Belchite era un pueblo de Zaragoza de 3.800 habitantes gobernado desde 1933 por el socialista Mariano Castillo Carrasco. El 20 de julio de 1936, dos días después del golpe de Estado del general Franco que se acabó convirtiendo en la Guerra Civil, milicias falangistas lo depusieron. El alcalde Castillo se suicidó para que los sublevados no tomasen represalias contra su esposa y su hijo, lo que no evitó que los fusilaran, al igual que asesinaron a unos 400 civiles inocentes.
En agosto de 1937, las tropas leales a la República tomaron el municipio. Constantino Lafoz, militante falangista, fue detenido, y en los interrogatorios admitió haber fusilado a 50 hombres y cinco mujeres indefensos en los últimos días de julio de 1936. Fue enviado a un campo de concentración republicano, donde murió el 17 de noviembre de 1938, según documentos que alberga el Centro Documental de la Memoria Histórica.
Lafoz, agricultor de 34 años y padre de cuatro hijos, se había afiliado a Falange el mismo día en que los seguidores de José Antonio Primo de Rivera entraron en el pueblo y comenzaron a asesinar a los partidarios de la República. Al ser arrestado, declaró que los crímenes fueron ordenados por falangistas, requetés y miembros de Acción Ciudadana, una milicia antiobrerista. Unas 150 víctimas fueron arrojadas a fosas comunes en el interior del cementerio y otras 250 sepultadas junto a las tapias.
Pedro Corral —periodista, parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid y autor de varios libros sobre la Guerra Civil— ha tratado de reconstruir el caso de Constantino Lafoz. El político popular cree que el falangista, tras ser detenido, fue sometido a un juicio sumarísimo por los tribunales republicanos y condenado a un campo de concentración. “Posiblemente fuese acusado de adhesión a la rebelión militar. Lo que parece claro es que su confesión del crimen debió de agravar su condena. Alguna fuente señala que murió por los malos tratos recibidos durante su paso por el campo de prisioneros”, asevera.
Tras finalizar la contienda, todos los ayuntamientos españoles recibieron la orden de elaborar una “relación de personas residentes en el término municipal que durante la dominación roja fueron muertas violentamente o desaparecidas y que se cree fueron asesinadas [por los republicanos]”. En esos listados elaborados por los municipios se indicaba el nombre del fallecido, su filiación política, la edad, la profesión y si se había encontrado su cadáver.
En el caso de Lafoz, se señala que se desconocía dónde estaba su cuerpo. Curiosamente, no se indica que era miembro de la Falange, a pesar de que así lo manifestó él cuando fue detenido por los republicanos en 1937.
Aunque, de momento, no se han hallado los documentos judiciales que condujeron a Lafoz al campo de concentración, Corral sí ha encontrado uno de los sumarios que condenaron a muerte o a prisión a 23 presos franquistas detenidos en Belchite en 1937 tras la durísima batalla que destruyó el municipio completamente. En él, el Tribunal Popular del Juzgado número 2 de Caspe abría “sumario por los hechos declarados y que se declaren, respecto a la actuación de los elementos fascistas sublevados en el pueblo de Belchite, de la oposición armada que los mismos hayan hecho a las fuerzas del Gobierno legítimo de la República”.
Uno de los acusados en ese proceso fue Gabriel Julián Artigas, el enterrador municipal de Belchite, que admitió haber dado sepultura [tirados a una fosa común, algunos de ellos con los pies y las manos atadas] “a 157 personas” en el cementerio local y que habían sido fusiladas en las tapias del camposanto. Por el trabajo, recibió una compensación de 75 pesetas. Artigas, de 58 años, declaró también votar “a las derechas”, lo que no jugó a su favor. Finalmente, con estos argumentos y las pruebas reunidas, fue condenado por el tribunal popular a 14 años de prisión “por auxilio a los rebeldes”. Fue, sin embargo, de los más afortunados, porque la mayoría de los acusados fueron condenados a muerte. Entre sus nombres, no aparece el de Lafoz. En 1948, el Gobierno de Franco concedió una pensión de orfandad a los hijos de Lafoz al haber contraído matrimonio su viuda con otro hombre. Las ayudas se mantendrían hasta que los vástagos cumplieran 23 años. Los hijos de los enterrados en las fosas comunes no recibieron nada.
Corral, además, ha localizado en el Archivo Histórico Nacional el documento municipal, ya de la época franquista, donde se dan más detalles de la muerte del falangista, al igual que de otros vecinos de derechas de Belchite. Pero “como muchos fueron asesinados por las hordas marxistas después de hacer prisioneros cuando fue ocupada esta villa [en 1937], no ha sido posible localizar [todos] los nombres de las personas que pudieran participar en este crimen”, se señala en el documento municipal. No se hace, en cambio, ninguna referencia a los 400 civiles republicanos asesinados por los golpistas y cuyos cuerpos han comenzado a ser exhumados ahora en una fosa común de Belchite gracias al proyecto de Memoria Democrática, financiado por el Ministerio de Presidencia, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y el Gobierno de Aragón.
Tomás Quintín participó en agosto de 1937, con 14 años, en la batalla de Belchite, enrolado en las centurias anarquistas de Ascaso. En 1999 relató a Corral para la revista Blanco y Negro lo que vio en la carretera que unía Mediana y Belchite, municipios distantes diez kilómetros: unos 80 cuerpos en las cunetas, hombres y mujeres indistintamente, que parecían esperar sentados, asesinados por los falangistas. “Parecía gente dormida, con el sombrero puesto y todo. Yo venía por la carretera de Zaragoza acarreando haces de trigo para la era. Iba conmigo un agostero que trabajaba para mi padre. Pascual, le dije, mira esos que duermen. Esos no se despertarán jamás, me respondió”.
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