A principios de septiembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en una entrevista con EL PAÍS a que los hogares terminarán el año pagando una factura de la luz similar a la de 2018. Sánchez lo reiteró este miércoles en el Congreso de los Diputados, pero a solo dos meses de que termine el año, el cumplimiento de la promesa se antoja complicado: incluso en términos reales —descontando la inflación— la luz tendría que bajar casi un 40% en noviembre y diciembre respecto al nivel de octubre, según los cálculos realizados por este diario a partir de los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El cálculo de la cuantía en la que tendría que bajar la luz en lo que resta de año se ha realizado sobre la base del índice de electricidad que construye mensualmente el INE como parte del índice de precios al consumo. Este índice, que mide precios nominales, había alcanzado hasta ahora su máximo histórico en 2018, cuando la media aritmética anual superó ligeramente los 112 puntos. Un año después, en 2019, se quedó a un paso de los 105. Y en 2020, el año de la pandemia, que hundió la demanda eléctrica, se quedó en poco más de 95.
En lo que va de año —octubre incluido—, y a pesar de la batería de medidas desplegada por el Ejecutivo para tratar de aliviar la presión —entre ellos la bajada del IVA del 21% al 10%—, el índice de la electricidad del INE roza los 123 puntos. Y, lo que es más preocupante, ha ido aumentando cada mes, sobre todo a partir del verano. Si hasta junio su evolución era solo ligeramente peor a la registrada en el conjunto del año 2018 (112,9 puntos), desde entonces se ha producido una aceleración sin precedentes: 120 puntos en julio, 129 en agosto, 143 en septiembre y al filo de los 158 en octubre, lo que lleva la media de los 10 primeros meses a 122,87. Para que esos 122,87 puntos de cierre del mes pasado regresasen al nivel del conjunto de 2018, incluso actualizado por el IPC, se necesitaría la citada bajada del 40% en el precio de la electricidad en los dos meses que restan de 2021.
En octubre se superaron los 200 euros
Octubre fue el primer mes desde que hay datos en el que el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista superó los 200 euros por megavatio hora (MWh), cinco veces más que un año antes. Los principales factores de esta subida son la ausencia de viento —cuanta más eólica entra en el sistema, más barata es la luz—, el encarecimiento de los derechos de CO₂ —que triplican su precio en el último año— y, sobre todo, unos precios del gas disparados —vale cuatro veces más que a principios de 2021—. Y, aunque tras la actual fase de meseta, la luz debería empezar a bajar en los próximos tiempos, un descenso tan abrupto como un 40% en noviembre y diciembre es algo que prácticamente nadie tiene en sus previsiones.
La dinámica reciente del mercado mayorista de la luz, de cuya evolución depende una parte importante de la factura de los más de 10 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada, invita a pensar en una relativa estabilización tras meses de escalada, en buena medida gracias a la moderación del precio del gas natural. Pero esta no es, ni mucho menos, de la magnitud que se requeriría para que el jefe del Ejecutivo viese cumplida su promesa.
Para lograr cumplir lo prometido, el Gobierno tendría aún un freno de emergencia que, sin embargo, no contempla: rebajar aún más el IVA sobre el recibo de la luz, hasta el 4%, tras haberlo reducido en julio del 21% al 10%. Ese movimiento haría mucho más factible el compromiso, pero también drenaría centenares de millones de euros de recaudación de las cuentas públicas en un momento en el que esos recursos son especialmente necesarios.
Recorte a los beneficios de las eléctricas
En aras de paliar el aumento en la factura de la luz, el pasado verano el Gobierno aplicó un severo recorte a los beneficios caídos del cielo, la sobrerretribución que obtienen los propietarios de las centrales nucleares e hidráulicas por el alto precio de los derechos de CO₂ a pesar de no tener que afrontarlos, por estar libres de emisiones. Esa minoración de beneficios se ha trasladado a los consumidores, tratando de —en la medida de lo posible— desligar su factura de la evolución de lo que ocurre en el mercado mayorista.
El 40% de los hogares españoles tienen contratada una tarifa regulada o PVPC, que en los últimos tiempos ha sufrido importantes modificaciones, la más reciente de ellas el paso a la tarifa por horas. El resto, están en el mercado libre, en el que negocian las condiciones específicas de su contrato con las comercializadoras. Este doble mercado complica la medición: mientras que a los primeros les afecta la fluctuación en el más corto plazo y los datos son públicos, a los segundos la subida les impactará sobre todo a partir del año que viene, cuando las suministradoras eleven los precios que cobran para emparentarlos con los mayores costes que están teniendo que asumir.
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