Las sospechas de que un pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels en 2016 pudieran violar las leyes de financiación electoral han provocado que Donald Trump sea el primer expresidente que haya quedado imputado en la historia de Estados Unidos. Pero el magnate inmobiliario y actual aspirante republicano a la Casa Blanca en 2024 encara toda una maraña de otras causas, penales y civiles, que pueden complicarle la vida y su candidatura electoral. Varias de ellas tienen ya fecha para su resolución a lo largo de este año.
Las causas que Trump tiene pendientes se centran, especialmente, en sus finanzas; en cuestiones electorales; en la insurrección del 6 de enero de 2021, y en su manejo de documentos confidenciales de propiedad del Estado tras su marcha de la Casa Blanca. Otras demandas civiles incluyen también una acusación de violación.
Documentos clasificados
En agosto del año pasado, agentes del FBI irrumpieron en la residencia de Trump en Florida, Mar-a-Lago, con una orden judicial. Se llevaron 32 cajas con material clasificado de la era presidencial del magnate, incluidos algunos con el sello de “Alto Secreto”. Aquella operación remataba meses de requerimientos a los abogados del político para esclarecer el destino de cientos de documentos oficiales.
La legislación estadounidense obliga a los presidentes y otros altos funcionarios a conservar todos los documentos oficiales de su mandato y a entregarlos a los Archivos Nacionales una vez que dejan el cargo. En el caso de Trump, el magnate dejó por traspasar un copioso alijo. A comienzos del año pasado, sus abogados devolvieron en su nombre quince cajas de material, y en junio una partida más. Entonces, Corcoran comunicó por escrito al Departamento de Justicia que no había mas documentos en poder del expresidente. El registro en Mar-a-Lago dejó claro que no era así.
El Departamento de Justicia nombró a un fiscal especial, Jack Smith, para que investigara el caso y tratara de esclarecer si Trump guardó a propósito todo ese material y si engañó a sus propios abogados cuando estos aseguraron que ya se había devuelto todo.
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La investigación del Departamento de Justicia parece haber avanzado en los últimos días. Una jueza de Washington determinó hace dos semanas que las pruebas encontradas por Smith son lo suficientemente graves como para levantar el principio de confidencialidad entre abogado y cliente. Es algo que la ley de Estados Unidos solo permite en caso de sospecha fundamentada de que esa relación se está utilizando para cometer un delito: en el caso de Trump, sería de obstrucción a la justicia.
Los abogados de Trump apelaron la decisión de la jueza. Pero un tribunal de apelación no la bloqueó. La semana pasada Evan Corcoran, asesor legal del ex presidente, declaró ante un gran jurado.
Causas electorales
El caso que le imputa ahora el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, —el pago a Daniels que efectuó su antiguo abogado y factótum, Michael Cohen— considera que se utilizó de modo indebido dinero de la campaña electoral que nunca llegó a registrarse en las cuentas oficiales, algo que el expresidente disputa.
Pero, además, Trump tiene pendiente otro caso de índole electoral en Georgia. Allí, la fiscal Fani Willis, demócrata, examina si el entonces presidente intentó alterar el resultado de las elecciones de 2020 en ese estado. La investigación tiene su origen en una llamada del entonces presidente al secretario de estado local, el republicano Brad Raffesperger, para que “encontrara” en su territorio los votos suficientes para dar la vuelta a la ventaja de Biden en aquellos comicios. Pero desde entonces se ha ampliado para incluir, entre otras cosas, otras llamadas de Trump y asociados suyos a funcionarios de Georgia tras las elecciones y denuncias sin base sobre fraude electoral hechas a legisladores estatales.
El caso, por el que se ha investigado a un centenar de personas, ha sido presentado a un gran jurado especial. Willis debe decidir ahora si refiere el caso a un gran jurado ordinario para presentar cargos penales; en enero, la fiscal apuntaba que una decisión era “inminente” y que hacer público su informe podría perjudicar a “futuros acusados”.
El asalto al Capitolio
La comisión del Congreso que examinó los sucesos en torno al asalto de una turba al Capitolio el 6 de enero de 2021 concluyó sus audiencias en diciembre pasado tras trazar el dibujo más completo hasta el momento sobre aquellos hechos, el papel de Trump en aquella violencia que se cobró varias víctimas mortales, y los esfuerzos del presidente por cancelar los resultados de las elecciones de 2020 para continuar en el poder.
Aunque esa comisión —disuelta con el comienzo de la nueva sesión legislativa en la que los republicanos controlan la Cámara de Representantes— no puede imputar al expresidente, sí ha recomendado que el Departamento de Justicia lo haga. Por cuatro cargos: conspiración para engañar a Estados Unidos; conspiración para hacer declaraciones falsas; obstrucción de un proceso oficial, e incitación a la insurrección.
El Departamento de Justicia sigue su propia investigación, también al cargo de Jack Smith. El fiscal especial ha citado a declarar a la hija de Trump Ivanka; al marido de ésta, Jared Kushner, y al vicepresidente de la era Trump, Mike Pence. Este último había anunciado que haría caso omiso de la citación; un tribunal acaba de ordenarle que obedezca la instrucción de comparecencia. Por el momento, se desconoce si Smith acabará inculpando al antiguo inquilino de la Casa Blanca.
Justicia investiga sobre todo el mitin de Trump que precedió a los disturbios, donde instó a sus partidarios a “luchar como demonios”. También su actitud, a medias entre la dejadez y la complacencia mientras sus simpatizantes forzaban su entrada en el Capitolio para impedir que el Congreso certificara la victoria electoral de Biden.
Además de la causa penal que podría abrirse contra Trump por aquellos hechos, los demócratas y dos oficiales de policía han presentado demandas civiles contra el expresidente por “incitación” al asalto. El antiguo residente de la Casa Blanca instó entonces a sus partidarios a “luchar como demonios” en el Capitolio y tuiteó su indignación contra Pence por “no tener el coraje para hacer lo que haría falta para proteger nuestro país”. El magnate alega que, como jefe de Estado, gozaba de inmunidad en aquellos momentos.
El entramado financiero de Trump
La fiscal general de Nueva York, Laetitia James, ha desarrollado una investigación de tres años sobre una década de negocios del imperio inmobiliario y de campos de golf del magnate transformado en político. La letrada sostiene que hubo un fraude sistemático: ante los bancos, el empresario inflaba el valor de sus propiedades para conseguir una amplia financiación con las mejores condiciones. Ante el fisco, ese valor se reducía al mínimo creíble para evitar el pago de impuestos.
James reclama la devolución de los cerca de 250 millones de dólares que, según sus cálculos, el imperio de Trump defraudó. Si sus tesis fueran aceptadas por el tribunal, tanto Trump como sus hijos quedarían vetados para volver a gestionar una compañía en el estado de Nueva York. La vista tiene previsto su comienzo el próximo 2 de octubre.
Violación
La columnista Jean Carroll acusa a Trump de violación, difamación, maltrato y angustia emocional. Según la escritora, el empresario la violó en un cuarto de baño de unos grandes almacenes de lujo en Manhattan en los años noventa. El expresidente lo niega, con el argumento de que “no es mi tipo”. También negaba incluso conocerla, aunque una foto de entonces les muestra juntos. Esta demanda civil podría verse en los tribunales el mes próximo.
Además, Catherine McCoy acusa por otro lado a Trump, su empresa y sus hijos de una estafa relacionada con el programa de televisión que el magnate presentaba a comienzos de los años 2000. Esa estafa, sostiene, permitió que el futuro presidente se embolsara 8,8 millones de dólares, mientras ella y otras personas perdían miles. Esta audiencia podría comenzar a finales del año próximo.
Por su parte, Michael Cohen reclamaba a su antiguo jefe 20 millones de dólares en compensación por el tiempo que pasó en la cárcel por mentir al Congreso y por delitos financieros para proteger a Trump. Aunque un tribunal desestimó la demanda, el antiguo abogado había declarado que pensaba apelar.
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