Después de que el Reino Unido decidiera abandonar la Unión Europea, Milena Boeva, una búlgara de 46 años, y su marido acordaron marcharse de Inglaterra, donde ya no se sentían bienvenidos. Su intención era vender su piso en Londres antes del Brexit y usar el dinero para instalarse en Escocia y España, donde escaparían del frío cada invierno. El plan, sin embargo, está ahora en el limbo, y no por la pandemia. “Tenemos compradores porque es un piso bonito”, cuenta Boeva por teléfono, “pero los bancos se niegan a prestarles el dinero”. Nadie está dispuesto a respaldar la compra de su apartamento, que se encuentra en uno de los más de 1.700 edificios que las autoridades consideran de “alto riesgo” y que los tasadores valoran en cero libras. La pareja está atrapada en lo que la prensa británica llama “el escándalo del revestimiento”, un callejón sin salida cuyo origen se remonta al incendio de la torre Grenfell, el 14 de junio de 2017.
La madrugada en la que ardió Grenfell, un edificio de 24 plantas de vivienda social en Londres, se desató un terremoto que aún sacude el mercado inmobiliario británico. Para entenderlo, hay que recordar los dos factores que hicieron que un cortocircuito en una nevera se convirtiera rápidamente en el incendio más mortífero de la historia moderna del país. El primero fue la orden de stay put o resguardarse en casa que aplicaron los bomberos siguiendo el protocolo para edificios como Grenfell, diseñados para evitar que el fuego se propague de un piso a otro. El segundo fue el revestimiento de aluminio y plástico (ACM por sus siglas en inglés) que recubría el exterior de la torre y que convirtió el protocolo en el peor consejo que podían haber recibido las víctimas. Nadie contaba con que las llamas saldrían por la ventana hasta la fachada, ni que esta estaría hecha de material inflamable que acabaría con la vida de 72 personas.
Poco tiempo después, los bancos empezaron a condicionar las hipotecas a la demostración al detalle de que la fachada de un inmueble era segura en caso de incendios. Para simplificar el trámite, la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), el organismo que forma y agrupa a todo tipo de inspectores del sector inmobiliario, creó en 2019 un certificado especial para este propósito: el EWS1. La RICS dio instrucciones a los tasadores, que también dependen de ella, para que los pisos en edificios que no consiguieran el EWS1 fueran valorados automáticamente en cero libras. Así es como Boeva y miles de propietarios (4,6 millones según un estudio encargado por The Telegraph) acabaron teniendo pisos inseguros cuya hipoteca aún pagan, pero que no pueden vender porque, para los bancos, no valen nada.
La necesidad del EWS1 ha creado un atasco en el mercado. “Hay muchos bloques con revestimiento desde hace tantos años que ya nadie sabe qué hay debajo de este ni si es inflamable”, explica Nick Morrey, de la firma de corredores hipotecarios John Charcoal. “Hay que tomar muestras de la fachada en varios puntos y, si un material no es conocido, hay que someterlo a pruebas… Así que la demanda de inspectores de prevención de incendios se ha disparado”. Pero la oferta es limitada, según Gary Strong, director de estándares globales para edificios de la RICS. “La prensa suele decir que hay unos 300 inspectores, pero las primas de las pólizas profesionales han subido tanto a raíz de Grenfell que estimamos que ahora hay poco más de 100 en activo”, admite. “A un compañero le han subido la prima de 55.000 euros al año a 550.000. Tendría que cobrar precios escandalosos para poder amortizarla”, afirma.
El resultado es una larga lista de espera para obtener el EWS1 (una media de un año) y miles de viviendas prácticamente invendibles en momentos en los que el sector de la vivienda está al alza. Pese a la pandemia, los precios crecieron un 8,5% en 2020, según datos oficiales. La demanda se disparó ante incentivos como la suspensión hasta marzo del impuesto de transmisiones patrimoniales. “El mercado inmobiliario ha estado fenomenalmente fuerte desde el fin del primer confinamiento, pero todos estos pisos se han quedado atrás”, lamenta Morrey.
El edificio de Boeva tiene ACM, el mismo revestimiento que recubría Grenfell, así que ha intentado ofrecerlo con un descuento de 100.000 libras (110.000 euros) y solo a compradores con efectivo. “En el peor de los casos, dejaremos de pagar las cuentas y esperaremos a que nos desahucien”, asegura.
Vivir en un piso afectado por el escándalo del revestimiento sale caro. Lo sabe Héctor R., un informático gallego de 38 años. Desde que se descubrió que su apartamento en Londres está en un edificio con revestimiento inflamable, sus facturas van en aumento. Primero, su cuota del seguro subió de 350 libras anuales (388 euros) a 1.500 (1.666 euros). De inmediato, los bomberos cambiaron el protocolo en su bloque de “resguardarse en casa” a “evacuación simultánea”, lo que los obligó a contratar una “brigada despertadora” 24 horas al día si querían seguir habitándolo. “Son unos chicos que caminan por el edificio con una bocina de esas que llevas cuando vas al fútbol y, cuando hay un incendio, deben tocarla para que todo el mundo salga fuera… Es inútil, son medidas para cubrirse las espaldas”, opina. El Gobierno anunció en diciembre un fondo de 30 millones de libras para reemplazarlas con alarmas contra incendios que alerten a todos los vecinos. Hasta entonces, Héctor continuará pagando más de 200 libras al mes por la brigada.
La factura de las obras
Pero la cuenta que más asusta a los afectados es la que supondrán las obras para reemplazar los materiales inflamables en su fachada. A Héctor ya le han avisado que será de entre 25.000 y 60.000 libras (entre 27.700 y 66.500 euros). Si bien el Gobierno ha destinado 5.100 millones de libras (5.925 millones de euros) en ayudas, la comisión del Parlamento que investiga el escándalo calcula que el coste final puede llegar a 15.000 millones de libras (17.427 millones de euros). Además, los fondos solo cubrirán el revestimiento en edificios de más de 18 metros de altura. El de Milena Boeva es más pequeño y el de Héctor tiene problemas adicionales, como suelo de plástico en las terrazas.
Las constructoras defienden que sus bloques cumplían la normativa vigente en el momento de construcción. Propietarios como Héctor R. lo ponen en duda: su terraza no seguía las normas anteriores a Grenfell. “Hemos llegado a esta situación por la relajación absoluta del Gobierno de Inglaterra durante años en materia de regulaciones e inspecciones. Aquí el constructor se inspecciona a sí mismo… Es el lobo cuidando a las gallinas”, denuncia. El Gobierno ha pedido que el coste de las reformas no se traslade a los propietarios, pero no ha tomado ninguna medida para evitarlo.
En el caso de Boeva, la administración de su edificio asegura que no serán los vecinos quienes paguen las obras, pero tampoco especifica quién lo hará, así que ella desconfía. La normativa en Inglaterra obliga a los administradores a solucionar los problemas de un inmueble, incluso si los propietarios no están de acuerdo, y luego pasarles la factura. Desesperada, el miércoles sacó su piso a subasta. No hubo suerte: “El inmobiliario dice que había un interesado, pero que le dijeron que se mantuviera lejos de los edificios con revestimiento. Es una pesadilla”.
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