmos, el acoso de ejércitos de cuentas mercenarias y la desinformación que contamina el debate público. Entre las medidas que prevé figura la supresión rápida de contenidos ilegales. Las multas pueden llegar hasta el 6% de los ingresos globales para empresas como Amazon, Facebook o Google, aunque aspira a regular también proveedores de internet, compañías de registro de dominios o servicios de almacenamiento en la nube.
Musk se declara partidario de la “libertad de expresión absoluta”. Dos de los principales impulsores de la directiva, el ministro francés de Asuntos Digitales, Cédric O, y el responsable del Mercado Interior europeo, Thierry Breton, han advertido de que, en la UE, Twitter estará sujeto a la nueva ley, “con independencia de la ideología de su dueño” y que “tendrá que adaptarse a regulaciones que no existen en Estados Unidos”. También Human Rights Watch ha recordado a Musk que “la libertad de expresión no es un derecho absoluto, por lo que Twitter debe invertir en esfuerzos para mantener a sus usuarios más vulnerables seguros en la plataforma”. Equivale a decir que no existe una libertad de expresión absoluta que a la vez secuestre libertades de otros, por ejemplo, a través del acoso de una turba digital o de una campaña organizada de descrédito. Compañías como Twitter potencian unos contenidos frente a otros a través de reglas privadas que solo se cuestionan en ocasiones, como el veto a Donald Trump, en enero de 2021, cuando su campaña de desinformación masiva para revertir las elecciones derivó en el asalto al Congreso de EE UU. Las decisiones que permiten que se pueda volver a hacer ese uso de la plataforma no pueden depender de Musk, ni de un Gobierno, sino de una legislación que reconoce esta realidad y está diseñada para ello. Ha sido el comisario europeo Thierry Breton quien ha enfatizado que “la ley será muy clara, mucho más clara ahora en Europa que en Estados Unidos”, y con reglas sometidas al control democrático para decidir o no el destierro de un usuario de una plataforma.
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