La policía alemana traslada desde un helicóptero a uno de los detenidos en la operación antiterrorista, el 7 de diciembre de 2022Michael Probst (AP)
El complot del príncipe Heinrich XIII y sus veteranos correligionarios para dar un golpe de Estado en Alemania puede parecer risible si uno se queda en la superficie. Lo que pretendían ―derrocar un Gobierno democrático― no se correspondía con los medios ni el apoyo con los que contaban. Sin embargo, eso no resta un ápice de peligro a un estrafalario grupo humano formado por un aristócrata, antiguos altos mandos militares y de la policía, una jueza exdiputada del partido ultraderechista Alternativa para Alemania y una serie de profesionales (un cocinero, un tenor, un médico) que tenían en común la creencia en delirantes teorías de la conspiración. Contaban con acceso a armas, sabían usarlas y estaban dispuestos a empuñarlas. Por eso, la desarticulación de esta presunta red terrorista ha vuelto a poner sobre la mesa un problema que Alemania ignoró durante demasiado tiempo: el extremismo de derechas.
Eclipsado durante años por el terrorismo islamista, en 2020, el entonces ministro del Interior, el conservador Horst Seehofer, anunció un cambio de actitud respecto a ese peligro interno. “El extremismo de derechas es la mayor amenaza a la que se enfrenta actualmente nuestro país”, proclamó. Hacía apenas unos meses que un pistolero ultraderechista había asesinado a nueve personas de origen extranjero en Hanau. El atentado más sangriento, pero ni mucho menos el único, a lo que se han sumado una serie de escándalos de infiltración de la ultraderecha en el ejército y la policía. La más llamativa obligó a disolver una de las compañías de una unidad de élite cuyos soldados y mandos habían robado armas y se intercambiaban parafernalia nazi.
“Los extremistas de derechas están justificadamente clasificados como la mayor amenaza porque están dispuestos a utilizar la violencia para conseguir sus objetivos antidemocráticos. Unos pocos bastan para causar grandes daños”, alerta Alexander Yendell, investigador de la Universidad de Leipzig especializado en extrema derecha y autoritarismo. Además, su número está creciendo. La Oficina para la Protección de la Constitución, los servicios secretos internos alemanes, detectaron en 2021 más elementos potencialmente violentos que en 2020 entre los Reichsbürger (ciudadanos del Reich), el movimiento que niega la legitimidad del Estado alemán moderno, al que pertenecían varios de los 25 detenidos esta semana.
Detención de Heinrich XIII en su casa de Fráncfort.DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)
En la Fundación Amadeu Antonio, que lleva el nombre de un trabajador angoleño asesinado por neonazis en 1990, llevan más de una década haciendo seguimiento al entorno de los reichsbürger y han detectado una creciente radicalización. “Se les consideraba gente rara, marginal, que quema pasaportes y no quiere pagar impuestos y pretende vivir en su propio reino. Pero se han subestimado las creencias que les unen: al no aceptar la existencia del Estado alemán, se vuelven muy violentos con los representantes del Estado”, señala su portavoz, Lorenz Blumenthaler. Aunque entonces pasó algo desapercibido, uno de sus miembros asesinó a un policía de las fuerzas especiales (SEK) durante una operación en 2016. El hombre, que se había radicalizado por internet, había comentado en un bar que sabía que le estaban vigilando y que pensaba llevarse por delante “a un par de policías” si iban a buscarle.
Los golpistas liderados por el aristócrata pretendían iniciar una guerra civil antes de Navidad. Pensaban atacar la red energética, asaltar el Bundestag y crear el caos en el país para establecer un “nuevo orden” con un nuevo ejército recién creado. Hablaron de someter a fiscales y jueces a un juicio al que llamaban “Núremberg 2.0″.
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Los expertos coinciden en que Alemania ha subestimado el problema durante demasiado tiempo. Para Blumenthaler, la explicación hay que buscarla, en parte, en la historia, en una “falta de desnazificación” que permitió la supervivencia de comunidades de extrema derecha. Durante años “el problema de la violencia de ultraderecha se minimizó porque sus objetivos eran principalmente las minorías: personas sin hogar, inmigrantes, izquierdistas, judíos o discapacitados”, asegura. Su fundación ha documentado 219 víctimas desde 1990, el año de la reunificación alemana, mientras las cifras oficiales “siguen siendo hoy día significativamente inferiores”, subraya.
Los asesinatos de kebab
El mejor ejemplo son los en su momento bautizados como “asesinatos del kebab”, porque dos de ellos se produjeron en restaurantes de comida rápida turca. Una serie de 10 muertes de inmigrantes sin aclarar se atribuyeron a mafias extranjeras y ajustes de cuentas hasta que la Policía descubrió, años después, que estaba detrás un grupo terrorista neonazi llamado NSU. El jefe de los servicios secretos tuvo que dimitir por los monumentales errores cometidos durante la investigación. Blumenthaler apunta a que ahora que el terrorismo de derechas tiene como objetivo al Estado y a sus representantes “la cuestión ha adquirido un nuevo grado de relevancia política”.
Alemania ha vivido en los últimos años varios atentados sangrientos protagonizados por radicales de derechas. El más reciente es el de Hanau, en 2020, cuando un ultraderechista de ideas “profundamente racistas” mezcladas con teorías conspirativas, disparó indiscriminadamente en dos bares frecuentados por la comunidad turca. En 2019, un neonazi mató a tiros al político Walter Lübcke, un conocido defensor de la política alemana de brazos abiertos con los refugiados. Meses después, otro ultraderechista intentó entrar armado en la sinagoga de Halle y al no conseguirlo mató a dos personas que pasaban por la calle.
Birgit Malsack-Winkemann durante una intervención en el Parlamento alemán el 8 de diciembre de 2020. STRINGER (REUTERS)
La desarticulación de la banda de golpistas también ha aflorado la conexión entre los radicales violentos y Alternativa para Alemania (AfD) un partido legal que entró por primera vez en el Bundestag en 2017 enarbolando las críticas a la política de refugiados alemana tras la crisis migratoria de 2015. Entre los detenidos figura Birgit Malsack-Winkemann, exdiputada de la formación que pretendía ser la ministra de Justicia del nuevo orden resultante del golpe. Pese a que esta legislatura no entró en las listas, Malsack-Winkemann conservaba el permiso para acceder al Bundestag. Pensaba usarlo para introducir a dos docenas de asaltantes armados en el histórico edificio del Reichstag y tomar como rehenes a los diputados.
“Siempre que se detiene a un grupo de extrema derecha aparecen vínculos con AfD o con sus miembros”, señala Blumenthaler. El canciller, Olaf Scholz, aseguró que la presencia de la política entre la lista de arrestados “es obviamente un caso más que notable y de gran gravedad”. Además de la exdiputada, que hasta su detención el miércoles ejercía como jueza en un tribunal de Berlín, está detenido Christian Wendler, que formó parte de una agrupación local de AfD en Sajonia. “Habrá que ver cómo de estrechas son las conexiones y quién más está implicado, pero hay otro problema: la operación ha demostrado que los reichsbürger manejan dinero. Sabemos que hay empresarios ricos que financian a grupos de extrema derecha y será importante vigilar los flujos de dinero”, añade Yendell.
En un país teóricamente vacunado por la historia del siglo XX, la mancha ultraderechista se ha extendido en los últimos años por el ejército y las fuerzas de seguridad. Varios gobiernos regionales han tenido que intervenir al descubrir grupos de chat de funcionarios con mensajes racistas y antisemitas. El año pasado, Defensa tuvo que retirar a un pelotón completo de una misión de la OTAN en Lituania por entonar cánticos antisemitas y dedicar el cumpleaños feliz a Adolf Hitler en una fiesta. Los ejemplos se acumulan. Un informe reciente de la Oficina para la Protección de la Constitución contabiliza más de 300 casos entre julio de 2018 y julio de 2021 de miembros de los cuerpos de seguridad con actitudes ultraderechistas (insultos racistas, gritos de Sieg Heil, el saludo hitleriano con el brazo en alto) o conexiones con los ciudadanos del Reich o partidos neonazis.
La ministra del Interior, Nancy Faeser, lleva tiempo trabajando en un proyecto de ley para expulsar rápidamente a los extremistas de las instituciones. Ahora, los expedientes se alargan de media cuatro años. La macrooperación contra los reichsbürger —con 54 sospechosos en 11 de los 16 Estados federados alemanes, Austria e Italia— ha dado nueva urgencia a ese texto, informa Der Spiegel, que adelanta el borrador del texto, donde se lee: “Los funcionarios cuyo comportamiento contradiga abiertamente los valores básicos de la democracia parlamentaria son inaceptables en la función pública”.
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